El oficialismo ha cometido varios errores no forzados: desde la fallida expropiación de Vicentin y el malogrado velatorio de Maradona, hasta los apresurados anuncios sobre el plan de vacunación. Sin embargo, las encuestas muestran que la imagen positiva del Presidente y la aprobación de su gestión rondan el 50%. Nada mal, en medio de la peor pandemia de la era global y habiendo heredado un país en default, con dos años consecutivos de recesión y una inflación récord. Paradojalmente, el errante desempeño de una oposición contrariada y contradictoria, lo ha ayudado.
Es una perogrullada, pero muchos no lo entienden: Alberto Fernández preside el primer gobierno de coalición. De la Rúa y Chacho” Álvarez, y Macri y Michetti, fueron simples alianzas electorales. Aquella con la UCR a la cabeza y esta con los radicales a la cola. Por tanto, la Democracia argentina vive una primera experiencia que, además, es una coalición de diversas vertientes del Justicialismo.
No es la primera vez que gobiernan, claro. Ya lo habían hecho con el mismo Juan Perón; con Isabelita; con Menem; con Adolfo Rodríguez Saá; con Eduardo Duhalde; con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Pero, eso sí, es la primera vez que gobierna una coalición de fuerzas oriundas del justicialismo: el partido Unidad Ciudadana, de la Vicepresidenta de la Nación; el Frente Renovador, del presidente de la Cámara de Diputados, y el Partido Justicialista – PJ, con todos sus gobernadores provinciales.
A ese poder tripartito hay que agregar dos grupos de actores sociales que también son parte del Frente de Todos. Por una parte, el sindicalismo y sus diversas vertientes, desde Ernesto Daer a Hugo y Pablo Moyano. Por la otra, las organizaciones sociales de base, desde Emilio Pérsico y Chino” Navarro a Juan Grabois. Tanto aquel como estas tienen sus propias agendas y, si bien apoyan la gestión, representan demandas sectoriales que son específicas y, muchas veces, están en contraposición con los intereses de los otros actores políticos.
En esa coalición, el Presidente no tiene poder político propio, a diferencia de los gobernadores, de Sergio Massa, y de Cristina Fernández, tampoco lidera al sindicalismo ni a las organizaciones de base. Su futura presidencia del PJ no cambia esa situación. Su tarea es sostener un equilibrio inestable entre los actores que integran el Frente de Todos y, sobre esa base, gobernar, resolver problemas y sostener la aceptación ciudadana con la que asumió.
La gestión es la clave
El Presidente necesita sostener la unidad del Frente para gobernar bien y ganar legitimidad de desempeño. Ahora bien, esa es una avenida de doble mano, ida y vuelta. A su vez, necesita legitimar su gestión para mantener unida la coalición: si se rompe, no podrá gobernar bien. Es el arte del equilibrista que camina sobre una cuerda floja, con una barra en las manos que mueve despaciosamente. Esa barra se llama gestión.
Dicho eso, tan importante como el equilibrio interno puertas adentro, es la ampliación de su base de sustentación política e intersectorial. No solamente del Presidente, sino de toda la coalición gobernante. Dividido, el PJ no podrá gobernar bien. Pero, aun unido, tampoco podrá hacerlo a solas. Es necesario que establezca acuerdos mínimos con fuerzas políticas afines, y con representantes de la producción y el trabajo, más allá de un coyuntural acuerdo de precios y salarios, tan necesario como insuficiente para frenar la inflación.
En medio de la pandemia, el Gobierno pudo renegociar una deuda impagable, con la intervención del Congreso y el apoyo de todos los gobernadores y el Jefe de la CABA. Falta el acuerdo con el FMI. El avance de la vacunación y la vuelta a clases son buenas noticias. No obstante, es imprescindible aumentar el saldo positivo de la balanza comercial, con un dólar competitivo, pero sin devaluaciones que provoquen un estallido inflacionario. Nada de eso es viable sin un acuerdo intersectorial.
Mientras tanto, los efectos económicos y sociales de la pandemia se evidencian en el aumento de la pobreza. Según el Observatorio Social de la UCA, al tercer trimestre de 2020 la pobreza era del 44,2%. Ahora bien, no llegamos a esa cifra por la pandemia, solamente. A igual período, era del 33,6% en 2018 y del 40,8% en 2019. En otros términos, entre 2018 y 2019 (sin pandemia), el aumento fue de un 21%, mientras que entre 2019 y 2020 (con pandemia), el aumento fue de un 8%.
El mismo informe de la UCA observa que, de no haber existido los programas de asistencia social directa e inmediata puestos en marcha por el gobierno nacional (como el Ingreso Familiar de Emergencia – IFE, entre otros), la pobreza hubiera llegado al 53%. Nada para festejar. Pero es justo y necesario reconocer que, sin la intervención del Estado, todo pudo ser mucho peor. La reactivación de la economía y la generación de puestos de trabajo son las vías para que la asistencia directa no se transforme en asistencialismo y clientelismo.
