El gobierno del Frente de Todos fue, como quizás ninguno en la historia argentina, acuciado por el fenómeno de la crisis, la que se presenta bajo dos formas que se sobreponen y potencian afectando a la sociedad en su conjunto. Una conocida: la crisis multifacética que dejara el gobierno de Cambiemos; la otra, violentamente sorpresiva, la que genera el Covid-19.
La crisis puede entenderse como un fenómeno configurado por procesos que interpelan las reglas económicas y políticas prevalecientes. Actores con diversas orientaciones, desde diversas escalas y espacios y a partir de variadas herramientas, desestabilizan las instituciones, ponen en duda los discursos que establecen aquello que debe considerarse verdadero. La crisis pone en cuestión la hegemonía política en el gobierno de una sociedad, desplaza los poderes que sostienen un estado de cosas, a la vez que emergen nuevas correlaciones de poder. Se crean y/o profundizan de este modo condiciones para el desarrollo de prácticas transformativas que responden a ciertos valores o intereses.
Es ello lo que el coronavirus ha venido a plantear a nivel global, en tanto, salvo excepciones, la mayoría de los países son gobernados por partidos o coaliciones de centroderecha o de derecha, como consecuencia de la crisis del 2008. Para el caso argentino, la situación que se plantea es en buena medida una singularidad respecto a lo que ocurre a nivel global, en tanto el Covid-19 viene a profundizar una tendencia al deterioro de la hegemonía política neoliberal que con discontinuidad caracteriza a la democracia argentina.
En sus primeros meses, el actual Gobierno venía batallando sobre la cuestión económica. Ante la desmesura de la deuda legada, se había logrado que el FMI aceptara postergar por un trienio los pagos y que solicitara a los tenedores de bonos mejores condiciones de cancelación. Sin embargo, el Fondo no olvidaba en tales momentos una exigencia básica a la reproducción de los poderes que representa: el equilibrio fiscal. Dada la estanflación heredada (inflación más estancamiento económico), tal condición limitaba la potencia de una política de reactivación con base en el mercado interno. En tal marco el Gobierno asume la pandemia, poniendo en el centro la cuestión de la salud pública, dando prioridad a aquellas franjas sociales en situación de vulnerabilidad. La estrategia se nutre de la experiencia de otros países, pero también del maltratado sistema de salud argentino y de las sociedades científicas. Ello condujo a un consenso en torno a la estrategia del aislamiento social, vía coherente con la necesidad de generar condiciones adecuadas para la atención sanitaria.
Pero la agudización de esta segunda crisis”, viene a replantear drásticamente el límite impuesto por el FMI, en tanto la cuarentena no puede mantenerse sin una decidida presencia en la vida económica por parte del Estado. Ello contesta la máxima neoliberal, que Macri expresara afirmando no hay peor virus que el populismo”. En otros términos, la rehabilitación del Estado que se venía poniendo en marcha se generaliza a nivel global para dar combate a un Covid-19 que venía a desestabilizar todas las verdades del neoliberalismo. Tanto el FMI como el Banco Mundial han fogoneado esta estrategia, abriendo posibilidades de financiamiento y solicitando a los acreedores la cancelación de las deudas de los países más pobres.
Si las crisis tienden a un replanteo de la hegemonía política, también es cierto que los poderes fácticos, aquellos ligados a los grandes conglomerados económicos y mediáticos (y constructores de la hegemonía puesta en cuestión) parecieran estar poco afectados en su poder de fuego: asistimos en estos días a una escalada discursiva y material que comienza con la queja canalizada por los medios monopólicos en torno al daño que el aislamiento obligatorio (#QuedateEnCasa) causa a la economía, campaña de la que se hace parte el despido por parte de Techint de 1.450 trabajadores, algo que es luego negociado en la conciliación obligatoria llamada por el Ministerio de Trabajo, y respondida por el Gobierno mediante un DNU que suspende los despidos sin causa, a la vez que apoya la hechura de un proyecto de ley que grava a las grandes fortunas.
La decisión de Techint, tomada en medio de la incertidumbre y angustia que esta doble crisis provoca, sólo puede ser entendida como expresión de la perversidad de un poder económico que prioriza sus estrechos intereses por sobre la salud pública.
Este incidente nos indica que hablar de Estado y de políticas estatales es hablar de poder. El Gobierno esgrime frente a tal exhibición de fuerzas el creciente apoyo que la sociedad le otorga; sus políticas han logrado articular a sectores históricamente comprometidos con una economía redistributiva, un conjunto de movimientos sociales que con una fuerte capacidad de movilización constituyen una reserva política de magnitud.
Las políticas en curso no tratan de ignorar los disensos, sino de considerar que se está frente a adversarios con los cuales debería ser posible entablar una relación dialógica. La estrategia gubernamental pareciera insistir en dicha vía, plagada de obstáculos pero legítima frente al convencimiento extendido según el cual el coronavirus viene a provocar un replanteo que alcanza los parámetros más duros de la racionalidad de un capitalismo, cuya continuidad requiere echar mano a un trágico abanico de disvalores: el racismo, el patriarcado, la destrucción de la naturaleza, la violencia institucional, la extracción de súper ganancias. Los casos de Brasil, Bolivia, Chile, Haití, Estados Unidos, no dejan lugar a dudas.
El riesgo es pues que lo que se intenta fracase, que toda aspiración a una sociedad más igualitaria y democrática se derrumbe, que la lógica del poder por el poder mismo vuelva en su enloquecida carrera a monopolizar las relaciones políticas, que, parafraseando la poesía de un conocido rock que nos habla del amor, debamos aceptar su contrario: que el poder es más fuerte…”.
