En diciembre de 2001, la sociedad argentina vivió una seguidilla de sucesiones, juras y asambleas legislativas con cinco presidentes en once días, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa como consecuencia del estallido social de las jornadas del 19 y el 20, en lo que constituyó una prueba para los contrapesos de la institucionalidad frente al colapso de un modelo económico.
Además de las 39 víctimas de la represión ordenada por el Gobierno de la Alianza para reprimir las protestas que se desataron en todo el país, la Argentina de aquel momento quedó marcada por la sucesión frenética de jefes de Estado: De la Rúa, el misionero Ramón Puerta, el sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá, el bonaerense Eduardo Camaño y, finalmente, el exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde se sucedieron en apenas 11 días.
En un contexto signado por el Estado de Sitio que había decretado por De la Rúa, los cacerolazos, los cortes de rutas, protestas en los bancos, asambleas populares y el rechazo generalizado hacia la clase dirigente se plasmaron en el grito «Que se vayan todos», la consigna que se convirtió en la expresión unificadora de descontentos de todo tipo. La inestabilidad, la crisis de legitimidad del sistema de representación, el hundimiento en la confianza de los dirigentes, envolvieron a la democracia en altos niveles de tensión hasta que la elección parlamentaria del senador Eduardo Duhalde, mandamás del justicialismo bonaerense, logró estabilizar la situación de modo relativo a partir de enero de 2002.
Sin embargo, entre la renuncia de De la Rúa hasta la asunción de Duhalde se vivió un periodo plagado de negociaciones, acuerdos rotos, traiciones, vacíos políticos y hasta la amenaza de que la Corte Suprema de Justicia se haría cargo de la conducción del Ejecutivo por la acefalía en la sucesión del cargo.
Años de políticas neoliberales iniciadas en los 90 con el gobierno de Carlos Menem y continuadas por la Alianza, con una clara participación del FMI tuvieron su conclusión con la recordada imagen del helicóptero con el mandatario radical a bordo, mientras partía desde la Casa Rosada ante la mirada de los manifestantes que reclamaban en la Plaza de Mayo.
En ese momento, el Gobierno no contaba con la figura del Vicepresidente ya que 14 meses antes, Carlos «Chacho» Álvarez, el peronista líder del Frepaso y la otra figura clave de la Alianza, había renunciado a ese cargo enfrentado con De la Rúa.
Cavallo había sido el creador de la Convertibilidad con Menem y fue convocado por el Gobierno para resolver la situación económica del país agobiada por las obligaciones de pago de la deuda externa con el FMI y los reclamos sociales por la falta de trabajo.
Ante la renuncia del Jefe de Estado ese jueves 20 de diciembre, le correspondía asumir al presidente provisional del Senado, el justicialista Ramón Puerta. El misionero firmó el viernes 21 como presidente interino y ocupó el sillón de Rivadavia por 24 horas porque el PJ, que dominaba ambas cámaras legislativas y contaba con una fuerte liga de gobernadores, convocó a una Asamblea Legislativa que eligió al mandatario de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, al frente del Ejecutivo. Rodríguez Saá asumió el domingo 23 en el Congreso, donde dio un recordado discurso que fue celebrado por los representantes y en el que anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa para que su legitimidad fuera revisada por el Parlamento. Aparte de declarar el default, Rodríguez Saá llegó a proponer un plan para la creación de un millón de puestos de trabajo, un proyecto de presupuesto no deficitario con una profunda austeridad de la administración pública y la propuesta de una moneda no convertible a la que llamó el «argentino».
Esta moneda financiaría los planes oficiales y era la alternativa de Rodríguez Saá a la devaluación del peso que exigían distintos sectores empresariales, que buscaban licuar sus deudas en dólares, pero esta no fue la razón de su breve estadía en la Presidencia, sino que los gobernadores peronistas, los mismos que lo habían ungido, le quitaron de pronto el apoyo. Los mandatarios provinciales del PJ plantearon que el presupuesto contenía amplios recortes pero sobre todo le reprocharon que pretendiera quedarse hasta el final del mandato de De la Rúa.
En un marco en el que se mantenían las protestas, como las del viernes 28 de diciembre en el Congreso y los cacerolazos continuos, crecía la tensión con los gobernadores encabezados por el cordobés José Manuel de la Sota, por lo que Rodríguez Saá convocó el domingo 30 a una cumbre del justicialismo en el complejo bonaerense de Chapadmalal. Allí se plasmó el vacío de poder porque solo asistieron 6 de los 14 mandatarios del PJ, y el flamante presidente quedó sin apoyo político, por lo que decidió volverse a San Luis y renunciar por televisión ese mismo día.
Al complejo turístico solo habían asistido el bonaerense Carlos Ruckauf; el riojano Ángel Maza; el formoseño Gildo Insfrán; el salteño Juan Carlos Romero; el misionero Carlos Rovira; la sanluiseña María Alicia Lemme; y el vicegobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, enviado por el gobernador Néstor Kirchner.
Tras una semana en la Presidencia, la renuncia de Rodríguez Saá profundizó la crisis política, ya que también Puerta dimitió la posibilidad de volver al frente del Ejecutivo. De esta manera, el cargo quedó en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, según la ley de Acefalía 20.972. Tras algunas dudas, Camaño fue incentivado por Duhalde para que aceptara la responsabilidad porque el entonces presidente de la Corte Suprema, el riojano Julio Nazareno, había amenazado con asumir ese rol, tal como lo establece la propia norma constitucional de sucesión presidencial si el titular de la Cámara baja no asume. Camaño, quien firmó el lunes 31 de diciembre de 2001 como presidente interino, cumplió con la manda de convocar a una nueva Asamblea Legislativa dentro de las 48 horas para que elija a un presidente hasta que un nuevo mandatario fuera electo por la voluntad popular. De ese modo, Duhalde resultó electo el martes 1 de enero de 2002 por el Congreso y asumió al día siguiente, para gobernar un año y cinco meses, luego de que se convocara a elecciones tras la conmoción política que produjeron los asesinatos de los jóvenes manifestantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en el Puente Pueyrredón.
El mandato de Duhalde finalizó el 25 de mayo de 2003, cuando le traspasó el poder al presidente electo por la sociedad en las elecciones del 27 de abril de ese año: el santacruceño Kirchner.
