Sendero Luminoso nació como organización en 1969/70. Su primera década la confirmó como un grupo insurgente marxista-leninista-maoísta, fuertemente instalada en las universidades públicas y procurando su inserción en otros ámbitos de la sociedad urbana y el campesinado. Desde 1980 (mientras se llamaba a elecciones en Perú) emprendió acciones terroristas sistemáticas que hicieron crecer a la organización con gran impacto social y político.
La primera reacción del gobierno aprista de Belaúnde Terry fue enfrentar a estos grupos con la Guardia Civil. Hacia 1984, morían casi 6 personas por día por acciones comandadas por Sendero Luminoso, tiempo en el que habrían comenzado los tratos entre esta organización y el narcotráfico.
Ya con Alan García, la fuerza terrorista se expandió a gran parte del territorio peruano. Para ese entonces se habían involucrado las fuerzas armadas y la inteligencia militar. En esa gravísima crisis institucional, política y social peruana se produjeron las elecciones de 1990 en las que un ignoto ex rector universitario, Alberto Fujimori, venció en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa.
En tal contexto surgió el grupo paramilitar Colina, en 1991, cuyo jefe operativo fue Santiago Martín Rivas (un suboficial) e integrado por personal con antecedentes en contrainsurgencia. Se le adjudicaron numerosos crímenes de lesa humanidad (más de 50 homicidios), entre ellos la llamada masacre de Barrios Altos, cuando ingresaron al primer piso de una casa ubicada en una zona popular donde supuestamente se llevaba a cabo una reunión de Sendero y asesinaron a 14 personas, entre ellas un niño de 8 años, e hirieron con lesiones permanentes a otras 4. Ninguna integraba la organización terrorista, que se habría reunido en otra planta del inmueble. Se señala también la masacre de la Cantuta, bastión de Sendero -cerrada por el gobierno militar desde 1977, reabierta por Belaúnde y cooptada por Sendero incluso apoderándose de edificios y residencias- y en la cual se hicieron varios operativos donde fueron secuestrados, torturados y enterrados en una fosa común 9 estudiantes y un profesor.
Por estos crímenes hubo un primer proceso aún en tiempos de Fujimori, que llegó hasta la Corte Suprema, declarando ésta no tener capacidad para dirimir si se debía llevar adelante la causa en la justicia militar o en la civil. Una ley dictada ex profeso le otorgó la capacidad y decidió que juzgara el fuero militar. Algunos de los agentes fueron condenados a 15 años de prisión, pero liberados por una ley de amnistía que impulsó Fujimori para los casos ocurridos entre 1980 y 1992. Tras la liberación, la ex pareja de Rivas, Mariela Barreto, también involucrada en la inteligencia paramilitar, fue torturada, asesinada y descuartizada (se cree que por venganza, al considerarla denunciante de algunos operativos). Posteriormente la ley de amnistía fue derogada y con Fujimori fuera del poder (renunció en 2000 y se instaló en Japón) se lo imputó por los crímenes, comenzando un largo proceso de extradición que terminó con el retorno del ex presidente a Perú, su juzgamiento y condena a 25 años de prisión.
Fujimori ha venido cumpliendo condena en una cárcel construida para él.
En diciembre de 2017, tras una moción de vacancia aprobada por el Congreso unicameral peruano, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, a los fines de garantizar gobernabilidad, acordó con parte del fujimorismo el indulto al ex presidente por razones humanitarias. La Corte Suprema, ante un planteo de los familiares de las víctimas, cotejó el indulto dictado con el estándar interamericano (control de convencionalidad), anulándolo.
El pasado 17 de marzo, ante un planteo de hábeas corpus realizado por un abogado de Fujimori, el Tribunal Constitucional peruano restituyó la validez del indulto otorgado a aquél por Kuczynski. Fueron 3 votos por la afirmativa y tres por la negativa, pero entre los primeros cuenta el voto dirimente del presidente del Tribunal.
Surgen varios interrogantes, porque la sentencia, a la fecha de redacción de esta columna, no se conoce: 1) El indulto de PPK sólo establecía el perdón por las penas en ejecución más largas (Barrios Altos y La Cantuta), habiéndose cumplido otras (por espionaje y corrupción, ya que no hay penas acumulativas sino simultáneas); 2) Está pendiente la indemnización civil y el pedido de perdón. 3) Quedan dos casos en los cuales todavía no hay sentencia; 4) Lo lógico hubiera sido que la medida judicial importe volver a juzgar, pero no validar el decreto. 5) No se conocen los argumentos de los votos denegatorios, pero algunos de los jueces que acompañaron esta postura anticiparon que van en línea con el criterio de la CIDH, que, además, tiene pensado reunirse en mayo para realizar el seguimiento de los fallos Cantuta y Barrios Altos.
Esta vez las víctimas y otras organizaciones acudirán directamente a la Corte Interamericana, que ya se pronunció sobre el indulto de 2017, calificándolo de irregular, como recordó entre otros el canciller peruano y reconocido constitucionalista, César Landa. También el gobierno se presentará por ante dicho organismo judicial internacional.
Los abogados de Fujimori presionan con una inminente liberación en un clima de profunda desconfianza, decepción y protestas.
A sus 83 años, luego de más de 15 años en prisión, Fujimori sigue avivando la hoguera de la política. La misma llamarada que en Perú devora presidentes, arrasa la confianza pública y chamusca al Estado de Derecho.
