El gobernador Martín Llaryora se propuso sacar el conflicto de la agenda pública y enfocar toda la energía en mostrar al Ejecutivo dinámico frente a los problemas. Por eso decidió que se trate en la Legislatura el proyecto que regule la actividad de los naranjitas y prohíba la de los limpiavidrios otorgando una herramienta a la policía para actuar sin necesidad de esperar la denuncia de los ciudadanos. Las puntadas finales del texto se conocerán esta semana y llevan la impronta de los intendentes de las ciudades más grandes de la Provincia y le conceden a la Iglesia (férrea opositora en este asunto) un capítulo destinado a la reinserción laboral de los cuidacoches. Passerini -de buena relación con el Arzobispado- habría sido el interlocutor que llevó la posición del cardenal Angel Rossi.
También se espera que en la sesión del 8 de abril la UCR proponga el tratamiento sobre tablas de la iniciativa para retrasar la jubilación de los policías y penitenciarios 5 años. Aunque el proyecto tiene de pocas a nulas posibilidades de prosperar ya logró un cometido valioso para el ex diputado: Llaryora salió a responder y fijar posición subiendo al ring a De Loredo para instalarlo en la interna opositora que incluye a Juez y Bornoroni. No será la última de las apariciones del ex titular de Arsat que, desde el llano, debe obtener el protagonismo que le resta no poseer un rol institucional.
A primera vista parece que uno de los ganadores con las activación de un proyecto y el posible cajoneo de otro es el Ministro de Seguridad que viene reclamando una ley antinaranjitas desde el año pasado. Cuando el comisario Brandán transitaba las primeras horas de internación, aún en estado grave, aprovechó los micrófonos para reclamar la norma que no llegó a tratarse en diciembre. Con ella se muestra como un “mano dura” en sintonía con las ideas de Patricia Bullrich con quién tejió buenas relaciones. Con el mensaje de Llaryora por frecuencia policial asegurando a la tropa que no habrá cambios en la edad jubilatoria de los uniformados Quinteros se presenta como el mejor defensor de la fuerza. “Parece más preocupado por las cuestiones gremiales de la policía que de la seguridad de los cordobeses”, dijo al pasar un legislador oficialista bastante incómodo con la postura del oficialismo en estos asuntos.
Control del gasto
Marzo terminó para los funcionarios provinciales con la novedad de que en cada ministerio habrá un encargado de visar los gastos y limitar la ejecución presupuestaria sólo a los asuntos prioritarios de las gestión. La medida intenta contener -más allá de lo presupuestado- la erogación que no esté enfocada en sostener el rol irremplazable del Estado y abarca también a la Legislatura. La decisión se tomó luego de analizar fríamente los números de la recaudación propia y los envíos por coparticipación que no han dejado de caer en los últimos ocho meses. La situación pasó a ser de preocupación absoluta cuando ningún pronóstico de consultoras privadas asegura que la actividad económica repunte en los próximos meses. Los que conocen el día a día de Llaryora aseguran que el gobernador está pendiente del avance de la iniciativa y que espera que le permita contener el gasto y no sólo hacer su seguimiento. “La idea es buena pero se debería haber planteado antes ya que la caída del consumo y la actividad se preveían antes de la sanción del presupuesto y la reducción impositiva”, señaló un funcionario de segunda línea de uno de los Ministerios. “Básicamente nos piden que subejecutemos lo presupuestado” agregó.
Donde no habrá recorte sino mayores erogaciones será en el apartado dedicado a sueldos ya que la paritaria de los docentes exigió al gobierno a reformular tres veces la propuesta con mayores condiciones. Aún se aguarda la respuesta de la Asamblea de la UEPC y, si es aceptada, se trasladará al resto de la administración. El esfuerzo financiero que demandará la paritaria es clave para lograr el objetivo de desactivar los conflictos y centrarse en la gestión.
Mirando encuestas
En el Panal siguen de cerca los sondeos propios que encarga la Provincia y los ajenos que trascienden por los medios. Muchos de esas encuestas subrayan la fuerte caída en la consideración social de la gestión de Javier Milei como lo reflejó Atlas Intel donde la desaprobación alcanza el 61,6 por ciento contra una aprobación del 36,4 cerrando el peor mes desde que gobierna LLA. El dato es momentáneo y se sabe que muchas veces el libertario consiguió triunfos legislativos contundentes y hasta ganó en las elecciones de medio término con un rechazo del 55 por ciento.
Pero un dato que se leyó con atención en un sondeo propio del gobierno local es el “derrumbe” de la consideración de los cordobeses de la gestión de Milei y que indica un declive de más de diez puntos. El dato es vital en la estrategia del cordobesismo que sabe de antemano que las chances de un candidato libertario a la gobernación están atadas a la suerte de la gestión nacional. La realidad económica de las familias comienza a mostrar los límites de un modelo que no vislumbra en lo inmediato un cambio de rumbo para el bolsillo de una clase media que apoyó masivamente a Milei. En el Panal creen que ese humor social será dirimente en el 2027.
