Desde el regreso de la democracia (o, mejor, desde el fin de la dictadura cívico-militar) existen regularidades en las causas del decaimiento y caída de los gobiernos constitucionales. Algunos la atribuyen a medidas de acción directa, como paros, movilizaciones, explosiones sociales, etc., y si bien contribuyen, no parecen ser determinantes en los orígenes de esos procesos, aunque suelen ser las gotas que rebalsan el vaso.
Las regularidades observadas en el proceso previo a su decadencia y/o caída son dos; una externa –las crisis de deuda- y otra interna –la ruptura de acuerdos entre los miembros del gobierno-.
En cuanto a los factores externos, la dictadura recibió una deuda de US$ 9.700 millones, y la dejó en US$ 45.100 millones, a lo que se agregaron las divisiones internas que venían desde 1979 y derivaron en la invasión y derrota en Malvinas, que cerró las puertas de Occidente a las interrupciones militares.
Alfonsín entrego una deuda de USS 58.700 millones, que superaba las posibilidades de pago del país en un momento en que las tasas de interés de EEUU eran varias veces las actuales y cuando el Mercosur recién comenzaba. La negativa a otorgar mayores préstamos al país por parte de los organismos multilaterales, y la emisión monetaria, produjeron la corrida hacia el dólar y la híperinflación.
En lo interno, las diferencias entre la Coordinadora, que impulsaba “el tercer movimiento histórico”, y los sectores más conservadores de la UCR, que impusieron a Angeloz desde “Córdoba, la isla”, enfrentado a Alfonsín como candidato del “lápiz rojo” que perdió, produjo la entrega anticipada a Carlos Menem.
Menem multiplicó la deuda en los 10 años de gobierno, hasta los US$ 146.219, a pesar de los ingresos por las privatizaciones. Aunque su “buena nota” en los organismos internacionales por el ajuste estatal que llevó a cabo no cortó el financiamiento, los ciudadanos dolarizaron sus depósitos bancarios, que finalmente no fueron devueltos.
El gobierno de la “Alianza”, UCR y FrePaSo, con De la Rúa, no pudo sostener la convertibilidad, si bien la deuda externa no aumentó, pero sí lo hizo la deuda interna en dólares con los depositantes, mientras que el déficit comercial hacía imposible pagarla aún luego del “blindaje” y el “mega canje”, por lo que el “corralito” produjo el colapso del gobierno.
En lo interno, la renuncia del vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez, por la llamada “Ley Banelco” y las divisiones internas se agudizaron, mucho más cuando recurrió primero a López Murphy, y finalmente a Domingo Cavallo.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no tuvieron crisis de deuda –tras la renegociación de la deuda externa en default, y la cancelación de la existente con el FMI-, aunque la ausencia de crédito les exigió recurrir al ahorro interno, por lo que la deuda externa en dólares se redujo a US$ 139.137 millones, y un 15,4% del PBI, uno de los más bajos del mundo por esos tiempos.
Sin embargo, las divisiones internas desde 2013 separaron al Frente Renovador del resto del peronismo, lo que dividió su voto y produjo el resultado negativo de 2015, lo cual ratifica la segunda hipótesis respecto de su decadencia.
También el “cordobesismo”, anunciado por De la Sota en los festejos de las elecciones provinciales de 2011, luego de haber apoyado la fórmula presidencial de CFK, restó votos en las siguientes en especial luego del acuartelamiento policial de 2013, en el que el gobierno provincial no recibió apoyo del gobierno nacional.
El gobierno del PRO y Mauricio Macri dejaron una deuda de US$ 333.545 millones, tanto por la dolarización de deudas en pesos, como por el nuevo endeudamiento privado, que dejó de prestarle en 2018, y luego con el FMI –US$ 45.000 millones- que determinó el desastroso resultado electoral en las elecciones PASO, una gran devaluación, default de bonos en pesos, un cepo mayor, la reinstalación de retenciones, con fuertes diferencias internas entre los partidos de la alianza electoral, que aun así sobrevivió.
El gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner logró renegociar la deuda con los acreedores privados, reduciéndola a US$ 276.201 millones en el segundo trimestre de 2023, pero las exigencias del FMI y su refinanciación condicionada produjeron, hacia el final, una nueva devaluación y el aumento de la inflación, que, con seguridad, influyó en el resultado obtenido por Sergio Massa, quien además era el ministro de Economía del oficialismo.
Obviamente, las diferencias entre Alberto y CFK influyeron significativamente en el gobierno, y las sucesivas disputas públicas fueron determinantes en los resultados de la elección de 2023, especialmente en el ballottage, en el que se ratificó su decadencia en la voluntad popular.
Con esta historia, que ratifica la influencia significativa y casi determinística de la situación financiera externa, y las diferencias internas, en la decadencia y caída de los sucesivos gobiernos democráticos desde el fin de la Dictadura (y aún de ella misma), no es difícil sacar algunas conclusiones sobre el futuro del actual gobierno, aunque siempre quede un margen de duda por los nuevos elementos que surgen del contexto.
En los primeros seis meses de gobierno de Milei se observó un aumento de USS 32.380 millones, alcanzando los US$ 403.044 millones –según la secretaría de Finanzas-, mientras que el ingreso de dólares por la cosecha no se produce, por la sobrevaluación del peso, y las importaciones no crecen por la recesión, el “impuesto país” y el cepo a la salida de dólares, a la vez que se reduce la recaudación, y se pone en riesgo el superávit fiscal anunciado (que, además, no considera las deudas que acumula).
En los mercados externos, el aumento del “riesgo país” muestra la reticencia de los fondos externos, y del propio FMI, en ampliar los préstamos acordados, y la desconfianza en la sostenibilidad del plan económico, que es unánime entre los economistas más liberales que acompañaron a Milei hasta que fue gobierno, pero ya no lo hacen.
En el ámbito interno del gobierno los conflictos son enormes, múltiples, virulentos y a la luz pública, con denuncias de espionaje, decenas de renuncias, despidos, denuncias mutuas y rupturas en los pequeños bloques legislativos en el Congreso y en las provincias.
Así, el Gobierno se sostiene por el apoyo irrestricto del 30% que lo votó en primera vuelta, y gran parte del apoyo crítico del 30% que se sumó en el ballottage, el cual se divide en tres tercios, que le dan 3, 6 y hasta 12 meses en mostrar resultados positivos que alivien el ajuste que sufren.
La apuesta del Gobierno es que esas opiniones se consoliden en su favor con la reciente aprobación de la Ley Bases, reducida, que incluye la delegación de facultades, las privatizaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Y, especialmente, el Paquete Fiscal, con su blanqueo y el (reintroducido) impuesto a las ganancias de los trabajadores mejor remunerados.
Todavía sin resolver nada del problema de la deuda externa ni sus problemas internos, el futuro augura que, en 3, 6 o 12 meses, cuando se termine el apoyo crítico que lo sostiene, su permanencia será muy difícil, como lo fueron los anteriores gobiernos constitucionales. Salvo que revierta la situación actual en lo externo e interno.
Los paros, movilizaciones, reacciones violentas y represión en CABA y las principales provincias, o el apoyo (u oposición) de los partidos con representación legislativa, serán la gota que rebalse el vaso, o la ornamentación de su resultado positivo. Esto es lo que está por definir en los próximos meses.
