El 14 de mayo, la Estatua de la Libertad amaneció con una bandera verde de 10 metros colgando del pedestal con la insignia “ABORTION = LIBERTY”. Ese día, miles de personas se manifestaron en Nueva York y otras grandes ciudades de todo el país luego de que se filtrara la noticia de un inminente vuelco de la Corte Suprema respecto del caso Roe v. Wade, que habilitó la legalización del aborto 50 años atrás. Activistas del movimiento NARAL Pro-Choice consideran que la anulación de dicha ley disparará en 26 estados (de los 50) una “ley gatillo” que prohibirá el aborto.
Los feminismos de Latinoamérica y el Caribe miran de reojo lo que sucede en Norteamérica mientras militan por mantener y ampliar derechos en su región. “Lo que pasa en EEUU es una respuesta de los sectores contrarios al avance de los derechos de las mujeres y las personas con identidades diversas que pueden decidir abortar y es una avanzada reaccionaria, y por eso son tan importantes las articulaciones que generamos a nivel regional para acompañar esas luchas; no por nada nos seguimos movilizando por los procesos que suceden en los otros países,” alerta desde Argentina, Martina Ferretto, articulante nacional por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en Argentina, compuesta por 700 organizaciones y activistas de diversos ámbitos. “Despenalizar y legalizar el aborto es una demanda que se trae de los feminismos latinoamericanos y caribeños desde finales de los 80, principios de los 90.”
El mundo occidental se encuentra en constante avance y retroceso en materia de derechos abortivos; Latinoamérica y Caribe no son la excepción. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sigue de cerca la legislación que se va generando a través del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. En materia legislativa hubo pocos cambios importantes en la región en las últimas décadas. Sin embargo, los movimientos por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo estuvieron en crecimiento constante y la olla a presión comenzó a humear en años recientes.
Cuba fue la primera; la Guyana Francesa aplica la legislación que le llega desde París. Allí, el aborto es legal en cualquier supuesto hasta las 12 semanas y también está incluido en el sistema de seguridad social. Aún con la pandemia haciendo estragos, Argentina fue epicentro de la “Marea Verde”. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles y lograron que el parlamento apruebe, en diciembre de 2020, una ley histórica, que admite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 14 semanas de gestación. La ley sancionada salió del Poder Ejecutivo, pero se presionó fuertemente desde los movimientos feministas y la sociedad en su conjunto para que llegue a buen término.
Aprobada la ley, la campaña ahora se aboca a consolidar la despenalización social y velar por su implementación y cumplimiento.
Uruguay despenalizó el aborto en 2012 y permite realizarlo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La ola llegó en poco tiempo a Chile, donde se impulsó un proyecto de reforma para despenalizar el aborto. Si bien fue rechazada en el congreso, hay esperanzas depositadas en la Asamblea Constituyente, que en marzo aprobó incluir la IVE en el proyecto de la nueva Constitución, destinada a reemplazar la Carta Magna, aún vigente desde la dictadura de Pinochet.
Otro reciente se logró en Colombia el 21 de febrero de este año. La Corte Constitucional sumó al país al club de Estados que despenalizaron el aborto. El fallo habilita la interrupción del embarazo hasta los 6 meses de gestación. En este caso, la demanda surgió del movimiento Causa Justa, una coalición que aglutina 90 organizaciones feministas. La Mesa Por la Vida y la Salud de las Mujeres acompaña legalmente a las niñas y adultas que quieran realizar un aborto dentro del sistema público de salud cuando se enfrentan a esas barreras. En el resto de Sudamérica, las mujeres de la región deben conformarse, por ahora, con poder abortar, solo ante más o menos justificativos como violación, inviabilidad del feto o peligro de muerte para la embarazada. Cada país determina bajo qué circunstancias o causales el aborto está despenalizado y en cuáles se considera delito y está castigado por sus códigos penales.
