Debe admitirse que el título de esta columna luce exagerado, porque en rigor de verdad lo que el Congreso de la Nación atraviesa en la actualidad es una situación de semiparálisis, es decir, de insuficiente actividad o de escasa productividad en materia legislativa. Los números grafican claramente esta realidad: en 2022 se sancionaron apenas 36 leyes, un resultado magro si lo comparamos con los 186 proyectos aprobados en 2002, o los 197 de 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
Es evidente que la fuerte polarización y la falta de acuerdos entre los distintos bloques está dificultando el normal funcionamiento de ambas cámaras. Así, enmarcado en un clima de creciente tensión, Diputados sesionó solamente 15 veces durante 2022 (incluyendo la Asamblea legislativa del 1° de marzo); el promedio es pésimo, a razón de una sesión cada 24 días. Un dato más: todas fueron sesiones especiales, con un temario acordado previamente entre las autoridades de los distintos bloques; de lo contrario, ha resultado imposible sesionar. La situación en el Senado es muy similar; no desconocemos la labor que se realiza en el seno de las comisiones, pero ésta es sólo una parte del trabajo.
El cuadro se torna más dramático si se tiene en cuenta que los años pares (o sea, los años no electorales) suelen estar signados por una actividad legislativa más intensa. En este aspecto 2022 fue la excepción. Y las perspectivas para el 2023 no son muy alentadoras, porque los años impares, en especial, aquellos en los que se eligen presidente y gobernadores, están centrados en la campaña electoral y los legisladores pasan más tiempo en sus provincias, olvidando (o postergando) su función esencial que es la de legislar. Es como si todas las energías se volcaran a la lucha por el poder, para acceder o llegar al poder; y luego, acabada esa lucha, ya con el objetivo cumplido, estando en ejercicio del poder las energías se tornan raquíticas. Y las ideas también.
A principios de 2022 el presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias para tratar más de una docena de proyectos, pero, finalmente, ninguno de ellos llegó a ser debatido en el recinto, porque no se concretó ninguna sesión extraordinaria y el período se consumió, con muchísima pena y huérfana de toda gloria. Aquel fracaso político del Gobierno marcó el clima reinante en el Parlamento. Y ese mismo fracaso podría llegar a repetirse este año.
De lo que no hay dudas es que la decisión de sumar al pedido de juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema, los proyectos para ampliar de 5 a 15 el número de sus integrantes y reformar el Consejo de la Magistratura, contribuyó a agregar más combustible al fuego de la polarización. Precisamente esta grieta es la que hoy mantiene al Parlamento en estado vegetativo. En este sentido, desde el principal interbloque de la oposición ya anticiparon que no participarán del debate de ninguna ley mientras el Ejecutivo continúe con su “ataque al Poder Judicial”. Una vez más se confunden los roles y las funciones. “No vamos a sentarnos a debatir con quienes quieren llevarse puesta la Corte Suprema”, aseveró Cristian Ritondo desde sus redes sociales, inmediatamente después que la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, detallara el contenido de los 27 proyectos de leyes enviados al Congreso desde la Casa Rosada. De todos ellos, ¿cuántos podrían ser sancionados esta vez? El pronóstico es oscuro.
Para el oficialismo, Juntos por el Cambio utiliza los proyectos de la agenda judicial como excusa para mantener cerrada la Casa de las leyes. Sin embargo, esta agenda juega también un rol importante en la interna del Frente de Todos. Y dado que ninguno de esos proyectos (incluido el pedido de juicio político) tiene chances reales de ser aprobado en Diputados, los cuestionamientos al Poder Judicial (que son por demás razonables) deben ser interpretados en clave electoral, como parte de una estrategia política. Si esa estrategia es la correcta y le brinda los resultados esperados al Gobierno, es algo que se develará en los próximos meses.
Todo parece indicar que la dinámica del trabajo parlamentario tenderá a empeorar durante 2023. La grieta, que perjudica y dificulta aquel trabajo al límite de dejarlo semiparalizado, no hará más que profundizarse a medida que pasen los meses y vaya levantando temperatura la campaña que inicia su cronograma el 12 de febrero, con las primarias en La Pampa, y continúa a partir de abril con los comicios de Río Negro, Neuquén y las demás provincias, para concluir recién en octubre y noviembre, con las dos vueltas previstas para las presidenciales. Serán 10 meses atiborrados de conflictos y tensiones, en los que seguramente se resentirá aún más la actividad legislativa. Ya se sabe que, en tiempos de elecciones, las leyes deben esperar.
