Desde las “Bases” de Alberdi, el sistema federal fue reivindicado en las palabras. En 1853 la constitución de la Federación Argentina obtuvo ese espíritu. Pero pocos años después en 1860, la incorporación de Buenos Aires a la República Argentina cambió su contenido y prácticas que provocaron una híper concentración geográfica, hasta que, en 1994, el Pacto de Olivos consolidó un sistema híper presidencialista y concentrado de poder y recursos, que hoy lamentamos en el interior y disfrutan en la Capital y parcialmente en su conurbano.
En el mundo sólo 28 países pueden ser considerados federales –en distinto grado y con variadas autonomías de sus provincias, comunidades o regiones-. Los más notables son los más grandes –Canadá, EEUU, Rusia, Brasil, Australia o Argentina-, pero también otros pequeños –España, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y algunos africanos o asiáticos-
Los sistemas federales tienen ventajas en un marco de diferenciación y autonomía, siempre que ello no derive en opciones separatistas o en un dominio excesivamente concentrado de la federación.
En nuestro país, los “pactos preexistentes” dieron lugar a una Federación, que a los pocos años se modificó con la incorporación de Buenos Aires en el Pacto de San José de Flores (1959), y, especialmente luego de la Batalla de Pavón, que ganaron los porteños, pero conservando las provincias “las facultades no delegadas”, aunque el modelo agroexportador y el desarrollo económico posterior lo desfiguró, por las rentas que producía ese modelo en el gobierno federal y un sistema presidencialista.
Por si fuera poco, en el Pacto de Olivos (Menem y Alfonsín) y la reforma constitucional de 1994 resultante, a cambio del 3° Senador por la minoría, estableció la elección directa del Presidente y Vice –antes era por un colegio electoral, similar al de EEUU-, la potestad de éste de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con lo que se le concedió capacidad legislativa y lograr, con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, la “mayoría automática” que sufrimos en los 90.
Así se consolidó un sistema institucional y económico en donde el sistema federal se convirtió en una comedia de sí mismo y un drama para las provincias, en donde muchos de los que apoyaron esas decisiones, hoy se quejan de sus consecuencias.
Es evidente que si el 70% de los votantes a Presidente y Vice viven entre el norte de Rosario y el sur de La Plata, ninguno de ellos dejaría de privilegiar todo o parte de ese sector de la geografía nacional, por lo que resulta extraño que resulte extraño (valga la redundancia) que así se evalúen los subsidios a la distribución de energía (eléctrica y gas), transporte, etc., en CABA y el Gran Buenos Aires (GBA).
Así, cualquier intento de recuperar aquel espíritu federal, colisiona con el poder concentrado geográficamente, en el que se benefician los ciudadanos, empresas y gobiernos de esas regiones.
Por ejemplo, las propuestas de traslado de la Capital Federal, o la propuesta de los gobernadores de una Corte Suprema de 24 miembros –uno por cada provincia y CABA- han sido y son intentos infructuosos de recuperar aquel espíritu, más allá de las críticas fundadas de algunos de sus aspectos.
En lo político, la cantidad de bancas en la Cámara de Diputados y su distribución por provincia requiere un cambio en donde CABA disminuiría su número, mientras que las demás lo aumentarían, según datos de cualquiera de los últimos censos.
En lo económico, son reiteradas las quejas de las provincias más desarrolladas por la distribución de los recursos coparticipados –cuya ley debiera ser modificada según lo dispone la constitución, pero que obviamente no logra el acuerdo unánime exigido-.
Mientras tanto Buenos Aires -19,93% de coparticipación, 12% del territorio, 40% de la población y 43% del PBI-, se queja no sin razón de la cesión de su coparticipación, que hizo durante los gobiernos de Alfonsín y Cafiero, que se ha intentado cubrir con “el fondo del Conurbano” y la recuperación de los recursos nacionales dispuesta por decreto en 2016 y transferencia a Buenos Aires en 2020.
En ese sentido en el litigio planteado entre CABA y el gobierno nacional –a la espera de una resolución de la Corte Suprema- ha recibido el apoyo de todas las provincias no gobernadas por JXC, excepto Córdoba.
Pero el problema es más profundo si se consideran todos los desembolsos que hace la Nación en CABA que es por lejos -si se consideran todos ellos, o sea gastos de Ministerios y Entes descentralizados, sueldos pagados a sus agentes allí localizados, subsidios, inversiones en infraestructura, etc.-, la que más recibe por habitante de todas las jurisdicciones.
Peor aún si se observa que por todo lo anterior, en la recaudación de impuestos desde empresas privadas que han ido transfiriendo sus sedes societarias y fiscales a CABA, por lo que tributan desde allí, por las ventas que realizan en el resto del país, lo que concentra la recaudación de Ingresos brutos –avalados por los fallos de la CSJ en contra del llamado “impuesto a la valija” que pretende cobrar los municipios del interior- y otros impuestos provinciales y municipales que es donde usan y requieren servicios sufragados por impuestos.
Toda esta historia y realidad actual, confirma lo que llamo “ley de concentración”, que establecería que todo sistema tiende a concentrarse, en donde por ello “la política” debiera actuar oponiéndose a esa tendencia natural, si no queremos tener un federalismo de mentirita que termine en intentos secesionistas como ha ocurrido en otros países. Lo que no parece muy fácil si los alineamientos son ideológicos o partidarios y mucho menos si está en crisis la identidad colectiva y nacional que requiere solidaridad entre las provincias.
