La educación cae en picada desde hace décadas. En un año electoral, posturas extremas cuestionan, inclusive, la vigencia de un sistema público comprensivo de todos los niveles. Los sectores altos optan por la educación privada. Los medios y bajos (si pueden) eluden la alternativa estatal. La pandemia multiplicó la crisis.
La Constitución postula la vigencia de derechos y deberes asociados a la educación; pero los indicadores ratifican el deterioro, ¿se trata de un proyecto social y político vigente, o es otra abstracción?
Frente al empobrecimiento constante, se cayó en la cuenta de que una confianza irreversible en la democracia para avanzar en este campo (como defendía Alfonsín) debía ser complementada por otras medidas: Congresos Pedagógicos; leyes educativas nacionales y provinciales; transferencias de escuelas entre jurisdicciones. ¿Cuán efectivas fueron esas estrategias?
Los sistemas educativos triunfantes en el mundo se basan en la accesibilidad y la universalidad, pero exigen calidad. Los planteos conceptuales y materiales de la educación (a fin de garantizar la movilidad social ascendente) deben cotejarse con los resultados. No es “bilardismo”: es sentido común. ¿Ya no atrae estudiar para luego trabajar? ¿La educación dejó de incidir en la comunidad? ¿La escuela ya no estimula la formación, no entrena capacidades, no estimula la inteligencia?
Revisando datos nacionales, suenan las alarmas.
Según las tendencias-país (datos obtenidos del diagnóstico “Argentina 2030”):
– la cobertura inicial y primaria es aceptable, comparada con la media regional (en caída); pero se incrementó la repitencia y la sobre-edad (con brechas que se multiplican por 4 entre las jurisdicciones de mejor y peor performance);
– se incumplió la meta de alcanzar el 30% de escuelas con extensión horaria (sólo se alcanzó el 17%);
– crece la asociación entre vulnerabilidad y problemas de aprendizaje.
En el nivel secundario, crucial para la integración de la persona al mundo del trabajo, la mitad del alumnado no culmina en tiempo. La tasa de matriculación es de poco más del 56% (Chile está en el 62% y Uruguay en el 82%). Abandona un 10% por cada año. Un tercio de los alumnos tiene sobre-edad.
Las pruebas PISA han puesto a los alumnos argentinos entre los diez peores (de aproximadamente 70 países), siempre por debajo del promedio regional. También se destaca la migración de alumnos del sistema estatal al privado, que en algunas provincias supera el 40%.
Y por casa
En Córdoba viven casi cuatro millones de habitantes, de los cuales el 25% utiliza el sistema provincial educativo. Un porcentaje similar al de CABA. Las instituciones públicas o privadas suman 122.554 docentes, para 5.514 instituciones.
En algunos tramos, la oferta estatal supera a la pública (en inicial y primaria, por ejemplo, la triplica). Pero en el nivel secundario son muy similares (en cantidad de instituciones y de alumnos).
¿Adivine en dónde la repitencia y la sobre-edad son menores? ¿Por qué? Otra señal preocupante: en el sistema provincial la oferta educativa privada superior (arancelada y en gran parte sin aportes públicos), es mayor a la pública (aunque ésta tiene más alumnos).
Un último dato: los departamentos Minas, Pocho y Tulumba no presentan oferta educativa de nivel superior. En Sobremonte aún no hay egresados en dicho nivel.
Estructurado por “finalidades”, dentro de las “sociales”, Córdoba destina alrededor de un 27% del presupuesto a la función “educación y cultura”, incluyendo funcionamiento de escuelas de todo nivel; aportes al sistema de gestión privada; boleto educativo gratuito; PAICOR, formación profesional; y aportes a la Agencia Córdoba Cultura.
Hacia el interior del sistema, emerge una compleja burocracia (funcionariato, comisiones, inspectorías…) A evitar sus crujidos se ha dedicado especialmente una élite que, por muchos gobiernos peronistas (cuatro de los seis mandatos consecutivos) se mantuvo sin cambios. Proveniente del sindicalismo, el ministro Walter Grahovac lideró un equipo de colegas gremialistas cuyas principales bajas se fueron produciendo por jubilación (Carlos Pedetta, Enzo Regali), más técnicos que se ensamblaron (Carlos “Beto” Sánchez, proveniente de las escuelas privadas), sobreviviendo actualmente la veterana Delia Provinciali.
Allí hizo experiencia el hoy secretario de Educación municipal, Horacio Ferreyra, un técnico con vuelo propio que ambiciona el sillón de Grahovac.
La gestión ha sido predecible cada año: histeriqueo con los gremios -cada vez menos dóciles en las bases de delegados- al iniciar las clases; acuerdo; cambios ligeros para que nada cambie tanto. Resultados: media tabla (una buena manera de comparar en serio sería medir el “ODS 4 -educación de calidad”, como lo hace Uruguay).
¿Qué hará Llaryora, de triunfar? ¿Promocionará a Ferreyra? ¿Traerá a un “tapado” (algunos hablaron de Martín Gill, tras el acuerdo alcanzado con el villamariense, pero hoy esa opción está fría) ¿Mantendrá el actual esquema (Grahovac tiene línea directa con el llaryorismo)?
En tanto, ¿qué ofrece Juntos por el Cambio? En la semana se realizaron anuncios por Luis Juez, en el marco de un plan para la clase media. La ex secretaria municipal mestrista, Brenda Austin, sería su ministra. Prometen buscar a “los pibes que dejaron la escuela” (no está claro cómo, aunque la iniciativa es valiosa), y refaccionar edificios (según Juez, casi 500 escuelas “están en ruinas”). Prometió invertir el 35% del presupuesto en el ramo, y otorgaría, en lo inmediato, un salariazo docente. Habló sobre vinculación entre educación secundaria y mundo del trabajo (lo que ya existe, incluso sobre la base del mismo programa “Primer Paso” que hoy se aplica). No parece que la demagogia y los lugares comunes, sean la mejor propuesta frente a las difíciles circunstancias por afrontar.
Esperamos que, en las pocas semanas que quedan hasta la elección, los candidatos y sus equipos expliquen cómo salir de la pendiente educativa, asolada por la irresuelta crisis económico-social que impacta sobre la predisposición de los educandos. Pero también afectando el interior de un anticuado sistema, en planos como la formación y disponibilidad del plantel docente, carencia de incentivos, inconsistencia de los proyectos institucionales, escasa formación de formadores, actualización dispersa e insuficiente, crisis del rol directivo, dificultades para organizar redes de información, escaso avance de la digitalización, entre otras -muchas otras- cosas.