Cabe insistir: 2020 ha sido el año de la incertidumbre: la gran crisis heredada del período 2015-2019 y la sanitaria sin precedentes del Covid-19; ambos fenómenos se potenciaron, generando una compleja coyuntura frente a la cual parecía no haber respuesta, generando una situación de incertidumbre inédita desde la recuperación de la democracia. Frente a ello, juzgamos que el gobierno nacional adopta una estrategia acertada: el #QuedateEnCasa que acompaño al aislamiento obligatorio inicial significó asociar a los probables afectados con el combate al virus. De otro modo, el virus se expande si no aceptamos que somos nosotros los que lo trasmitimos. Hacernos cargo de la lucha contra el riesgo del contagio fue sin duda una respuesta de avanzada, en tanto si algo caracteriza a las cuestiones sociales de la actual fase de nuestras sociedades, es que nuestras prácticas contribuyen a la reproducción o, por el contrario, a una transformación superadora de los problemas sociales.
Si pensamos, por ejemplo, en la cuestión del aborto, todo comienza con un proceso reflexivo que entrelaza cambios subjetivos con un potente accionar de alcance colectivo. Se enhebra una amplia demanda social que politiza la cuestión, conduciendo a la acción a un gobierno que no solo impulsa su despenalización, sino que trabaja en su efectivización. La aprobación a las 4:40 de la madrugada del penúltimo día del año de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo constituye un hecho histórico, que marcará la vida de toda una generación de jóvenes que se empoderan haciendo de la demanda una exigencia feminista inscripta en el campo de los derechos humanos. Una ley que revierte el tutelaje punitivo del Estado y establece el derecho a la autónoma decisión de las mujeres, que pone la atención de los casos bajo la responsabilidad de los programas de salud haciendo de la igualdad un criterio posibilitante del derecho sancionado, que destruye el negocio muchas veces fatal del aborto clandestino. Se trata pues de pensar y actuar la democracia más allá de sus límites institucionales, porque es desde tal reconocimiento desde donde podrá transformarse y así transformar las instituciones estatales.
El 2020 se fue y pareciera que avanzamos sobre el tratamiento de algunos otros de sus signos más críticos. El mismo día en que el Senado sancionaba el aborto legal, la Cámara de Diputados dio aprobación a una nueva forma de actualización de haberes jubilatorios y de planes sociales que alcanzará a 17 millones de personas. El incremento de los haberes pareciera estar atada al crecimiento económico.
El inicio del Plan Nacional de vacunación traerá otro inmenso avance sobre la incertidumbre que nos acecha, tendremos una certeza que emerge del avance de la ciencia y que más allá de los fines comerciales que están detrás de buena parte de los laboratorios, permitirá que podamos, como en otros virus, apelar a una herramienta eficaz en la conservación de nuestra salud.
La política de tratamiento del Covid-19 excedió largamente a aquella de corte sanitario, para incursionar en el sostén de la demanda económica vía el Ingreso Federal de Emergencia (IFE). Por otro lado, y con el objetivo adicional de la continuidad de las pequeñas y medianas empresas, se aplicó el programa de Atención al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a financiar el pago de los salarios de empresas con problemas financieros. Estas políticas fueron acompañadas por diversos aplazamientos y/o deducciones en el pago de impuestos, tasas y créditos, así como por distintos financiamientos. Si bien ambos programas están en proceso de ser reemplazados, su aplicación hasta el mes de setiembre ha dado aliento a una inicial reactivación económica, que se expresa en diversos rubros y que alienta una expectativa de continuidad para el corriente año. Ello se asienta en buena medida en el acuerdo con el FMI, que aplaza pagos hasta 2025, y en acciones como la contribución extraordinaria de las grandes fortunas sancionada por el Congreso Nacional.
No obstante, el fin de la pandemia no pareciera producir los profundos cambios que han sido pronosticados, como tampoco un agravamiento de la crisis actual que otros proyectan. Creemos que el itinerario futuro será fruto en un contexto de disputa por la hegemonía global, que se desarrollará principalmente en el escenario de las sociedades. La primacía retomada por el Estado frente a la crisis será seguramente un eje de tales procesos, confirmando que no hay ni habrá desarrollo en un marco de avance de los derechos sin la participación regulatoria de las instituciones estatales, pero tampoco sin un creciente activismo de los nuevos movimientos sociales.
Profesor del Doctorado en Administración y Política Pública, UNC.