Fruto de un mundo comunicado en tiempo real, el contexto regional, lejos de ser algo externo, resulta también de la acción de aquellos espacios locales a los que afecta, constituye una referencia co-construida que toca todos los espacios de la vida social.
Así, el contexto latinoamericano interacciona con el derrotero del gobierno de Alberto Fernández a través del Grupo de Puebla, instancia que reúne a corrientes progresistas. Aquella creación adquiría un carácter que se ajustaba a los efectos del law fare”: Zelaya, Lugo, Rafael Correa, Lula Da Silva, Evo Morales, presidentes elegidos por el voto ciudadano, fueron blanco de un Plan Cóndor renovado con la complicidad de los poderes fácticos. El Grupo de Puebla constituía, así, un canal a las aspiraciones transformativas autoritariamente segadas, y también un testimonio de su continuidad.
El 15 de octubre pasado, el Gobierno recibió, a instancias de dicho Grupo, el decidido respaldo de seis ex presidentes y varios ex cancilleres, funcionarios de organismos y líderes políticos de la región. Alberto Fernández señaló a sus interlocutores: Nosotros nunca participamos del Grupo de Lima, nunca fuimos a ninguna reunión y nunca firmamos un documento”. Remarco así su compromiso con la calidad de vida de nuestros pueblos”, abogando por asegurar la plena vigencia de la democracia y la profundización de la integración en la región.
También las marchas del 17 de octubre vinieron a significar un fuerte apoyo (esta vez interno) al Gobierno; seguramente a nadie escapaba en ese momento la crucial agenda latinoamericana y americana que se presenta en el corto plazo. El primer evento de esa agenda ha tenido un resultado contundente: el holgado triunfo en primera vuelta del MAS en las elecciones bolivianas, seguido por otro triunfo rotundo, el del plebiscito por la reforma constitucional en Chile, exigido por un masivo proceso de luchas brutalmente reprimido, da vuelta definitiva a la página pinochetista en la política chilena. Se aspira nada más ni nada menos que a transformar una constitución que, aprobada de manera fraudulenta, fue concebida por el jurista Jaime Guzmán desde la óptica de un constitucionalismo como «restricción» de la democracia, óptica que para Gargarella se materializa en los modos en que concentra el poder en el Ejecutivo como por la forma jerárquica y verticalista en que diseña el Poder Judicial; también por el centralismo que mantiene, además del insólito lugar que les sigue reservando a las Fuerzas Armadas”. La nueva asamblea constituyente estará integrada democráticamente por miembros elegidos por el voto popular. Para el 21 de noviembre de 2021 están fijadas las elecciones generales en Chile: nada hace pensar que las mismas se realicen en otro marco que no sea el del descrédito del otrora exitoso modelo de neoliberalismo mas coerción violenta, del que Piñera representa su deslegitimada continuidad.
2020 cerrará asimismo con dos eventos cruciales: las elecciones en EEUU en noviembre, y las elecciones parlamentarias en Venezuela en diciembre. Ambos eventos tendrán consecuencias en Latinoamérica. Las ventajas que las encuestas del demócrata Biden, producto de un descrédito de Trump asociado a su racismo, xenofobia y prepotente auto referencialidad; al tiempo que, en Venezuela, la ruptura de la posición abstencionista que mantenía unida a la oposición daría por tierra con la estrategia de deslegitimar las elecciones. Finalmente, el régimen de Bolsonaro, aliado principal de la estrategia de los EEUU en la región, deberá revalidar su vigencia política entre el 15 y el 29 de noviembre en las elecciones donde se elegirán alcaldes y concejales en 5.569 municipios. Un breve repaso por esta agenda muestra que la criticidad de la misma, más allá de la presencia de la pandemia, tiene en la tendencia del neoliberalismo a ejercer una posición supremacista en relación con el mundo que habita, concepción que genera una ausencia de reconocimiento del otro que toma rasgos fundamentalistas, que niega toda demanda y desconoce derechos conquistados, derivando frecuentemente en el uso de la violencia en todas sus formas. Se trata, así, de una extensión del fundamentalismo de mercado al campo de las relaciones políticas y sociales, extensión que entendemos constituye una estrategia política frente a las crecientes resistencias populares que enfrenta.
La conjetura sobre un horizonte de cambio en el rumbo en la política latinoamericana estaría más próxima de lo que se preveía antes del histórico triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia; el gobierno argentino ha logrado ubicar a nuestro país en una posición favorable a tal horizonte. Ello puede entenderse como una coyuntura que ofrece oportunidades al avance del programa de Alberto Fernández; para poner esta presunción en concreto, dos casos de políticas estatales podrían graficarlo: la ley del aborto y la ley de contribución de las grandes fortunas, ambos debates con amplio apoyo social. En el caso del proyecto de aporte solidario de las 12.000 mayores fortunas argentinas, un estudio de setiembre mostraba que el 64% de los consultados estaba de acuerdo. Como toda iniciativa que lleva a modificar posiciones cristalizadas de poder -como fuera el caso de Vicentín- se generan prontas y belicosas respuestas. Esto es, donde hay poder hay resistencias, y ello lleva al campo de relaciones cuya transformación incita a una acción que debe ser estratégica. Es en este sentido que cabe preguntarse si el contexto actual -que muestra una afirmación de los apoyos internos, a la vez que una perspectiva favorable al avance de una democracia ampliatoria de los derechos a nivel latinoamericano- no configuraría un espacio propicio a una acción afirmativa de los derechos sociales por parte del Gobierno. Este es el momento.