Hace pocos días se dio lectura a una sentencia que seguramente quedará enmarcada para siempre en la historia judicial de Córdoba. Así, el primer juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas culminó con un veredicto sin precedentes: 11 policías condenados, dos de ellos a prisión perpetua: los cabos Lucas Gómez y Javier Alarcón, quienes dispararon contra el joven y sus amigos aquella fatídica madrugada cordobesa.
Como se recordará, Blas fue asesinado en los primeros minutos del jueves 6 de agosto de 2020. Viajaba en el asiento trasero de un Fiat Argo, junto a cuatro amigos más, cuando a la altura del instituto Pablo Pizzurno, en la Av. Vélez Sarsfield, un grupo de policías apostados en un control de rutina abrió fuego contra el vehículo, porque el conductor no había detenido su marcha al pasar por allí.
El acto de lectura de la sentencia tuvo una convocatoria inédita, lo que evidencia la expectativa que había con relación a este caso. En primera fila, junto a los familiares de Blas, estaba sentada Sonia Torres, la abuela que es un emblema del “NUNCA MAS” en Córdoba. Además, se hicieron presentes muchos jóvenes, que colmaron la Sala, familiares de otras víctimas del “gatillo fácil”, y de las víctimas del siniestro vial protagonizado hace unos meses por el legislador Oscar González, las madres y padres de los bebés que fallecieron en el Neonatal, y hasta el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
Los grandes ausentes fueron los funcionarios y legisladores del oficialismo local. “Lamento que no haya nadie del Gobierno de Córdoba acá para vivir toda la mierda que nosotros hemos vivido en estos años”, dijo, visiblemente emocionada, la mamá de Blas, Soledad Laciar, a minutos de conocerse el trascendente fallo.
El Tribunal reconoció, por unanimidad, que tanto Blas como sus cuatro amigos fueron víctimas de violencia institucional. Sabemos que éste no fue el primero, y quizás no vaya a ser el último caso de violencia institucional en el ámbito provincial, pero sin dudas se trata de una sentencia que marcará un antes y un después en la historia de la Policía de Córdoba.
Cabe aclarar que los policías en cuestión se sentaron en el banquillo de los acusados, no sólo por el homicidio de Blas Correas, sino también por haber montado un impresionante operativo tendiente a ocultar pruebas y encubrir el delito. Así, por ejemplo, un viejo revolver calibre 22, que estaba en el baúl de uno de los móviles policiales, fue “plantado” con la intención de ensuciar a las víctimas y entorpecer la investigación judicial.
El fallo de la Cámara 8° del Crimen de esta ciudad, además de condenar a 11 de los 13 policías que habían sido procesados, ordenó investigar por diversas responsabilidades al ex ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera (hoy legislador por el oficialismo), y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate (que en aquel entonces se desempeñaba como titular de Recursos Humanos), entre otros funcionarios políticos y policiales.
Y en este último aspecto la sentencia adquiere tanta originalidad como relevancia. Concretamente, Mosquera y su mano derecha, Lucas Mezzano (ex subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica, y ahora empleado del flamante Tribunal de Conducta Policial), serán investigados por el préstamo del auto Toyota Corolla al ex comisario Gonzalo Cumplido, quien fuera apartado de la fuerza tras el crimen. Aquí se pidió analizar un presunto caso de corrupción, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
A su vez, a Zárate se la deberá investigar por cuanto, al momento del crimen, ella tenía a su cargo los legajos de Lucas Gómez y Javier Alarcón, policías que estaban cumpliendo funciones pese a contar con varias imputaciones en su contra. Por eso, se presume que incurrió en omisión de los deberes de funcionario público, dada las dificultades demostradas en el juicio en torno a la formación y control de los policías.
También se resolvió investigar a un grupo de policías (aún no identificados) que durante esa madrugada detuvieron al Fiat Argo en la esquina de Chacabuco y Corrientes, impidiendo que su conductor pudiera llevar a Blas (que estaba herido en el interior del vehículo) hasta el Hospital de Urgencias. Incluso deberá investigarse la actuación del Tribunal de Conducta Policial, dirigido en aquel momento por Ana María Becerra.
Al punto XIX del resolutorio se leyó una fuerte crítica al gobierno provincial, que deberá arbitrar con “carácter de muy urgente” los medios pertinentes para proceder a la debida capacitación del personal policial en el manejo de armas de fuego, conservación de la escena del crimen y preservación de evidencias, trato a dispensar a las víctimas de hechos delictivos, y finalmente, para que se profundicen las evaluaciones periódicas a fin de establecer si el policía en actividad está en condiciones psico-físicas de portar armas, de modo que “NUNCA MAS” se repita lo acreditado en este proceso y se erradiquen “todas las formas de violencia que pudieren conllevar la responsabilidad institucional del Estado provincial”.
No es usual que el Poder Judicial formule este tipo de reproches al gobierno, y menos aún en los tiempos que corren. Tampoco hay antecedentes en los Tribunales de nuestra provincia de causas con tantos policías sentenciados como culpables, y algunos de ellos penados a prisión perpetua. Por todo ello, entendemos que se trata de un fallo justo y ejemplar, cuyos efectos trascienden largamente el ámbito de lo penal, que está destinado a interpelar no sólo a la Policía de Córdoba, sino a las máximas autoridades del Panal. Un fallo que llega en el momento preciso, cuando la sociedad cordobesa en su conjunto está demandando y exigiendo al gobierno, cada vez con mayor energía, la implementación de políticas públicas adecuadas y eficientes en materia de seguridad.
