Sr. Director:
Se dice que el mejor aprendizaje es nuestra propia experiencia. Nuestra familia poseía un campo en Yacanto de Calamuchita, de 15 hectáreas. Con pinares de 40 años, maderables (se plantaron en 1973, por promoción con exención impositiva); dos cabañas, más la casa del empleado. En octubre de 2005 se producen en la zona grandes incendios, con dos muertos (los hermanos Clérico), y cuantiosos daños materiales. En dicha oportunidad, nuestras instalaciones se salvaron por una oportuna rotación de los fuertes vientos. A raíz de lo acontecido, nos reunimos vecinos y autoridades, resolviéndose establecer puestos de vigilancia para atacar anticipadamente los siniestros en sus comienzos.
Aprendimos que estos eventos son como ciertos cánceres: si se actúa con una detección temprana, hay chances de éxito, y, si no, veamos lo que ocurre en países como Estados Unidos, España, Australia, que poseen tecnología de avanzada, y solo logran sofocar el fuego cuando todo se ha consumido.
En el mismo año de 2005, el entonces gobernador José Manuel de la Sota implementó el impuesto al fuego, para reforzar el equipamiento de los bomberos; tiempo después se eliminaron los puestos de vigía, y del 7 al 9 de septiembre 2013, se produjeron pavorosos incendios que arrasaron casas de familia, cabañas y gran cantidad de hermosos pinares.
En nuestro caso, las pérdidas fueron totales, y aprendimos que estábamos solos frente a la tragedia.
El gobierno provincial montó en el pueblo una gran carpa, para coordinar ayuda con Daniel Passerini, que en aquella oportunidad era ministro de Desarrollo Social.
A efectos de solicitar ayuda, deambulamos por la Agencia Córdoba Turismo; Fundación del Banco de Córdoba; Municipalidad de Yacanto; ministerio provincial de Agricultura; y solo recibimos, de este último, una exención por un año del impuesto inmobiliario rural.
A raíz de lo ocurrido, me formulo una serie de inquietantes preguntas: ¿por qué los incendios, que son un triste y repetido evento anual, se adelantan” en el tiempo (20/10/2005; 9/9/2013; segunda quincena de agosto de 2020), cubriendo no solo sectores, sino todo el territorio provincial? ¿Por qué no hay gente detenida y procesada (salvo, a mi entender, perejiles”) por estas situaciones en su mayoría provocadas? ¿Por qué se sigue discutiendo sobre la tan mentada ley de ordenamiento territorial (zonas rojas, amarillas y verdes)? Demasiadas dudas, es para pensar, ¿verdad?
Lo saludo cordialmente, Ing. Carlos Edgardo Kessler
