Habiéndose errado con planes cooperativos como “Argentina Trabaja”, “Potenciar trabajo” y otros, el INAES insiste con experiencias similares, funcionales y/o concomitantes.
Dado el peor contexto de cuasi default o default técnico, una inflación tremenda, hambre, desocupación, pobreza e indigencia pavorosas; atónitamente observamos y padecemos desencuentros, incomunicaciones y divisiones internas en la coalición gobernante del Frente de Todos, nada menos que durante el proceso legislativo para que Argentina aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de esa forma evitar una novena cesación de pagos en su penosa historia económica, que nos ha merecido la calificación de “peor país pagador”.
En contextos anteriores mucho más favorables, otras reestructuraciones de la deuda externa nunca lograron la sustentabilidad que hoy -otra vez- busca este Gobierno.
Mucha casta política situó a nuestro país como último en el ranking internacional de confianza, según el informe del “Barómetro Edelman de Confianza 2022” elaborado para la reciente edición del Foro Económico Mundial, una muestra de 27 países que la agencia de encuestas, relaciones públicas y marketing mide hace 22 años y que incluye naciones desarrolladas y en desarrollo de todos los continentes.
Insisto, produce desconcierto y perplejidad que, en medio de semejante contexto adverso y ya habiendo fracasado este gobierno con programas análogos “Argentina Trabaja”, “Potenciar trabajo” u otros; con fecha 18 de febrero de 2022, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), mediante su Resolución número 660/22, insista con experiencias similares, funcionales y/o concomitantes.
¿De qué estamos hablando?
Burocráticamente, se ha creado en la órbita de la Dirección Nacional de Desarrollo Productivo Cooperativo y Mutual, la Dirección de Planificación Estratégica (DPE), que tiene entre sus funciones la de efectuar el análisis de viabilidad técnica y financiera de los proyectos de financiamiento y/o asistencia técnica para el desarrollo productivo cooperativo y mutual.
Que, en consonancia con estas nuevas funciones, esta nueva DPE debería proponer y asistir en la gestión de programas de asistencia financiera, líneas de crédito nacionales e internacionales, destinados a cubrir necesidades de financiamiento de las cooperativas y mutuales, a fin de incentivar el desarrollo productivo de la economía popular.
Pero si atendemos a las atribuciones y potestades institucionalmente conferidas al INAES, éste no admite:
I) Su aguda ineficiencia e inexcusable irresponsabilidad en experiencias programáticas anteriores afines, conforme revela la caricaturesca situación cotidiana del movimiento cooperativo y mutual popular con recurrentes acampes y piquetes de reclamos, cortes de calles y avenidas centrales en todo el país; siempre con absoluta impunidad y desprecio por los derechos y garantías de terceros.
II) Tampoco nada dice sobre el incumplimiento en la aplicación e implementación oportuna y federal de las únicas leyes democráticas sobre Educación cooperativa 16.583/66, 23.427/87, e incluso omite que la mencionada ley de Educación Nacional 26.206 lleva más de 15 años de vigencia.
III) Puntualmente, el Programa Cooperativo “Argentina Trabaja” (PCAT), exhibió gran discrecionalidad y clientelismo político partidario a la hora de fijar y profundizar su especulativa y reprochable metodología.
IV) La ausencia de monitoreo ciudadano y los obstáculos que impidieron facilitar y promover el monitoreo social del PCAT
V) Tampoco se garantizó –entre tantas otras irregularidades- una efectiva rendición de cuentas de todos los beneficiarios del PCAT, por ausencia de voluntad política para transparentar la gestión, sin perjuicio de las complicidades por omisión del Inaes y sus superiores, dado sus flagrantes incumplimientos de los deberes de funcionario público.
Finalmente, ante datos tan deficitarios de esta realidad, la creación de dicha Dirección de Planificación Estratégica como sus ambiciosas y descontextualizadas funciones y pretensiones, francamente pareciera otro insoportable despropósito institucional en materia cooperativa y mutual.
