De buenas a primera nos surgen estas dos preguntas: ¿otra vez conflicto con el campo?, ¿otra vez sepa? Aunque, un paso más dentro del problema nos permite ver las diferencias.
Su solución requiere un análisis de las motivaciones, intereses y objetivos que persiguen las partes, y quizás seguir dialogando con cada una, aunque sea hasta el hartazgo, con los sectores que debieran apoyar las medidas.
La medida del Gobierno que prohíbía la presentación de declaraciones juradas de exportación de maíz (las emitidas se siguieron ejecutando) busca preservar la disponibilidad del grano para producir leche, carne bovina, porcina, aviar, huevos, etc., en un marco de soberanía alimentaria. Ni siquiera bajar su precio en un mercado internacional que bate récords en su cotización.
Un objetivo menor, que solo afecta al 11% de la producción y por poco tiempo, que no busca recaudación, ni reducir su precio interno (que, por cierto, sigue subiendo a pesar de todos los reclamos).
Quizás por eso existen varios motivos para comprender las diversas reacciones de las entidades de la denominada Mesa de Enlace”, y del complejo agroindustrial. Por ejemplo, CONINAGRO se plegó al rechazo del intento de estatizar Vicentin, pero está pagando aquella decisión con los 90 millones de dólares que les debe a las cooperativas –y una parte de lo que le deben a productores individuales-y no lo hará, en este caso, por la falta de disponibilidad de maíz para sus productores cárnicos, lecheros y aviares.
Igual situación objetiva tiene la Federación Agraria Argentina (FAA) con agricultores federados, pero su reacción es la opuesta, quizás atemorizada ahora su dirigencia por sus miembros más exaltados, luego de que el Gobierno les reintegrara retenciones a los productores más pequeños y alejados de los puertos, como solicitaban.
Las cadenas agroalimentarias todavía sostengan el temor de años anteriores, en donde, por motivos electorales se restringieron otras exportaciones (carne, cerdo, etc.) y por eso consintieron el paro, aunque el documento enviado al Presidente de la Nación fue firmado por el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires –José Carlos Martins- que, obviamente, no los representa.
Por el contrario, pareciera más una representación política de sectores tradicionalmente enfrentados al gobierno nacional, o de exportadores de granos que esperaban aprovechar el incremento de sus precios internacionales, actuando por la fuerza de los hechos consumados en una organización asamblearia y diversa de reciente creación.
Así, la política exitosa de Sun Tzu de ganar y después declarar la guerra, que ya comentamos en esta columna, indicaría que el Gobierno debería negociar individual o colectivamente con toda la cadena, exponiendo las contradicciones sectoriales, de modo de lograr el objetivo de abastecer la demanda local. Demanda que deberá seguir por otros insumos y bienes finales, para regular los precios internos con las urgencias de un año electoral pero que debiera ser un objetivo permanente.
No obstante, quedará la duda si se es eficaz en el mediano y largo plazo, mientras no se arbitre la cuestión de fondo, que es la concentración de la producción y distribución, que persiguen la maximización de sus resultados financieros por mayores precios y no por volumen, a costa de la reducción del consumo de alimentos por parte de la población argentina.
