En el año 2007 se hizo pública la noticia del fallecimiento repentino del sargento primero Ramon Huk (50 años, padre de 3 hijos), a causa de un shock cardiogénico irreversible desencadenado por la intensidad de los ejercicios físicos que realizó, cumpliendo órdenes de la superioridad el 16 de marzo de ese año. El ojo del huracán, que origino dos causas judiciales en contra de la Provincia, se centró en el hecho que esos ejercicios físicos, parte del Plan de Capacitación en Destino, a cargo del ex comisario general Alejo Paredes, cuando lideraba la fuerza- fueron implementados sin ningún tipo de control médico previo, por lo que no se reclasificó el estado de salud del personal policial que debía realizarlos. Exponiendo a todos a igual esfuerzo físico: mujeres puerperas, jóvenes atletas, personas mayores de 50 años con sobrepeso, etc.
Si por un momento, pudiésemos eliminar de nuestra ecuación mental que Ramon Huk, el empleado fallecido, se desempeñaba como dependiente de una fuerza de seguridad y era sargento de la Policía, nos parecería obvia la responsabilidad de su empleadora en su fallecimiento, por haber omitido controlar su estado de salud previo a la orden impartida. Pero, en el imaginario colectivo parecería estar sembrada la idea que un Policía, un empleado público, por su elección vocacional debe tolerar peores condiciones de trabajo que uno ordinario, o del sector privado o, justificado todo tras un presunto espíritu altruista, debe naturalizar una suerte de precarización laboral.
Hoy, con motivo de la pandemia, se puso en agenda una situación similar, pero con el personal de blanco con status de empleado público: los profesionales de la salud.
El pasado 8 de julio tuvo lugar la audiencia oral en el juicio laboral que la viuda e hijos del sargento primero Huk entablaron contra la Provincia, por la omisión de cuidado de su dependiente. En ese juicio se le achaca a la Provincia la responsabilidad objetiva por la muerte de Huk, ya que surge de la autopsia y una pericia en la causa que la misma acaeció como consecuencia del esfuerzo físico excesivo.
Como abogada defensora de los deudos del sargento Huk produje el alegato final en la causa, en esa oportunidad, la Provincia negó nuevamente su responsabilidad por omisión de cuidado de Huk. Hoy es la Justicia quien deberá decidir si a ese accionar le corresponde o no un reproche, y si Huk, como empleado fallecido merece ser reivindicado por haber muerto, lisa y llanamente trabajando, sin importar para quien.
Cientos de efectivos policiales siguen hoy en idéntica situación a la que estuvo expuesto el sargento primero Huk, es decir, en tareas operativas de exigencia física, sin el mínimo control sobre su salud. Esto, además, repercute en su rendimiento y efectividad, en claro perjuicio de los destinatarios del servicio policial, los ciudadanos.
