Los sobrecostos son tema de debate desde hace varias décadas. Los neoliberales los atribuyen a la mano de obra y al Estado; los Nac&Pop, a los sobrecostos financieros y empresarios, incluidos los monopolios. Pero hay otros de los que nadie se hace cargo. Parece que las ideologías e intereses sectoriales juegan su juego impidiendo un debate que avanzaría sobre las causas estructurales de la inflación, la escasez de divisas, la distribución del ingreso y la riqueza en búsqueda de un desarrollo eficiente, eficaz y sostenible.
La producción es fruto de sueldos, salarios, beneficios, intereses, rentas de inmuebles, utilidades empresarias, los insumos de su cadena de valor y los impuestos. Todos ellos, en la puja distributiva, pueden ser causas de sobrecostos. Para que no lo sean deben mantener cierto equilibrio con los que existen en otros países a un valor equivalente de poder adquisitivo.
Según las cotizaciones diarias elaboradas por el BCRA sobre el tipo de cambio multilateral, que compara la relación de poder adquisitivo el dólar oficial de Argentina con el de otros países a los que exportamos, al final del 2021 el peso está subvaluado un 32% respecto del real brasilero, 12% respecto del dólar estadounidense, 16% con el yuan Chino y 16% con el euro. A pesar de que en el último año se atrasó un 18% respecto del fin del año anterior, con lo que podemos concluir que todavía es un precio competitivo.
Los salarios, con ese dólar oficial, en Argentina están debajo de los valores de la mayoría de los países sudamericanos a los que normalmente superaba. O sea, a pesar de los reclamos opositores y de agrupaciones empresarias para bajar el costo laboral, eliminando indemnizaciones por antigüedad o conquistas sindicales, existen ventajas sustanciales en el costo laboral para que las empresas exporten y/o reemplacen nuestras importaciones de esos países, que son nuestras principales referencias en el comercio exterior.
En cuanto a costos impositivos del Estado, si bien los valores teóricos y nominales son altos, las exenciones, reembolsos, promociones hacen que en las empresas exportadoras su valor sea de entre 17% y 20% del valor agregado, llegando a superávits fiscales en empresas que han realizado planificaciones fiscales agresivas, que en los hechos significan fuga y endeudamiento externo que pagan intereses exentos de impuestos.
Esas empresas exportadoras exponen pérdidas en sus balances publicados si están muy endeudadas, o importantes resultados para sus accionistas si no lo están, a la vez que varias de ellas son las que más aumentaron sus precios en el mercado interno en el último año. Por lo que podemos afirmar que, el capital propio y/o de terceros tiene un importante sobrecosto sea por utilidades empresarias y/o por costo financiero.
De este modo podemos afirmar que los sueldos, salarios y costos impositivos no son (al menos para los exportadores) sobrecostos del país, sobre todo si consideramos que, en 2020, las 200 empresas más grandes concentran el 91,6% de las exportaciones, lo que les daría la razón a los “nacionales y populares” respecto de la concentración del mercado exportador.
No obstante, en el mercado interno son otras las razones y argumentos que explican los sobrecostos.
El factor de la producción que más sobrecostos agrega es la renta inmobiliaria, sobre todo por su grado de informalidad o evasión en el alquiler de locales comerciales. En el comercio de bienes eso está cambiando a partir del comercio electrónico que no requiere de locales. Sin embargo, en servicios, comercios de cercanía o de paso, en avenidas principales, zonas turísticas o de esparcimiento en donde la localización es clave, los sobrecostos inmobiliarios son el principal factor de los sobrecostos que habitualmente pagamos.
En esos ámbitos, la subfacturación –facturación en negro- que evade los altos impuestos que el Estado pretende, configura un círculo vicioso que incluye trabajo no registrado, precario y de baja calidad y productividad.
La proliferación de pequeños comercios, como verdulerías, carnicerías, almacenes, todos de bajas exigencias de capital de trabajo y altísima informalidad tributaria y laboral, son una muestra del sobrecosto que suman esas unidades comerciales. En algunos casos el sobrecosto es fruto de cartelizaciones en Cámaras empresarias –GNC, o colegios profesionales que fijan “precios mínimos” y la vez restringen el ingreso de nuevos actores o presionan a los que compiten bajando los precios. Así, la competencia por precio desaparece –salvo honrosas excepciones- ya que las grandes superficies aprovechan esa ineficiencia para fijar sus precios en productos de alta rotación, lo que retroalimenta la inflación en ABL –alimentos, bebidas y limpieza- en detrimento de los consumidores.
Para que ello no ocurra y se sostengan la mayoría de esos comercios pequeños –especialmente los explotados por sus dueños y grupo familiar- es necesario: 1) Facilitar a emprendedores su formación en cooperativas de trabajo desde tres miembros; 2) Generar procesos colaborativos y/o cooperativos transparentes en el abastecimiento que acorten y abaraten sus costos, como compras conjuntas en línea, a través de centros mayoristas cooperativos o mutuales; 3) Bajar los costos tributarios y administrativos que hoy promueven su precariedad, marginalidad y precarización; y 4) Planear redes, franquicias o asociaciones de comercios que aumenten su valor simbólico –de marca-, organizativo y su capacidad de negociación individual por locaciones bien ubicadas.
Parte de esas medidas está en marcha –las cooperativas de trabajo de emprendedores y los procesos colaborativos y/o cooperativos de abastecimiento- otros en un buen camino –baja de costos tributarios y administrativos- y aún es un desafío las redes, franquicias o asociaciones.
No hay cambio virtuoso si no se cambian sistemas y herramientas que modifican las costumbres organizacionales, y no hay cambio sostenible si eso no produce un cambio cultural en base a la esperanza que permita creer en un mundo mejor.
