La eficacia de la política, el marketing y la gestión para conducir grupos sociales es diversa en el corto, mediano y largo plazo. La política, con su racionalidad acotada, genera impulsos en el corto plazo; el marketing –o la comunicación política- puede sostenerlos basándose en una racionalidad afectiva; y la gestión –o mejor: los sistemas de información para la toma de decisiones- operan en el largo plazo. Una combinación de ellas puede constituir un plan estratégico, que no se identifica aún en el gobierno nacional.
La anunciada expropiación de Vicentín fue una decisión política poco analizada en lo jurídico y social, pero menos aún preparada en la comunicación social y discordante con modelos y sistemas de gestión. Por lo cual fracasó, a pesar de la evidente actitud fraudulenta de sus directivos en que se fundaba. En la pandemia, las decisiones respecto de la cuarentena fueron respaldadas por acuerdos con provincias y municipios –propios y opositores- y por una intensa actividad de comunicación pública, basada en la defensa de la vida, al margen de las críticas opositoras de quienes no tienen responsabilidades de gobierno que aplican el teorema de Baglini”. Los errores y carencias de ambas, estuvieron en la gestión, en la distribución de alimentos o en las ayudas a los sectores afectados –Alimentar, IFE, ATP- que se vieron demorados y con problemas de implementación que se han ido minimizando, pero sobreviven.
Con la deuda, la decisión política de renegociarla de manera sostenible para la Nación fue clara, y respaldada por el FMI, G20, personalidades mundiales, gobernadores y sectores opositores, que hoy se ratifican con la propuesta presentada, manteniendo un buen nivel de información pública, dentro de las restricciones de confidencialidad de estas negociaciones. El resultado, si bien es incierto, es favorable a la aceptación, mientras tanto el Gobierno está desarrollando una casi invisible implantación de sistemas que controlen las variables que harán viable el cumplimiento de obligaciones (por ejemplo, limita el laizzes faire” de exportadores, que bajo el gobierno anterior podían subfacturar exportaciones, afectando la recaudación por retenciones y el impuesto a las ganancias, tanto por precios de transferencia –a empresas vinculadas-, como por la simple subestimación –contrabando- de los volúmenes exportados). Hoy se está implantando un sistema de información a empresas multinacionales respecto del precio de transferencia a sus empresas vinculadas, y estudios de métodos de control de volúmenes exportados de bienes a granel (granos, minerales, fluidos, etc.). También la restricción a la compra de divisas para atesoramiento, y las restricciones para acceder a beneficios fiscales a empresas que distribuyan dividendos, operen en el mercado electrónico de pagos (MEP) o de contado con liquidación (CCL), que es una forma de fuga de divisas.
En la post pandemia deberán implementarse sistemas de información, no solo del Estado (AFIP, UIF, BCRA), sino también a la sociedad y a los grupos de interés que se ven afectados (proveedores, trabajadores, comunidades locales, clientes), como condición necesaria de políticas de promoción, imponiendo el uso de instrumentos de reporte que se están generalizando en gran parte del mundo desarrollado y en las empresas más sólidas.
Los gobiernos kirchneristas basaban su administración en la política, pero con una comunicación en cadenas nacionales; Macri, lo hizo desde el marketing y la comunicación, despreciando la política y estableciendo una práctica de no gestión” del Estado, y aunque tuvo el apoyo de grandes medios, no logró sobrevivir a la jugada de CFK al elegir a Alberto Fernández para continuarla. Es de esperar que, de aquellos aprendizajes, el actual Gobierno incorpore las regulaciones basadas en el control estatal y social de los agentes económicos, aprovechando la inexorable marcha del dinero virtual y, por tanto, la posibilidad de reducir la evasión, en un plan orientado a la sostenibilidad.
En la post pandemia habrá que esperar una reforma judicial, basada no en la confrontación con funcionarios judiciales que han pendulado en los sucesivos oficialismos, sino reasignando juzgados, generalizando la reforma de los procedimientos penales, introduciendo mecanismos de evaluación del desempeño; también una reforma tributaria, que lleve a un sistema más eficaz, simple y justo, orientado a la promoción del desarrollo sostenible, que podría no solo hacer sostenible la deuda sino también el desarrollo socioeconómico, ambiental y político. Y aún otras reformas, como los sistemas de compras y contrataciones del Estado, que los haga más transparentes, abiertos y menos condicionados a la arbitrariedad de los funcionarios; la implementación completa de la ley de lealtad comercial (22.802) y la de defensa de la competencia (25.156), incluyendo el tribunal de defensa de la competencia, no creado aún, después de 21 años de vigencia. Y la reforma política, que haga visibles los aportes a partidos, y la reforma de las organizaciones sociales (sindicales, religiosas, deportivas), en las que se sospecha se ocultan gestiones opacas.
La pandemia ha demostrado que la información precisa, las estadísticas verificables, las gestiones que incluyen prioridades consensuadas y el control social de sistemas y comportamientos es el modo más eficaz de gobernar. Por supuesto que, en un país federal y con muchas provincias con autonomía municipal, estos cambios debieran ser aceptados de forma generalizada por esos Estados. Así, los fanáticos de la política y el marketing no podrán gobernarnos sin incluirnos, y las costumbres burocráticas no podrán torcer la voluntad popular ni malversar los bienes públicos, que nos pertenecen a todos.