Brasil es uno de esos casos. Denise Mascarenha es Coordinadora Ejecutiva de Católicas pelo Direito de Decidir (CDD) Brasil, una organización feminista de mujeres católicas que comenzó en los 90 al percibir cómo las iglesias históricamente utilizaron estructuras opresoras como el patriarcado para reproducir opresiones, principalmente contra las mujeres. Dice: “La influencia de la iglesia católica en la política de América Latina es un hecho, sus representantes siempre crearon alianzas para mantener y reforzar una agenda política enfocada en las cuestiones de moralidad sexual y en defensa de la heteronormativa. En 1940, cuando el código penal fue votado por el Congreso Nacional, hubo una fuerte incidencia de representantes católicos y evangélicos en la tentativa de criminalizar totalmente el aborto. Nosotras defendemos que las persona tengan el derecho a decidir sobre sus vidas y que el estado garantice a través de política, ese derecho.”
La legislación mencionada por Denise descriminaliza el aborto solo en casos de violación o estupro y cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Recién en 2012 el Superior Tribunal Federal incluyó un tercer “permisivo” en caso de anencefalia, cuando el feto no tiene chance de supervivencia. “Esa legislación tiene diversas barreras para que ese derecho sea reconocido en la práctica. Actualmente, cada 20 minutos una niña se convierte en madre producto de violencia sexual. La criminalización social del aborto y la naturalización de la violencia contra niñas y mujeres contribuyen a este escenario. En 2020 tuvo repercusión nacional los casos de dos niñas, que aún con derecho al aborto legal, precisaron recurrir a la justicia para acceder a ese derecho. Son violencias que se desdoblan en otras durante la vida de esas niñas.”
La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia no sólo mantuvo el estatus quo, sino que además constituye una amenaza de retroceso. Denise Mascarenha agrega: “En la actual legislatura hubo una fuerte incidencia en el Congreso Nacional para intentar criminalizar totalmente el aborto, así como diversos retrocesos en las políticas públicas para mujeres, población negra y LGBTQIA+. Toda la estructura, acceso y reconocimiento de los Derechos Humanos en el país fue desmantelada.”
En el horizonte centroamericano, las únicas mareas perceptibles son las de la época de huracanes. El Salvador se destaca, no solo por su excéntrico presidente, Nayib Bukele y la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, sino también por ostentar una de las legislaciones más duras de la región y del mundo en materia de interrupción del embarazo. Desde la década del 90, la Constitución considera al feto como ser humano desde la concepción. Abortar cuando la vida de la mujer corre peligro e incluso cuando hay un embarazo ectópico, es considerado un crimen “agravado por el vínculo”. Las víctimas, en lugar de conseguir atención médica, pueden recibir penas de hasta 40 años de prisión. Las mujeres de Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana corren suerte similar. No tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y los profesionales que practican el acto médico son penalizados.
En territorio mexicano, la situación es compleja, pero ha habido avances recientes. El aborto es derecho o delito, según dónde se vive, lo que hace que algunas mujeres deban desplazarse largas distancias para interrumpir sus embarazos no deseados. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de México votó a favor de despenalizar el aborto en el Estado de Coahuila, sentando un precedente judicial que podría contagiar al resto del país. Por lo pronto, está permitido durante el primer trimestre de embarazo en el DF, Hidalgo, Oaxaca, Baja California, Colima y Veracruz, Sinaloa y Guerrero.
Está claro que son los hechos y no una ley per se, lo que garantiza un derecho. A pesar de la legislación vigente, los distintos movimientos conservadores presionan para que los embarazos no deseados lleguen a término y, para lograrlo, cuentan con importantes recursos políticos, económicos, sociales y religiosos.
Si bien ha habido ciertos avances desde 2017 con todo lo que fue la marea verde que se terminó de generar en esos años, producto de un montón de años de trabajo subterráneo, es importante poner el tema en la agenda. Ahora, depende de las legislaciones de los países, hay mayores avances, mayores reconocimientos y mayores garantías.