Desarrollado en Europa en la alta Edad Media (siglos XIV y XV), el feudalismo reemplazó la esclavitud por un contrato entre vasallos y señores; mediante ese contrato, el “señor” concedía un territorio al vasallo, a quien le daba protección local ante posibles invasiones; a cambio, éste se sometía a diversas obligaciones económicas, personales y familiares. A su vez el señor feudal solía tener la protección del Sacro Imperio Romano-Germánico.
En estos días, la oposición de las provincias en las que gobierna el peronismo reitera el término de modo descalificante a su legitimidad, sin dar muchas explicaciones sobre lo que las caracterizarían como tales.
Algunas de ellas se refieren a la elegibilidad sin límites de sus gobernadores que impide la alternancia. Como consecuencia de ello, se les atribuye falta de republicanismo por el dominio del Poder Legislativo, Poder Judicial y Medios de difusión locales.
De algún modo esas afirmaciones también descalifican a los ciudadanos, que, como los vasallos, cederían gustosos sus derechos ante el señorío feudal; lo que pone a esos partidos en contradicción con quienes serían una buena parte de sus potenciales votantes.
La caracterización de las “provincias feudales” basadas en la falta de alternancia, republicanismo (división de poderes) y con control de medios de difusión tiene contradicciones, a poco que se miren otras provincias no peronistas, dominadas por partidos locales (como Neuquén, Misiones o Rio Negro), o inclusive aquellos distritos dominados por la propia oposición al peronismo, como la ciudad de Buenos Aires, Mendoza o Corrientes.
Ellas muestran que, aún con candidatos cambiantes o rotativos que se suceden sin solución de continuidad, el poder de los partidos de gobierno que permanecen logran monopolizar las mayorías legislativas, designado muchos jueces y fiscales favorables, y controlar -con la pauta oficial- a los medios masivos locales.
Es que la mera alternancia de nombres en los poderes ejecutivos y legislativos provinciales no produce discontinuidades de las redes de influencia a las que suele atribuírsele corrupción, mucho menos cuando las contrapartes empresarias, mediáticas y judiciales son vitalicias.
No parece entonces que las oposiciones nacionales puedan tirar la primera piedra respecto del feudalismo de las provincias que no controlan, sobre todo porque la búsqueda de hegemonía es un factor común de todos los partidos políticos.
Es que la democracia siempre es un modelo en construcción, donde los vasallos dejan de serlo y se convierten en ciudadanos, si y sólo si pueden tener las libertades, información y discernimiento para participar con autonomía, y deciden hacerlo controlando socialmente a los partidos y gobiernos.
Una forma más simplificada de definir el feudalismo es caracterizarlo como aquel sistema en el que las personas cedemos voluntariamente nuestros derechos –a la intimidad, la libertad, el anonimato- ante el miedo, del que el “señor” dice protegernos.
Eso no es más que lo que ocurre entre nosotros y las redes sociales, en donde aceptamos que, con sus herramientas de identificación, seguimiento y algoritmos, controlen nuestro comportamiento y nuestras opiniones. Por lo que pueden considerarse un nuevo feudalismo global, que mediadas por la “nobleza” del poder económico y político-gubernamental usan esa información que pagan por nosotros ese señoreaje que nos somete.
Así, las redes sociales serían los antiguos reyes del poder feudal y las empresas y gobiernos que utilizan sus tecnologías e información su nobleza, que, en distintos estratos, controlan territorios y a nosotros que vivimos en ellos.
Esta distopía feudal contemporánea, que parecía imposible hace pocas décadas, es una realidad, en especial en los nativos digitales –“millenials” y “centenials”- que no tienen referencias de aquellos sueños de privacidad, libertad, fraternidad e igualdad que teníamos desde fines del siglo XVIII, y creímos eternos hasta hace poco tiempo.
Entre aquel feudalismo medieval y este feudalismo contemporáneo han pasado muchas cosas, pero su esencia no ha cambiado: el control territorial que vemos reiteradamente mencionar en el ámbito económico, y político-gubernamental cada vez que se habla de monopolios o elecciones sólo ha cambiado en sus formas de imposición.
Michel Foucault hablaba, en los años 70, de “control y castigo”; Zigmunt Bauman hablaba en los 90 de “miedo”; y Byung-Chul Han habla hoy de “seducción”: todas formas de controlar e inducir comportamientos favorables a las élites que manejan territorios, cual nobleza feudal contemporánea.
