Aunque venía de antes, la idea de los bienes públicos, o comunes, globales ha cobrado una nueva vida y dimensión con la pandemia, especialmente ante las vacunas, pero también ante el nuevo impulso que ha ganado el objetivo de recuperar el medio ambiente, o lograr un sistema impositivo global y más equitativo. El concepto ha ido ganando importancia de la mano de la ONU, del Banco Mundial, del FMI y diversas ONG. Pero junto a esta dimensión, hay que afrontar también los males públicos, que están creciendo y que requieren de cooperación global para combatirlos, como los ataques cibernéticos.
Usamos el concepto de bien común o público en un sentido no jurídico, sino económico. Desde esta perspectiva, los bienes públicos globales, así llamados aunque los suministren empresas privadas, responden, simplificando, a tres características: no tener rivales, es decir, que su consumo por cualquiera no reduce la cantidad disponible para otros; no ser excluyentes, siendo casi imposible impedir que cualquiera lo consuma; y estar disponibles, más o menos, en todo el mundo. El aire limpio, el medio ambiente, la paz y la seguridad, incluso los derechos de propiedad y el conocimiento se han clasificado como bienes públicos globales.
El número y la consciencia de estos bienes públicos globales ha aumentado en los últimos años. En nuestros tiempos necesitan de una gestión local, nacional, pero también global. Entre los nuevos, se incluyen ahora las vacunas, no solo contra el Covid-19, cuando las nuevas técnicas de ARN-mensajero abren nuevas posibilidades para afrontar la lucha contra otros virus y enfermedades. También los impuestos, especialmente en tiempos de necesidad de recaudar para hacer frente al gasto público derivado de las medidas contra el impacto de la pandemia. El acuerdo en el G7 para una armonización fiscal del impuesto sobre sociedades de 15% como mínimo para las grandes tecnológicas, y de la recaudación en parte en el país donde se produce el servicio, no donde se sitúa la sede, es un avance.
Pero, a su vez, han surgido males públicos, o comunes, globales, que cumplen las citadas condiciones, aunque reinterpretadas, pero para los que no bastan las soluciones nacionales, sino que requieren cooperación internacional. La creciente desigualdad, generadora de inseguridad y polarización de las sociedades, sería uno de ellos. El terrorismo yihadista es otro. La desinformación, también.
Aunque en realidad empezara con la revolución industrial y la urbanización, la soledad no deseada era ante todo un mal de las sociedades occidentales. Ahora es un mal general, al que no escapa casi ningún país, un mal global de este siglo.
Uno de los nuevos males son los ataques cibernéticos conocidos como ransomware”, o rescate de datos o sistemas informáticos a cambio de dinero por desbloquearlos, que se están multiplicando. En los últimos tiempos, uno notable ha sido la paralización del oleoducto de Colonial Pipeline, que lleva crudo del centro de EEUU al Este, y por el que tuvo que pagar cuatro millones de dólares. La mayor cárnica del mundo, la brasileña JBS, con operaciones en diversos países, también cayó en estas garras y vio paralizado el procesamiento de carne en nueve plantas.
Ya durante 2020, en plena pandemia, hubo varios de estos ataques contra servicios de salud y hospitales en EEUU y en Europa, y últimamente hasta el suministrador de material médico japonés Fujifilm ha sido un objeto de este tipo de ataque. La Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) ha señalado que en 2020 hubo 304 ataques maliciosos –muchos con ransomware”– contra sectores críticos en la UE, el doble que el año anterior.
El director del FBI estadounidense, Christopher A. Wray, ha comparado el peligro del ransomware” al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Sus servicios están analizando un centenar de variantes de software de este tipo, con centros de ataque que, dice, alberga Rusia. El Departamento de Justicia estadounidense ha creado un nuevo grupo de trabajo para hacer frente a estas amenazas. Ya se habla de pandemia cibernética”.
Son amenazas que requieren no solo defensas, sino una intensa cooperación internacional de nuevo tipo para afrontar estos ataques que habían ya crecido en un 150% en 2020, con un aumento de un 300% en los rescates exigidos, según las empresas de seguridad; la empresa Sophos situaba el costo medio de estos ataques (seguro, pago del rescate, limpieza y pérdidas de negocio) en 761.106 dólares el año pasado, habiendo subido a 1,85 millones en 2021. La detención en varios países de diversos tipos de redes delincuentes gracias a una app trampa, plantada en su seno por el FBI, es un ejemplo de nueva dimensión de esta lucha.
Se requieren nuevos instrumentos y métodos, y una nueva gobernanza global, para los nuevos bienes y males públicos globales. El G7 y el G20 pueden debatir e impulsar, pero no decidir.
