La de Justicia, es una cartera tradicional en Argentina. En los elencos acotados por un tope de ocho ministerios según la vieja redacción constitucional, o los actuales que sobrepasan las 20 posiciones, presenta asistencia perfecta. Inicialmente, como Justicia e Instrucción Pública”. Un país joven que se hacía mientras construía su edificio institucional, requería apuntalar al Poder Judicial, organizar los Tribunales Federales, darle forma y sustento a la Corte Suprema. Y a la vez, asegurar la organización de la instrucción, como también mandaba la Constitución.
El volumen de esos ministros estaba a la altura de ambas misiones, comenzando por el iniciador, Santiago Derqui (luego Presidente de la Confederación). Otros que alcanzaron la primera magistratura nacional fueron José E. Uriburu, Nicolás Avellaneda o Ramón Castillo. Ministros notables fueron Juan del Campillo, gran figura de la Convención de 1853, Eduardo Costa, también Canciller; o Estanislao Zeballos y Carlos Saavedra Lamas, rector de la UBA y premio Nobel de la Paz. Si de políticos-intelectuales consumados hablamos, hay espacio para José María Gutiérrez (fundador de La Nación y rector de la UBA); Eduardo Wilde; Joaquín V. González; Federico Pinedo; Juan Bibiloni o Gustavo Martínez Zuviría, entre otros.
Con la reforma constitucional de 1949, se quitó el límite para la organización de ministerios. Belisario Gache Pirán fue el primer ministro de Justicia a secas”, que a partir de allí cambia permanentemente su denominación sumando a veces otros ramos (Interior, Educación, etc.). Fue adaptándose a las coyunturas, más técnico o más político, según la circunstancia y el conductor del barco (muchos de facto). Aparecen figuras como Oscar Albrieu, Ángel Borlenghi; Carlos Adrogué; Miguel Sussini; Carlos Alconada Aramburu; Antonio Benítez o Ernesto Corvalán Nanclares. También, al tristemente célebre Jaime Perriaux, ministro de Levingston y Lanusse, posteriormente ideólogo de los primeros manifiestos de la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
Con la democracia y Alfonsín, vuelve el ministerio de Educación y Justicia y una cara conocida: Alconada Aramburu (ex de Illia y Onganía). Con Menem, debuta la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a cargo de una figura del Juicio a las Juntas Militares: León Arslanian. Sus reemplazantes estuvieron ligados al riñón menemista (Maiorano, Granillo Ocampo, Jassán). Uno llegó a la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Barra. Con o sin Seguridad entre los ramos, la cartera no dejó de asociarse a los Derechos Humanos: juristas como Ricardo Gil Lavedra; Jorge de la Rúa; Jorge Vanossi; Horacio Rossati; y políticos como Juan J. Alvarez, Gustavo Béliz (que se fue denunciando al espía Stiusso); Alberto Iribarne; Aníbal Fernández; y Julio Alak, ejercieron la función, administrando el deterioro que desde la década de 1990, caracterizó a la Justicia como poder independente, sólo disminuido en la primera presidencia de Néstor Kirchner, cuando se plantearon cambios en la Corte Suprema (reducción de integrantes, ingreso de mujeres).
Paralelismos
La renunciante Marcela Losardo y su antecesor, Germán Garavano (ministro de Macri), figuras medianas pero bien involucradas en la rosca porteña”, no tuvieron carácter para afrontar el peor momento de la relación entre la política y la Justicia. Sin la energía ni el intelecto de antecesores en la jerarquía ministerial, no pudieron contra demasiados actores que hace tiempo carecen de control, urdiendo relaciones y asociaciones tan subterráneas como poderosas. Inteligencia, servicios, asesores, prensa, lobbystas, se entreveran en el río político y desbordan el cauce institucional. Se esperaba más de Losardo (ex Secretaria de Justicia, en larga carrera), por su conocimiento del terreno y su relación con el Presidente. Su reemplazante, el diputado Martín Soria, tiene el desafío de demostrar que su algo demorada designación no es un triunfo de halcones sobre palomas. Reconocido ex intendente de una ciudad importante -como varios de sus colegas ministros-, sabe que ha llegado el momento en el que mejor que decir, es hacer.
Del mismo modo en Córdoba, donde la Justicia tampoco pasa por su mejor momento de prestigio público, el sistema se encamina a designar (tras dos años de vacancia) a un nuevo Fiscal General, Juan Manuel Delgado. Lejos del estilo de otros tiempos, cuando cuadros de fuste como Luis Sayavedra; Miguel Ortiz Pellegrini; o Alejandro Moyano, comandaron a los fiscales, el candidato es un abogado de trayectoria módica. No se le conoce posición en sustanciales aspectos, ni goza de predicamento alguno en el Foro; tampoco de obra escrita que, aunque mínima, permita auscultar su mirada del Derecho o la Justicia. Como en otros casos, algún tiempo de trabajo en la administración pública y una buena relación con el Gobernador, son sus credenciales.
No le esperan al doctor Delgado cinco años sencillos de gestión. Hay mucho por hacer en el Ministerio Público: en su organización, agenda, relación con los poderes públicos y la sociedad. Nuevos y viejos problemas reclaman atención urgente, con actualizada mentalidad, desactivando también, tensiones entre (otra vez) halcones y palomas. La convulsionada relación entre la política y la Justicia nacional, que no saldrá del atolladero mientras no haya un acuerdo de fondo (el cual debería alcanzarse antes de que nuevas tragedias obliguen a todos a detenerse) es un buen espejo para mirar, sino queremos repetir en Córdoba historias parecidas en un futuro no tan lejano.
