Desde el autocuidado personal -desde el instinto y el aprendizaje- hasta la consulta a profesionales y especialistas en diferentes tipos de instituciones, los procesos de atención de salud son muy diferentes.
La oferta y la demanda asistencial se cruza de muchas maneras, incluyendo no sólo el abordaje de enfermos, sino también la prevención, requiriendo de estructuras complejas. Pero no hay un único sistema y enfoque. El control de daños en materia de adicciones es una muestra.
Hoy se considera al consumo de “drogas” (es decir, sustancias químicas con potencialidad para alterar sensiblemente las funciones orgánicas) un problema de salud y un problema penal. Pero sus móviles y sus consecuencias no son tan lineales como en otros problemas sanitarios, y mucho menos, criminales. Los públicos consumidores son muy variados, como el sentido que atribuyen al consumo, las formas de obtener las sustancias, las dosis consumidas o el sentido de pertenencia o exclusión de ciertos grupos por el hecho de consumir.
Dicen los expertos: casi no existe sociedad en la que no hubo o haya uso de drogas, y existen muchos modos de emplearlas y darles un significado. La mera criminalización, solución inicial, fracasó (tal como pasó con la “ley seca” en los EEUU).
Ante el avance irrefrenable del consumo de drogas en todo el mundo, frustrado el modelo prescriptivo que a los tratados internacionales de penalización indiscriminada (la primera conferencia fue en 1909, por el opio), le suma leyes, campañas de negación y acciones de estigmatización, se generan alternativas participativas, concentradas el autocuidado y la prevención en varios niveles (sin consumo, consumos contenibles y consumos graves) que procuran sincerar y clarificar situaciones o soluciones.
Ciertos públicos se ven atraídos por las drogas aunque sean prohibidas y se trata de detectar sus móviles (según el perfil social); construir y circular información efectiva para consumidores o no consumidores; fomentar el conocimiento de aspectos relacionados (tipos, calidades, efectos); prevenir adicciones con datos epidemiológicos ciertos (las estadísticas de consumo de drogas están sesgadas por el hecho estigmatizador); hacer mapas de consumo; etc.
Reducción de daños significa abrir de forma programada el sistema institucional, no sólo la salud, para el público de todos los niveles y de relaciones diferentes con el consumo de drogas, en prevención y atención oportuna buscando mejorar los índices de morbilidad y mortalidad de personas o grupos. Informando y habilitando espacios para estar más cerca del consumidor o consumidora, supervisándolos, con drogas sustitutas provistas por el sistema (que se van reduciendo planificadamente en las dosis), y trabajando en la reducción de problemas conexos personales o sociales de la persona que se atiende. Su fundamento es un renovado enfoque de derechos humanos que impacta, ya en la década de los 80, sobre la despenalización del consumo. Esa entrada en el mundo “legal” del consumidor es central para todo el andamiaje posterior.
Mecanismos
Tienen que funcionar varios engranajes dentro del Estado y fuera de él (las ONG especializadas) para trabajar sobre la persona y construir respuestas con la evidencia. Requiere consenso entre actores institucionales y medios de comunicación (información y formación). Ello es medular al prevenir: mostrando acuerdo para dar un paso adelante y conjunto en la lucha contra las adicciones. Y generar alternativas eficaces para contener.
Trabajan en este campo programas de la OMS, ONU contra las drogas, ONUSIDA, partiendo de que no habrá países libres de drogas en el corto plazo (2004).
Desde 2006 se dictaron directrices internacionales contra VIH recomendando despenalizar consumos y abrir espacios legales para abastecimiento de drogas e inyectables. Para posteriores normas se consideró la evidencia (demostrándose que no aumentan el consumo y mejoran la salud de los participantes, tanto los que se relacionan a inyectables -SIDA y hepatitis B y C, tuberculosis- como el uso de drogas sustitutas).
Entre los países destacan Reino Unido; Suiza, Canadá, Portugal, España, Italia; Francia, Nueva Zelanda, Australia, México, Colombia, Brasil, Vietnam, Costa Rica, Uruguay, Malasia, China (en respuesta al VIH), Irán (en cárceles), Cuba, Sudáfrica, Indonesia. La casuística es diferente porque lo son las sociedades y los móviles que llevan al consumo. Lo que funciona es una combinación entre niveles jurisdiccionales: decisiones tomadas de arriba hacia abajo, pero experiencias logradas de abajo hacia arriba (para entender necesidades socioculturales y de salud de participantes).
Hay mucho por hacer: apenas 80 de los 158 países que documentan consumo de drogas inyectables dispone de por lo menos un centro en el que se ofrezca tratamiento de sustitución de opiáceos. Solo 43 países disponen de programas en las cárceles. Hay programas de suministro de agujas y jeringas en 90 países, y 12 proporcionan el estándar de 200 agujas estériles por persona/año
En Argentina rige la ley de estupefacientes 20.737, una norma desactualizada, represiva, ligeramente ablandada por la jurisprudencia, pero el tópico aparece en la reglamentación de la ley de salud mental 26.657, y luego en la ley de abordaje de consumos problemáticos 26.934. Si analizamos documentos de la ex Sedronar, aparece el título, pero no hay experiencia institucional relevante.
El último estudio sobre consumo en el país data de 2017 (grave falla): un 17,4 de la población entre 12 y 75 años dijo haber consumido marihuana y un 5,3 cocaína (51 fumado tabaco y 81 consumido alcohol).
Expertos ponderan el control de riesgo como alternativa válida, bien organizada. No debe confundirse con la legalización de la droga (producción y comercialización). En todo municipio o provincia hay estructuras aprovechables para organizar sistemas de control de daños. Pero debe trabajarse mucho para articularlas e imbuirlas de esta filosofía, con prudencia y gradualidad. Sobran experiencias para estudiar.
En Morón lo intentaron, dictando una ordenanza y el inicio de acciones informativas con sentido preventivo. Evidentemente no articuló lo suficiente (tampoco está clara la estructura con que cuenta para confirmar si hablamos de control de daños realmente). Pero generó un revulsivo interesante.
