Nuestro Poder Judicial se construyó como poder vitalicio, contramayoritario, y ha funcionado y funciona en muchos aspectos con lógicas monárquicas, por ende, con ciertos privilegios injustos en Democracia. Baste señalar que no pagan el impuesto a las ganancias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó la Acordada 20 (1996), en la cual, con invocación de sus poderes implícitos “para salvaguardar la independencia judicial”, lo decidió. Dada la postura inamovible de la CSJN, posteriormente, por la ley 27.346 (2016) se estableció que deben pagar el impuesto los magistrados y funcionarios cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de 2017. Lo que dejó en evidencia lo inconsistente del razonamiento que usa la CSJN.
Asimismo, ¿por qué, a través de un fallo de la CSJN en el caso “Gutierrez, Oscar” (2006) se determinó que los jubilados de la Justicia no paguen el impuesto a las ganancias, cuando ya no ejercen y no hay independencia que cuidar? Además, el criterio se generalizó para todos los y las jubilados/as del Poder Judicial.
A su vez, los/as magistrados/as tienen, desde el primer día de trabajo, 41 días de vacaciones o ferias al año, (31 días en enero, más 10 días en julio). ¿Se justifican tantos días? ¿No sería suficiente con la feria de enero? ¿No cabría utilizar la llamada feria de invierno de 10 días para realizar tareas internas y poner al día el trabajo de los tribunales?
También el perfil monárquico se evidencia colonizando los sentidos, al encontrarse los máximos órganos judiciales, generalmente, en “Palacios”, y se los denomina como “Cortes”.
El proceso democrático que comenzó en 1983 no logró torcer muchos de los defectos de la arquitectura institucional del Poder Judicial. Con la reforma de la Constitución de 1944, se agregó que debían retirarse al cumplir 75 años, sin embargo, muchos miembros no cumplieron, particularmente integrantes de la CSJN, como Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco.
Aún más, esa reforma estableció el Consejo de la Magistratura para el nombramientos y remoción de los jueces y juezas, pero aún hoy dicho organismo no ha conseguido en su tarea la legitimidad operativa necesaria. En muchos casos ha sido y es un estorbo para conformar un Poder Judicial técnica y humanamente apto para las necesidades de justicia existentes.
En estos 40 años, luego de haberse encarado el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la Dictadura, se dieron retrocesos graves, con las leyes de obediencia debida y punto final. Después, se dictó el indulto que favorecía a los responsables de delitos de lesa humanidad.
Al integrar la Cámara Federal de Córdoba, en 1989, declaré la inconstitucionalidad de oficio de dichos indultos. Luego, dado que la mayoría de los otros magistrados del país convalidaron los indultos, renuncié al cargo de juez, por entender que la impunidad que se consagraba hería gravemente la conciencia moral de la justicia, ya que grandes criminales de lesa humanidad quedaban libres e impunes. Posteriormente hubo un nuevo avance, y se logró realizar juicios necesarios en memoria, verdad y justicia.
No obstante, de manera agazapada, el Poder Judicial se prestó a retrocesos, como fue el fallo dictado por la CSJN al determinar el cómputo de dos días de prisión por cada día de detención de delincuentes de crímenes de lesa humanidad. Tuvo que salir el pueblo a protestar para que se retrocediera en el criterio.
Después, con el tiempo, salió a la luz una lógica mafiosa desde la que aparece el llamado “Partido Judicial”. Funcionamiento basado en un maridaje entre importantes intereses económicos, grandes medios de comunicación, y cierto poder político. Así, desde posverdades, se dieron sustento mediático al “lawfare” (guerra judicial). Lo que operó y opera en beneficio de grandes intereses, contrarios al bien común y a lo que es justo de acuerdo a la ley.
Resulta urgente ampliar la conformación de la CSJN, de acuerdo al proyecto de ley con media sanción del Senado, que busca conformar un tribunal de 15 miembros, garantizar la presencia igualitaria de la mujer (que ahora no existe en el tribunal), y posibilitar mayor actuación de los ministros en las decisiones y no la gran cantidad de delegación de funciones que existe. Baste referir que la Corte resuelve 17.000 casos al año, con un promedio de 80 casos diarios, lo que torna imposible que sepan los jueces lo que firman. Hay más de 200 personas que proyectan las sentencias que, en definitiva, en muchísimos juicios son los que, en los hechos, deciden.
Lamentablemente, en este período democrático, si bien hay muchos jueces y juezas que merecen el máximo respeto en su tarea, no se ha logrado superar un Poder Judicial que ha operado como impiadoso con los débiles y genuflexo con los poderosos.
