Afirman algunos que la catástrofe Covid-19 es una oportunidad. Dentro o fuera del país, voceros de siempre imaginan un día después de la pandemia” que puede ser inicio de un mundo mejor. Agitando tal tesitura, los sectores conservadores plantean sus próximos pasos procurando capitalizar gradualmente el descontento social, como ocurrió cuando gobernaba Cristina Fernández (tras la manifestación de noviembre de 2013): intentando rearmar, desde la queja, la heterogénea adhesión aglutinada en 2015.
Para convocar son importantes las redes; manifestaciones en fechas patrias, que permiten izar la enseña nacional por sobre otras banderías, y la entronización de un argentinismo” compatible con su visión del país. Acabamos de verlo en este 9 de Julio. Pero las motivaciones que hoy dominan la protesta nacional no son las mismas que hace algunos años. Los temores frente al detenimiento de la economía (preocupación principal de quienes votaron a Juntos por el Cambio, según la mayoría de las encuestas), o el cierre transitorio, por la cuarentena, de establecimientos o actividades confluyen con planteos más mediados por la política, relativos a la actuación de la Justicia, y a la situación de personas públicas respecto de hechos que por aquella se ventilan. Con dificultades para articular una agenda propia, la oposición busca en estas protestas un sebo, para volver a captar (y a encender) las corrientes de malestar.
El presidente Alberto Fernández acusó recibo de este posicionamiento opositor (que incluyó apariciones públicas de Mauricio Macri) ofreciendo a los gobernadores una nueva agenda. Será un dominó que parte del arreglo de la deuda, que para algunos está cercano (aunque las negociaciones son confidenciales, y los comentarios indefectiblemente parciales). Requiriendo a las provincias el acompañamiento en el Congreso para materias sensibles: impuestos, gasto público y el complejo sector previsional, donde, sin perjuicio de los métodos de cálculo que se empleen, hay que ordenar los más de 260 regímenes jubilatorios con que hoy cuenta la Argentina.
La compensación pasará por el mantenimiento del IFE en todo el país, incluyendo -a último momento- también a Córdoba. Se trabajará regionalmente en beneficios fiscales (reducción de cargas patronales, arancelamiento de exportaciones e importaciones, etc.) Además, en medidas estímulo para apuntalar la iniciativa privada (rescate de empresas por diversas vías, para sostener empleos y emprendimientos). Pero este paquete supone ajuste y reordenamiento en el gasto. Se percibe que estipendios cada más importantes al alicaído mercado privado pondrán a los empleados y jubilados estatales en el centro de la escena, anunciándose mayores compromisos (reformas horarias, rediscusión de la estabilidad, presión impositiva más intensa respecto de los privados, más años de aportes para alcanzar la jubilación, entre otras dolorosas y poco populistas medidas). En otro ámbito, los pesados costos impositivos provinciales o municipales (ingresos brutos para las primeras, diversas sobretasas para las segundas) se pondrán sobre la mesa.
Con una nueva chance para el albertismo se retomó la conformación del Consejo Económico y Social. Los memoriosos se entusiasman con equipararlo a aquel Consejo Nacional de Posguerra, que constituyó Perón entre 1944 y 1946 (base para numerosos programas de su Presidencia); otros, con el Consejo de Estado que el anciano líder justicialista alentó al retornar en 1973. En tiempos tan distintos, probablemente no sea ni una cosa ni la otra, y habrá que ver si el Consejo logra articular políticas sin sobreponerse con el fragmentado equipo de gobierno nacional (más de 20 carteras), e integrando a las provincias. Paralelamente, hay expectativa en una futura reforma que pueda superar las mañas que afectan al Poder Judicial de la Nación: politización y privilegios que dañan su honorabilidad. Por ley se creará un marco para debatir proyectos, con fecha cierta. Será esencial la determinación del equipo a cargo para consolidar la convicción de que se está frente a un cambio y no a más cosmética.
Estas propuestas se conversan mientras la deuda aún sigue insoluble, la emisión ya no soporta más forzamiento y la pobreza superó el 45% y la indigencia el 30%. En un clima interno difícil para el oficialismo, que aún sigue tensionado por innegables diferencias que suelen proyectarse sobre las provincias. En ese sentido, sorprendió el reproche de medios y fiscales cordobeses para Martín Gill, viceministro de Obras Públicas de la Nación, enfermo de coronavirus. De estilo moderado, respetado como gestor, el hombre parece tener justificado su traslado periódico al domicilio de residencia (Villa María), la realización de un hisopado negativo antes de viajar el pasado fin de semana, y el carácter no sintomático de su reciente contagio. De allí que una voz importante en Nación habría advertido al Ejecutivo provincial sobre la importancia de no cruzar ciertas líneas de agravios por tonterías. En tanto, solo el oficio de las dos principales espadas justicialistas en la Legislatura local permitió, no sin pagar costos, sacar adelante (con profundas modificaciones frente al escueto proyecto original) una ley que impone gravosas multas a quienes vulneren protocolos del COE. ¿No existen ya otros esquemas legislativos que encuadran tales incumplimientos? ¿Acaso los que pretendieron imponerle a Gill?
Volviendo al dilema inicial, todo indica que no habrá oportunidades al fin de una etapa, sino necesidad imperiosa de ir ajustando objetivos, mientras transcurre el drama. Sin grandes ideas por el momento, quizá no equivocarnos tanto sea la mejor -aunque no siempre utilizada- alternativa.
