Cuando nadie lo esperaba, la inflación se convirtió nuevamente en un grave problema a nivel global. La pandemia originada por el Covid-19 en 2020, y las políticas monetarias expansivas con las que se trató de contrarrestar los efectos económicos de las medidas restrictivas implementadas por los distintos gobiernos en el marco de aquella inédita crisis sanitaria, activaron una escalada inflacionaria que no se evidenciaba desde mediados o fines del siglo XX. Luego, el conflicto bélico que estalló en febrero de este año entre Rusia y Ucrania agravó aún más una situación que ya era extremadamente compleja.
Recientemente esta problemática ha sido analizada por el FMI en su “Panorama Mundial”, donde el organismo advierte que la inflación se detecta en casi todos los países del orbe. Allí se pone de manifiesto que el vertiginoso y generalizado aumento de los precios, especialmente en alimentos y energía, está causando graves dificultades en millones de hogares. Como consecuencia de eso, se registra un aumento exponencial de la pobreza, también a escala global.
Y a pesar de la desaceleración económica experimentada en estos últimos meses, de la mano de una incipiente recesión, las presiones inflacionarias están demostrando ser más amplias y persistentes de lo previsto. De hecho, cuatro años atrás eran muy pocos los países que tenían una inflación anual de dos dígitos.
Así las cosas, se espera que este año la inflación mundial alcance un pico máximo del 9,5%, antes de reducir su ritmo al 6,5% en 2023 y al 4,1% en 2024. Y como en 2021 la inflación promedio en el mundo fue del 4,7%, todo parece indicar que recién dentro en dos años la inflación volvería a ubicarse en parámetros más normales, siempre y cuando no ocurran otros eventos extraordinarios que le den nuevo impulso.
En Europa, por ejemplo, países como Alemania y Holanda, que durante décadas gozaron de gran estabilidad y no sufrieron aumentos generalizados de precios, cerrarían el año con una inflación de 10,2% y 12,8%, respectivamente. También en Estados Unidos la inflación es preocupantemente alta, a pesar de las distintas medidas instrumentadas para morigerarla, como las reiteradas subas en las tasas de interés dispuestas por la Fed, llegando al 8,2% anual en septiembre.
En nuestro país la inflación tiene una larga y triste historia que ya nos hemos encargado de repasar en columnas anteriores. Hace décadas que Argentina viene ocupando las primeras posiciones en el ranking mundial de inflación. Y en el último ranking que se dio a conocer la semana pasada, elaborado en base a datos del FMI, se observa que la Argentina -con una inflación estimada para este año en el orden del 95/100%- ocupa la cuarta posición, detrás de Zimbabue (547%), Venezuela (201/220%) y Sudán (129/130%). El inmediato perseguidor, en esta desgraciada tabla de posiciones, es Turquía, con un 73,5% de inflación para 2022.
Esto nos permite dimensionar la gravedad de la escalada inflacionaria que actualmente padecemos, puesto que existen sólo cuatro naciones en todo el mundo que estarían alcanzando los tres dígitos de inflación anual, y una de ellas es precisamente nuestro país, que este año llegaría a ese guarismo después de tres décadas (la última vez que se había superado el umbral del 100% fue en 1991).
En tanto, en Latinoamérica nuestro país está en una posición expectante, ubicándose inmediatamente detrás de Venezuela, que lidera cómodamente el ranking regional con una inflación anual mayor al 200%. En tercer lugar se encuentra Chile, con una inflación anualizada levemente superior al 12%, lo que evidencia que la brecha entre el segundo y el tercero (es decir, entre Argentina y Chile), en materia de aumentos de precios, supera el 80%. En otros términos, mientras Chile tiene un 1% de inflación mensual, en Argentina este valor tiende hoy a multiplicarse por siete.
En el extremo inferior de esta grilla se observan países como Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, en ninguno de los cuales la inflación alcanza los dos dígitos. El caso boliviano es particularmente interesante, ya que con apenas un 4,2% anual (lo que equivale a un 0,35% mensual) es el país con menor inflación en la región. Incluso en Brasil en estos últimos meses se ha registrado deflación, pero no debe olvidarse que esto es consecuencia de una serie de medidas de tinte populista (como la reducción del precio de los combustibles) adoptadas por el presidente Jair Bolsonaro en el contexto de la actual campaña electoral. De todos modos, en Brasil la inflación mensual promedia el 0,5%. Esto significa que Venezuela y Argentina desentonan en Latinoamérica, en lo que respecta a la inflación.
Ante semejante cuadro de situación, en extremo delicado, resulta llamativo que el gobierno nacional no haya tomado oportunamente medidas concretas tendientes a controlar esta escalada que sin dudas provoca graves daños en el tejido social. Prueba de ello es el aumento de la indigencia que detectó el Indec en su última medición semestral (que trepó al 8,8% de la población, lo que representa 2.568.671 personas indigentes).
Es cierto que desde que Sergio Massa asumió la responsabilidad al frente de la cartera de Economía adoptó algunas decisiones que están orientadas en el sentido correcto (por ejemplo, el sostenido aumento de las tasas de interés para las colocaciones en pesos, con lo cual se evitó una caída aún mayor en la demanda de pesos, frenando así la presión sobre el dólar), pero también lo es que aquellas decisiones no parecen estar articuladas en el marco de un plan integral, y como tal, resultan absolutamente insuficientes.-
Por ello, consideramos que es indispensable implementar cuanto antes un plan económico de estabilización, que sea eficaz para cortar la inercia inflacionaria y, al mismo tiempo, que logre moderar las expectativas de aumentos de precios hacia el futuro (esas expectativas hoy superan el 100% anual). Se sabe que hay técnicos del Ministerio de Economía que vienen trabajando hace semanas en la elaboración de una planificación de este tipo, aunque la gravedad de la situación es tal que no admite mayores dilaciones.
Como se recordará, durante el primer semestre, cuando ya asomaba como una de las principales problemáticas a resolver, el presidente Alberto Fernández le declaró la “guerra” a la inflación. Empero, aquella declaración formal no estuvo acompañada por ninguna batería de medidas, perdiéndose así un valioso tiempo en la lucha contra este flagelo económico y social.
Los hechos demostraron, desde entonces, que no se puede pretender ganar una “guerra” sin estar suficientemente pertrechados, sin contar con armas efectivas para el combate, sin tener definida una estrategia para enfrentar al enemigo, y finalmente, sin la convicción que se necesita para obtener el triunfo.
Ahora, meses después de aquel mero acto declarativo, los resultados lamentablemente están a la vista.