El fenómeno no es nuevo. Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, cuando un reducido grupo de terratenientes se vio beneficiado por el reparto de tierras tras la “Campaña del Desierto”. Pero en estos últimos años los propietarios extranjeros de grandes extensiones de tierras en el país se han multiplicado y ya avanzan hasta ocupar el 5 % del territorio nacional.
El dato anterior se desprende de un reciente informe elaborado por el Observatorio de Tierras a cargo de Julieta Caggiano y Matías Oberlín, ambos investigadores del CONICET que actualizaron los datos a mediados del 2025, sobre la base de un relevamiento previo publicado por la CTA en febrero de 2021 y que fuera realizado por Gina Chechele y Daniel Godoy.
Del análisis del citado informe se colige que una de las regiones más afectada por este fenómeno es la patagónica. En efecto, la Patagonia argentina cuenta con 74.472.102 hectáreas en total, de las cuales 3.609.247 ya han sido compradas por extranjeros. De hecho, las cinco provincias que integran aquella región cuentan con un alto porcentaje de tierras en manos de propietarios extranjeros, siendo Santa Cruz la que registra el nivel más elevado, con el 8,1 % de las tierras en poder de dueños foráneos. Le siguen Neuquén con el 5,5 %, Tierra del Fuego con el 4,7 %, Chubut con el 4 % y Río Negro con un 1,8 %.
Si el enfoque se realiza a nivel departamental, se observa que de los diez departamentos provinciales que exhiben una mayor colonización extranjera, tres pertenecen a la región patagónica. Entre ellos, se destaca el departamento neuquino de Lacar (San Martín de los Andes), con 475.095 hectáreas totales, de las cuales 257.346 están hoy en manos de propietarios foráneos, evidenciando una concentración que trepa increíblemente al 54,2 %. Esto significa que más de la mitad de las tierras de aquel departamento pertenecen a ciudadanos, sociedades o grupos empresarios extranjeros. Nosotros disfrutamos al ver los imponentes paisajes, pero ellos detentan el dominio de esas tierras que han sido bendecidas por la naturaleza.
Después se ubica el departamento santacruceño de Magallanes (San Julián), con 509.486 hectáreas en poder de propietarios extranjeros, sobre un total de 1.976.725 hectáreas, lo que eleva el porcentaje de extranjerización al 25,8 % de las tierras. Y en el tercer escalón se posiciona el departamento chubutense de Cushamen (Leleque), que cuenta con una extensión de 1.649.975 hectáreas, con 377.875 (un 22,9 %) en posesión de terratenientes extranjeros.
La legión extranjera
La denominada “legión extranjera”, conformada por firmas y capitales estadounidenses y europeos (principalmente, italianos, españoles e ingleses), y también por inversores chinos y qataríes, no sólo ha conquistado ya una porción estratégica del territorio patagónico, sino que está extendiendo sus posesiones por toda la geografía argentina.
En el país los mayores titulares extranjeros de tierras provienen de los Estados Unidos, con un total de 2.950.325 hectáreas, seguidos por italianos (con 2.173.272 hectáreas) y españoles (con 1.795.159 hectáreas). Además, en la lista de extranjerización sobresalen los propietarios de Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Canadá, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros.
Al tope se encuentra sin dudas el Grupo Benetton, que ya controla una superficie total de 924.000 hectáreas. La mayor proporción de esas tierras se ubica en la provincia de Chubut, aunque los tentáculos del grupo italiano ya alcanzan a otras provincias, al haber adquirido grandes estancias en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.
Los chinos no podían quedarse al margen del negocio. Así, el conglomerado agropecuario estatal State Farms Beidahuang Group concentra hoy unas 330.000 hectáreas en la provincia de Río Negro. Después figura la minera brasileña Vale, que posee unas 160.000 hectáreas, muchas de las cuales están ubicadas en la zona norte de la provincia de Neuquén.
Entre los terratenientes extranjeros más importantes de la Patagonia se destaca la firma francesa Somuncurá, con 155.000 hectáreas en Río Negro; y el empresario estadounidense y rabino Elimeir Libersohn, que totaliza unas 140.000 hectáreas distribuidas entre La Pampa, Río Negro y Santa Cruz. Al listado patagónico se debe agregar la minera canadiense Gold Corp, que concentra 130.000 hectáreas en Santa Cruz; y la norteamericana Trillum Corporation, que solamente en el territorio fueguino posee unas 125.000 hectáreas.
