Es evidente y generalizado el consenso global sobre la necesidad de descartar el capitalismo financiero salvaje, y que los Estados deben capitalizar infraestructura de uso común y garantizar servicios básicos; pero poco o nada se ha dicho del capitalismo social”, definido como ese capitalismo que permite a las organizaciones sociales disponer de recursos para producir y prestar servicios de cada vez mayor complejidad, en redes de personas e instituciones capaces de aprovechar los recursos locales, retener localmente su generación, y preservar los activos ambientales.
La historia del capitalismo social está plagada de ataques a su consolidación, o, en el mejor de los casos, provocando su invisibilización. Ningún gobierno de los últimos 90 años está libre de culpas. Es que desde el año 1900, cuando se fue ampliando su alcance, los gobiernos en general, con escasas excepciones; sus competidores (privados o estatales); y hasta los propios sindicatos de trabajadores trataron de impedir y dificultar el funcionamiento de diversas entidades, que solo pudieron florecer en zonas rurales o de poco interés político y económico.
Desde la creación del Hogar Obrero, en 1905, llegó a ser mayor cooperativa de consumo y el mayor supermercado de la década de 1980, hasta que la hiperinflación y el gobierno menemista la destruyó, reteniendo sus recursos con el plan Bonex; o desde la expansión de las cooperativas agrícolas, el movimiento fue creciendo donde el Estado y las empresas privadas no intervenían.
En 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, más de 1.000 Cajas de Crédito” fueron atacadas, obligándolas a cumplir requisitos ridículos que dificultaban su accionar respecto de los bancos oficiales y privados, por lo que algunas terminaron por convertirse en bancos.
En 1976, el gobierno de la dictadura cívico-militar, con el ministro Martínez de Hoz y su Ley de Entidades Financieras (que aún sobrevive), obligaron a todas las que habían sobrevivido a convertirse en bancos, cuando les impidieron tener una cámara compensadora de valores. Luego, fueron destruyendo esos pequeños bancos en los años siguientes, hasta que al día de hoy sólo queda uno.
La década de los 90, como a muchas empresas nacionales, destruyó también a la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), y a dos de cada tres cooperativas agrícolas de la Provincia de Córdoba. Además de destruir también los bancos cooperativos, que se debieron fusionar, vender o quebrar, por las sobre exigencias de capital mínimo de un sistema que busca eficiencia, pero descarta su eficacia para financiar el desarrollo real.
Allí floreció el mutualismo de ayuda económica, que no estaba incluido en la Ley de Entidades Financieras (los militares tenían, y tienen, enormes mutuales), como forma de retener recursos locales para prestarlos localmente. En la crisis de 2001 fueron excluidas de la pesificación asimétrica, no obstante, sobrevivieron acordando devolver los recursos a los depositantes en plazos mayores, por lo que evitaron una corrida de depósitos.
En 2006, cooperativas y mutuales lograron la sanción de la Ley de Cajas de Crédito Cooperativas (Nº 26.173), aplicable en el ámbito del BCRA. Pero luego de más de 14 años ninguna se ha constituido, a pesar de que se presentaron ocho entidades, no pudieron superar las increíbles exigencias de sus funcionarios.
En 2017 y 2018, el gobierno de Macri pretendió cobrar a las entidades con actuación financiera y seguros el impuesto a las Ganancias, que está gravado en cabeza de los asociados, y les impuso un aporte extraordinario” sobre su capital: un verdadero impuesto a la ganancia mínima presunta. También vieron como algunos bancos oficiales, donde están obligadas legalmente a mantener cuentas, se las cerraban con argumentaciones ridículas. En estos días se está dando un caso testigo de destrucción de la Coopi de Carlos Paz, que va en el sentido contrario a sostener el capital social.
El actual Gobierno está llamando al Consejo Económico y Social, y a mesas de cadenas de valor, donde estarán presentes empresas privadas, sindicatos, el Estado ¿y las entidades de la economía social y solidaria estarán? Ellas, por su naturaleza, son llamadas a contener tanto a productores, como trabajadores y consumidores.
Las cooperativas y mutuales no necesitan ni piden subsidios, salvo los que ellas mismas aportan al Estado para la promoción y educación, que muchas provincias retienen en rentas generales desde hace más de dos décadas. Si necesitan crédito, que pueden obtener en gran parte de sus mismas comunidades, pero por ahora son excluidas de las líneas de crédito sectoriales que pueden canalizar mejor que nadie, mientras los bancos terminan no prestándolos.
En un estudio reciente del BCRA sobre otros operadores no financieros, se afirma que las cooperativas y mutuales mostraron las menores tasas de interés promedio, mientras que las Fintech presentaron los valores más elevados”, y que tienen una menor cartera irregular de sus deudores, junto a una nula deuda irregular propia con el sistema financiero.
¿Se podrán relanzar las Cajas de Crédito Cooperativas? ¿Se podrán recuperar para los fines para los que fueron creados los recursos aportados por el movimiento para su promoción y educación? ¿Se podrán incluir entre las entidades que canalizan ayuda estatal a Pymes? ¿Se dejarán de atacar por motivos políticos a entidades como la Coopi?
Por ahora son, al menos, todas preguntas sin respuestas que los gobiernos deberán atender a la brevedad: más que nunca es necesario ahora que productores, trabajadores y consumidores avancen juntos.
