La crisis desatada en la relación entre los docentes y el gobierno provincial parece una mezcla de subestimación de la profundidad del deterioro económico de la clase media (a la que pertenece la mayoría de los maestros) y la mala praxis política y de coordinación entre la cúpula de un gremio que quedó en offside dos veces y la Secretaría General de la Gobernación que elaboró tres propuestas desde los escritorios del Panal sin prestarle oídos a las bases.
En las asambleas escolares los delegados palpan un descontento que es más profundo de lo que suponen las conducciones y, que arrastra la bronca de aquel incumplimiento de la cláusula gatillo firmada en el 2023 a instancias del Llaryora candidato y luego desconocida por el Llaryora gobernador. En el medio hubo múltiples diseños salariales que dejaron a medias la satisfacción de reclamos que se acumulan. Entre los funcionarios algunos se lamentan de no haber hecho más por destacar el rol del estado nacional con el recorte del Fonid. Sostenerlo con dinero de las arcas provinciales manteniendo el ítem fue un error de cálculo notorio que se traduce, ahora, en un pedido de actualización a pesar de que Milei desconoció la ley que lo creó.
Con el pedido de la conciliación obligatoria se abre una instancia donde el Panal ya no tiene margen para el error. Sabe que no puede contar con la cúpula de UEPC para convencer a los docentes porque la interna enrarece el clima y le restó poder. Tampoco puede cerrarse en los decrecientes números de la recaudación porque ya fue rechazada la propuesta de contemplarla. Además la paritaria será copiada para el resto de los estatales y saben que en el sector de la salud puede complicarse también el acuerdo. El gobernador es consciente de la capilaridad que los conflictos docentes tienen en la sociedad porque abarcan a casi todos los hogares con estudiantes y sabe que esta paritaria lo encuentra con poco margen financiero pero con menor espacio de maniobra política.
Naranjitas y la incomodidad en la Legislatura
En la Legislatura comenzó el tratamiento en Comisión de Seguridad del proyecto que propone prohibir la actividad de naranjitas y limpiavidrios y la incomodidad que se respira entre los oficialistas es notoria. “Estamos lanzando la candidatura a intendente de Quinteros”, dijo con sorna un asesor del bloque mayoritario que confirma que la norma será tratada en el recinto el miércoles luego de escuchar a los distintos actores sociales que intervinieron en el debate público. Sin embargo, advierten que la puntada final al proyecto se la otorgará el Concejo Deliberante de Córdoba que deberá delimitar con un marco regulatorio para los cuidacoches.
La discusión es conducida por el presidente de la comisión Juan Manuel Llamosas que toma como base el proyecto que presentó Oscar Agost Carreño y suma el concepto de reinserción laboral de la iniciativa del socialista Matías Chamorro. La idea detrás de esta conciliación es dejar de lado lo presentado por Gregorio Hernández Maqueda para que no se alce con ningún mérito legislativo.
Desde los sectores sociales que criticaron el proyecto no anidan ninguna expectativa sobre la mentada capacitación en oficios para los naranjitas. “No hay en el Estado ningún dispositivo eficaz para brindar estos conocimientos de manera rápida a personas que necesitan trabajar para subsistir”, sintetiza un dirigente cooperativista. Desde la Escuela de oficios de la UNC reconocen que hubo consultas a través del Consejo Consultivo Social de la Universidad pero sostienen que la demanda social sobre la Escuela ya es elevada y creciente y con pocas posibilidades de expandir su oferta de enseñanza en el corto plazo.
El «honestismo» en jaque y el factor Kicillof
La conversación social está dominada por las penurias económicas y de a poco comienza a golpear en los índices de aprobación del gobierno nacional que además recibe el impacto de los escándalos del Adorni-gate y de los créditos hipotecarios a funcionarios que obtuvieron financiamiento por un programa especial creado por el Banco Nación en la época que era conducido por el cordobés Daniel Tillard. Cada detalle que se suma a los casos mencionados daña la credibilidad de un modelo que se basó en el honestismo como bandera de gestión.
Como contraparte no aparece en el horizonte opositor nadie con capacidad de capitalizar ese descontento u ofrecerse como alternativa ante un régimen que comienza a debilitarse a medida que la crisis golpea en el bolsillo de las familias. Por ahora, el único que intenta exhibir sus aspiraciones es el gobernador de Buenos Aires que sostuvo su discurso crítico a pesar de la poda total de envíos que la Nación hacía a la Provincia.
En Córdoba, son varios los que se presentan como “armadores” de Axel Kicillof y ya organizaron actos, especialmente en Punilla donde Carlos Caserio se muestra como el referente del ex Ministro de Economía. Algunos sindicalistas comienzan a explorar vías de respaldo ante un cordobesismo que les cortó el diálogo a los estatales. También entre los desencantados del llaryorismo que advierten una reorganización del PJ sin lugar, casi, para los que levantaron voces críticas al oficialismo. Sin embargo ninguno de los que asistieron a los encuentros desconoce la naturaleza refractaria de los cordobeses para con cualquier proyecto político que tenga una tonalidad K.
