La soberanía –según la RAE- es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. Muchos pensamos que la soberanía corresponde a los pueblos que delegan su gestión en sus representantes. Por lo que es extraño que muchos sectores políticos opositores no la mencionen entre sus prioridades, y el gobierno ceda, forzado por las circunstancias, a concesiones que la van desangrando.
El concepto incluye los aspectos territoriales, las relaciones económicas, la moneda y las tecnologías.
Muy importante en los siglos XIX y XX, en que los Estados-Nación se declararon independientes y se volvieron más democráticos, los aspectos territoriales han perdido fuerza a partir de los procesos de integración regional –Unión Europea, Mercosur-, la globalización financiera mediante las cesiones de jurisdicción en las emisiones de bonos en moneda extranjera, y las jurisdicciones supranacionales (como la Corte Interamericana de DDHH, Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, y la Organización Mundial de Comercio – OMC), a quienes se han cedido competencias en los temas de su competencia.
Sin embargo, a partir de la confrontación de la OTAN con Rusia y China, las sanciones unilaterales, la pandemia y el creciente proteccionismo, la soberanía ha recuperado parcialmente el protagonismo internacional, especialmente en los antagonistas que se revela en la doctrina de Donald Trump “America First” (que Joe Biden ha sostenido), mientras las fuerzas globalizantes parecen acechar en las sombras para someter a las naciones periféricas y más débiles.
En este aspecto territorial, el gobierno argentino tiene ante sí el ejercicio o no de la soberanía en el río Paraná, cuya explotación está -transitoriamente- en manos de la Administración General de Puertos (AGP), luego del fin de la concesión a la belga Jan de Nul; mientras está sin resolver su explotación por una empresa estatal, mixta o privada –en donde EEUU y China disputan su hegemonía- y la apertura del Canal Magdalena, que daría salida de los navíos por puertos nacionales, sin recalar en el puerto de Montevideo, como ocurre obligatoriamente en estos días (lo que ha sido propicio para subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por triangulación).
También el Estado argentino mantiene sus reclamos de soberanía en Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur, a pesar que los dos bloques opositores principales en las próximas elecciones no se han expedido, o, incluso, Mauricio Macri negoció autorizar la pesca y la explotación de reservas petroleras en un confuso acuerdo –desarrollado según el entonces embajador británico, bajo los influjos alcohólicos de nuestro representante- y sin participación del Poder Legislativo, mientras Patricia Bullrich las ofreció para lograr vacunas de Pfizer.
Otro aspecto de la soberanía es la moneda nacional, que, con todos sus problemas, ha permitido a la Nación subsidiar a personas y empresas que sufrieron las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena, lo que fue clave para una rápida recuperación posterior, contra lo que ocurrió en los países que habían dolarizado –Ecuador, Panamá-, que no tuvieron posibilidades de hacerlo.
En ese mismo aspecto, la toma de deuda en monedas extranjeras del Estado y jurisdicción extranjera, las empresas y las familias constituyó una pérdida de soberanía, que hoy se traduce en durísimas negociaciones con el FMI, altísimo riesgo país, y frecuentes corridas cambiarias, que impiden ejercerla sin grandes consecuencias negativas en el ámbito interno, en el que la inflación se constituye en un síntoma de un diagnóstico mucho más complicado.
Un tercer atributo de la soberanía es el desarrollo tecnológico y la incorporación de nuevas tecnologías (nuclear, satelital, internet de quinta generación, explotación de petróleo de esquistos como Vaca Muerta, o la extracción, procesamiento y de valor agregado del litio). En esos aspectos, las dificultades para ejercer la soberanía pasan por la escasez de recursos para financiar desarrollos propios, y las presiones de EEUU en los últimos ocho años para discontinuar el desarrollo de centrales nucleares modulares (CAREM), de satélites orbitales -de telecomunicaciones o meteorológicos- y lanzadores orbitales (proyecto Tronador), la compra de reactores nucleares de alta potencia (Atucha III) a China y la incorporación de las tecnologías 5G, que también lidera la china Huawei en todos los países vecinos (Chile, Uruguay y Brasil), cuya licitación está a las puertas de abrirse.
El ejercicio de la soberanía en todos estos campos es, seguramente, el tema más importante que definirá nuestro futuro a mediano y largo plazo, en la medida que las decisiones que se tomen en los próximos meses y en el próximo gobierno serán irreversibles para los siguientes, en un mundo que camina hacia una estructura multipolar en las que las potencias compiten buscando conservar u obtener hegemonía.
Por lo que como electores deberemos exigir a los candidatos definiciones claras en todos estos aspectos, y promover su debate en medios y redes sociales, de modo que no tome a nadie desprevenido, y con la posibilidad de argumentar con un “yo no sabía” después de elegir.