El pasado 4 de julio se inició un ciclo constituyente inédito en Chile, con la instalación de la Convención que se encargará de redactar y sancionar un nueva Constitución que sustituirá a la Carta vigente, de esencia neoliberal y tinte autoritario, instaurada en la década del 80 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La reunión de esta Constituyente es consecuencia directa de la crisis social que estalló en el país trasandino el 15 de octubre del 2019, y que mantuvo durante varios meses a más de un millón de personas movilizadas en las calles, en su mayoría jóvenes, dejando como saldo -al menos- una treintena de fallecidos y miles de heridos y detenidos.
Sin lugar a dudas este proceso constituyente es histórico por el costado en que se lo analice. En primer lugar, trasciende porque en las elecciones de convencionales celebradas a mediados de mayo de este año se respetó la paridad de géneros, resultando electas 77 mujeres y 78 hombres. Así, como nunca antes a nivel mundial, mujeres y hombres están representados paritariamente en un Cuerpo de carácter constituyente.
Además, la Convención chilena presenta una segunda peculiaridad, ya que 17 escaños fueron reservados para los pueblos originarios (grupo que representa un 12,8% de la población), lo que configura el mayor número que se haya establecido en una Asamblea de este tipo. De ese total, siete fueron atribuidos al pueblo mapuche, que es la etnia dominante en Chile, dos para el aimará, y los demás pueblos nativos (kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango) cuentan con un representante cada uno.
Otra señal distintiva es que el órgano encargado de redactar el nuevo texto fundamental está dominado por ciudadanos y ciudadanas independientes (48 de 155 miembros), la mayoría de tendencia progresista, que no reconocen una filiación partidaria definida, mientras que el oficialismo se encuentra en minoría, con tan solo 37 convencionales.
Por último, un hito histórico digno de destacar fue la designación de la académica y activista mapuche Elisa Loncón para que presidiera la Convención Constituyente, quien resultó electa en segunda vuelta, por mayoría absoluta (96 votos), en la sesión inaugural desarrollada el domingo 4 de julio. En dicho evento, que no estuvo exento de incidentes, Loncón contó primeramente con el apoyo de los representantes indígenas, los socialistas y el bloque del Frente Amplio de Izquierda; a los que se sumaron en segunda vuelta los miembros del Partido Comunista, de la Lista del Pueblo y los independientes antisistema capitalista.
La líder de la Convención, de 58 años, nació en Traiguén, en la región de la Araucanía, bastión mapuche en el sur de Chile. Su infancia transcurrió en la humilde comunidad de Lefweluan y según sus propias palabras, para ir al colegio debía viajar ocho kilómetros desde su casa, un trayecto que muchas veces hizo caminando. Hoy, gran parte de su familia aún vive en dicha comunidad. Se graduó de profesora de inglés en la Universidad de La Frontera, en la Araucanía, y cuenta a su vez con varios estudios de postgrado, un doctorado en Humanidades (por la Universidad de Leiden) y otro en Literatura (por la Universidad Católica de Chile).
La elección de la lingüista de origen mapuche es una clara señal política hacia las mujeres, en especial hacia el movimiento feminista, y también hacia los pueblos originarios, siempre excluidos de las decisiones del Estado, que enfrentan un histórico conflicto por las tierras en el sur de aquel país. De hecho, una de las principales demandas de estas comunidades es la creación de un Estado plurinacional, que reconozca expresamente su autonomía, su cultura, sus lenguas y derechos. Chile es hoy uno de los pocos países latinoamericanos en donde los pueblos originarios carecen de reconocimiento constitucional. Uruguay es el otro caso. En la vereda opuesta se encuentran Bolivia y Ecuador, dos naciones que hay optado directamente por consagrar en sus textos fundamentales el carácter plurinacional del Estado.
Loncón celebró su nombramiento con una bandera mapuche entre sus manos y las primeras palabras las pronunció en mapudungún. Quiero agradecer a todo el pueblo de Chile por votar una persona mapuche y mujer para cambiar la historia es este país”, comenzó su discurso, tan improvisado como electrizante, e inmediatamente después hizo un fervoroso llamado a la unidad: Esta fuerza es para todo el pueblo, para todos los sectores y regiones, para todas las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones y la diversidad sexual; este saludo es para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominación”.
El órgano presidido por Loncón tendrá un año como máximo para definir una nueva Constitución, la primera que se enmarcará dentro de un proceso plenamente democrático en la historia chilena, cuyo texto luego deberá ser refrendado a través de un plebiscito a celebrarse en la segunda mitad del año 2022.
Ciertamente es ardua la tarea que tiene por delante esta Convención, que deberá discutir y redefinir asuntos fundamentales para Chile, como su régimen político y su sistema de gobierno, porque existe la convicción de que el presidencialismo a la chilena (es decir, exacerbado) ya se encuentra agotado. También lo atinente a descentralización y regionalización, que son cuestiones claves en un Estado unitario y fuertemente centralizado como el chileno.
A su vez, deberán adoptarse definiciones sobre los pueblos originarios, en especial, su autodeterminación y su reconocimiento explícito en la Constitución. Este es un tema central, dado los históricos problemas de relación entre la comunidad mapuche (a la que pertenece Loncón) y el Estado chileno, que mantiene a la zona de la Araucanía en un conflicto más que centenario.
La agenda del Cuerpo Constituyente se completa con el debate en torno al modelo de desarrollo económico, la regulación que finalmente se dará a determinadas instituciones (por ejemplo, el Tribunal Constitucional) y la definición de otros asuntos particularmente sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central.
A pesar de las críticas disparadas desde los sectores más conservadores, lo cierto es que al cumplirse un mes de su instalación ya se habían celebrado 13 sesiones plenarias y 36 sesiones de comisiones y subcomisiones, completándose 230 horas de trabajo parlamentario. En ese lapso, se aprobó un Protocolo contra el Covid-19; una declaración sobre presos políticos; y la creación de las comisiones de Reglamento, de Ética, de Presupuesto, de Derechos Humanos, de Participación y consulta indígena; de Descentralización territorial y Participación popular, entre otras.
En Chile, definitivamente los tiempos están cambiando, y el pueblo es el gran protagonista de ese cambio. Los chilenos y chilenas se han ganado en la calles, de manera legítima, el derecho a darse una nueva Constitución, con la cual refundar su Nación y establecer un nuevo Pacto Social, que les permita encauzar en forma ordenada y pacífica su crisis política, social e institucional.
Cuando este proceso histórico culmine, la Convención que hoy está en plena labor seguramente habrá transformado a Chile en un país plurinacional e intercultural. Al fin y al cabo, éste es su gran objetivo, tal como lo destacara la propia Elisa Loncón el día que fue elegida por sus pares para presidir las sesiones del Cuerpo Constituyente.
Es evidente que en Chile el futuro ya comenzó a escribirse. Y ésta es una extraordinaria noticia, para Chile y para toda la región.
Abogado y docente universitario