En Neuquén, el ciudadano chileno Roberto Hiriart, sobrino del dictador Augusto Pinochet, suma unas 100.000 hectáreas. Luego aparece el británico Joe Lewis, quien acapara unas 38.000 hectáreas en la provincia de Río Negro y es recordado por haber impedido el paso público en la zona del Lago Escondido. El dinero y el poder no reconocen límites ni nacionalidades.
En cuanto a la avanzada oriental, emerge la figura del emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, quien es titular de unas 38.000 hectáreas en territorio rionegrino y neuquino. En tanto, el multimillonario qatarí Abdulhadi Mana Al Hajri, cuñado del emir, ya adquirió 10.000 hectáreas en Río Negro y hoy es vecino de Lewis. De todos modos, todo parece indicar que esta avanzada recién comienza.
Por último, resulta imposible no recordar en este momento al magnate estadounidense Ted Turner, dueño de la cadena CNN y uno de los pioneros de la “legión extranjera” en la Patagonia argentina, que desde mediados de los años noventa concentra unas 56.000 hectáreas en las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego.
La cuestión legislativa
Según el Observatorio de Tierras, tras la renovación parcial de las cámaras legislativas concretada el pasado 10 de diciembre, el Gobierno nacional anunció el envío de proyectos que considera claves para su gestión, entre ellos, el que propicia la derogación de la Ley N° 26.737, de protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (más conocida como “Ley de Tierras”), que fuera sancionada en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández y fija un límite a la extranjerización del 15 % de la superficie a nivel provincial y departamental, fortaleciendo asimismo los mecanismos de control a fin de evitar las triangulaciones sin supervisión estatal.
Como se sabe, a principios del siglo XXI el boom internacional en los precios de los alimentos disparó el valor de la tierra y luego las sucesivas devaluaciones facilitaron su compra por parte de grupos de inversores extranjeros. En ese marco, se tornó necesario limitar aquella dinámica que tendía a lograr una acelerada extranjerización del territorio argentino.
En el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, a través del Decreto N° 820 se modificó la aplicación de la “Ley de Tierras”, flexibilizando los procedimientos y acotando los requisitos para adquirir tierras, al mismo tiempo que se adoptaron criterios más amplios para definir quien era considerado “extranjero”. En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones que antes estaban sujetas al control del Estado, modificándose los parámetros para medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas.
Y con la llegada al poder de La Libertad Avanza, en 2023, a través del controvertido DNU N° 70 se derogó sin más la Ley N° 26.737. Sin embargo, en enero de 2024 el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) presentó un amparo ante la Justicia y así se logró frenar provisoriamente aquella derogación, evitando que la situación sufriera cambios sustanciales hasta el presente.
A pesar de que el límite establecido por la ley vigente es demasiado amplio, el oficialismo está empecinado en removerlo o eliminarlo, y por eso propone la modificación/derogación de esta normativa. Y lo mismo acontece con la denominada “Ley de Glaciares”, que protege las reservas de agua dulce en la zona periglaciar. El gobierno libertario no asocia soberanía con tierras y muchos menos con la protección de los recursos naturales que posee el país.
Para los investigadores del CONICET, “a nivel nacional, alrededor del 5 % del territorio argentino ya está en manos extranjeras”. Esto es equivalente a más de trece millones de hectáreas, es decir, a toda la extensión de Inglaterra, como para que tomemos dimensión del fenómeno. Aún así, sostienen que ese dato no es el más relevante. “La verdadera dimensión emerge cuando bajamos la escala y observamos lo que pasa departamento por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de los cursos de agua, los acuíferos o zonas con potencial minero”. En esta cuestión importa más la calidad que la cantidad de tierras. Los capitales extranjeros están adquiriendo tierras en forma estratégica, ante la absoluta pasividad de nuestras autoridades.
Desde la Casa Rosada argumentan que en ninguna provincia hoy se excede el límite del 15 % y les asiste la razón. Entonces, se preguntan los miembros del Observatorio de Tierras: “¿por qué se esfuerzan tanto en derogar la ley?”
