Habitualmente los frenos al desarrollo se atribuyen a la corrupción, a la demagogia, al déficit fiscal, a la evasión, a la concentración de mercados, a la externalización o fuga de activos, al endeudamiento… son demasiados como para que los ciudadanos puedan tener alguna certeza. Veamos si puedo aclarar algo, (en los analistas existen pocas coincidencias, pero hay alguna).
Como en una familia o en una empresa, la deuda y su relación con lo que se gana o produce es un factor común, que en una Nación se traduce en deuda externa –emitida en moneda que no es propia- y PBI. Un análisis histórico de ambas variables nos permite reconocer cuándo esa relación empeoró y condicionó la inversión, la generación de trabajo, la pobreza y las variadas consecuencias que hoy sufrimos.
La deuda externa aumentó casi sin interrupción desde 1966, pero a diversos ritmos, con aumento o disminución del PBI. Veamos el ranking de los períodos de mayor a menor endeudamiento externo: el mayor aumento anual se produjo entre 1976-1983 durante la dictadura cívico-militar, lo hizo al 52% anual (9.700 a 45.100 millones de dólares), con una importante reducción del PBI y la estatización de deudas privadas de empresas con Domingo Cavallo en el BCRA.
En 1975, el Rodrigazo” aumentó un 24% (de 7.800 a 9.700 millones) la deuda externa, y también produjo una reducción del PBI.
Entre 1973 y 1975, durante el tercer gobierno peronista, se produjo un aumento del 21% anual de la deuda (4.800 a 7.800 millones), pero también con aumento del PBI y mejor distribución del ingreso.
Cuarto en el ranking, entre 2016 y 2019, hubo un 20% de incremento anual promedio de la deuda externa (176.520 millones a 320.000 millones), y una disminución neta del PBI en 2016, 2018 y 2019.
En 1989-99, con un 12% anual promedio (65.300 a 146.219 millones) y con un PBI fluctuante (bajas en 1990, 1995 y 1999), mientras se subastaban a precio vil las joyas de la abuela” (YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo, etc.)
En 2000, 2001 y 2002, si bien no hubo aumento de la deuda externa nominada en divisas, si hubo un endeudamiento interno que terminó en el corralito”, corralón” y la pesificación asimétrica, que benefició nuevamente –como en 1982 y nuevamente con Domingo Cavallo- a las empresas endeudadas y perjudicó a los ahorristas, además de una disminución constante del PBI y, por tanto, un aumento de la deuda sobre PBI por persona.
Más allá de los partidos, es evidente que los aumentos de la deuda se produjeron durante la aplicación de políticas autodenominadas de libre mercado” (pero que podríamos denominar de libre empresa”, aunque solo de algunas). Y en muchos años de esas gestiones se produjeron bajas del PBI.
Además, en 1982 y 2001 se produjo la nacionalización o socialización de las deudas privadas, por el colapso del endeudamiento empresario; en ellas el financiamiento externo, vía créditos multilaterales, bonos en el mercado voluntario o ingreso especulativo de capitales fue la forma de financiar el déficit corriente, sin aplicarlo a inversiones y con estampidas en la fuga de capitales a pesar que en esos períodos se buscaba previsibilidad y seguridad jurídica”, no lograron las inversiones privadas que supuestamente promovían.
Por el contrario, hoy (según fuentes multilaterales inobjetables, como OCDE, G-20 o el Banco Mundial), los argentinos tenemos US$ 400.000 millones fuera del sistema financiero nacional y la segunda mayor tenencia de dólares billete por persona fuera de EEUU, que muestra el proceso de fuga de capitales en los últimos 55 años.
Como se ve, el endeudamiento público o privado y la fuga de capitales que impiden el aumento del PBI son las causas más determinantes de nuestro subdesarrollo.
Respecto de las otras causas, que podríamos llamar coadyuvantes –corrupción, demagogia y déficit fiscal- los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que publicó los sucesivos Papers (de Panamá, del Paraíso, y ahora de Pandora), donde se revelan millones de documentos que acreditan fuga de capitales a guaridas fiscales, señalan solo algunas guaridas fiscales y ciudadanos de algunos países, y omiten otros, como Suiza, Londres, Delaware, Wisconsin, Nevada o Florida; y a ciudadanos de EEUU.
El ICIJ señala que Argentina es el tercer país con más personas mencionadas; ello implica una pérdida anual del fisco de 2.684 millones de dólares –según la reconocida Tax Justice Network (TJN)- algo más que lo se recaudó por el Impuesto a las Grandes Fortunas en 2021.
Según Juan Valerdi -miembro de TJN- el origen de esos fondos en guaridas fiscales es: el 5% fruto de corrupción; 30% del narcotráfico, trata y contrabando; y 65% por elusión y evasión de impuestos de multinacionales y personas ricas.
Por supuesto que la corrupción estatal, que necesariamente requiere de una contraparte privada, es un terrible problema que no solo afecta cuantitativa, sino que lo hace también cualitativa y simbólicamente, generando desazón, descreimiento y bronca. Pero definitivamente no es lo más determinante del subdesarrollo, como tampoco lo son directamente los usos populistas de fondos estatales, que quedan en el país y se pueden probar en todos los gobiernos en años de elecciones.
¿Qué sería de nuestro país con US$ 400.000 millones más dentro del país, y con US$ 2.684 millones más de impuestos anuales? ¿Lograríamos liquidar la deuda, invertir más en educación y producción, y así comenzar un proceso de desarrollo virtuoso de inversión, educación, empleo y producción?
Las próximas elecciones (y seguramente algunas más) lo decidirán.