El secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, en el marco del Consejo Económico y Social hizo conocer, el 29 de marzo que se trabajará en la iniciativa para promover “el buen uso de las redes sociales”. Iniciativa que ya había sido anunciada cuando Argentina se sumó al Pacto por la Información y la Democracia. El funcionario no hizo más que ratificar cómo se llevarán adelante las obligaciones emergentes del Pacto. A la fecha, todavía no existe proyecto alguno de regulación, y se dejó sentado que se han convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer iniciativas, para profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común, con el fin de que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia.
El Pacto fue una iniciativa de la organización de Reporteros sin Fronteras (RSF), ONG cuyo objetivo es defender la libertad de prensa y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad. También contó con el apoyo de la Alianza para el Multilateralismo y acompañó la propuesta la Media Freedom Coalition, que colabora con 50 países por la libertad de los medios y la seguridad de los periodistas.
El Pacto ya cuenta con 43 países adheridos, como Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Canadá, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, India, Islandia, Italia, Letonia, Líbano, Lituania, Noruega, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, Reino Unido, Túnez y otros. El Pacto compromete a los países que lo suscriben a fomentar marcos jurídicos nacionales e internacionales que promuevan el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, y el acceso a una información fiable. Invitan a las empresas que configuran el espacio mundial de la información y la comunicación a respetar principios de transparencia, responsabilidad y neutralidad y a garantizar la compatibilidad de sus actividades con los derechos humanos para fomentar la información fiable. A su vez, “se invita a favorecer el acceso online a información libre, independiente, plural y fiable. El acuerdo establece principios democráticos como la neutralidad política, ideológica y religiosa para los algoritmos, así como la transparencia de su funcionamiento. Con el fin acabar con el actual caos de información, también incide en la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales a la hora de promover contenido fiable y pluralismo en la indexación”.
El instrumento internacional responde a la necesidad de fomentar un entorno que propicie que los ciudadanos dispongan de información fiable para ayudarles a forjarse una opinión en un contexto de desinformación masiva en línea, lo que contribuye a socavar la confianza en las instituciones y los procesos democráticos, dentro de una creciente influencia de actores privados extra democráticos. A lo que hay que agregar el debilitamiento del periodismo profesional.
Al respecto el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, cuando se firmó el Pacto sostuvo, que: «Si las democracias no establecen las normas, los intereses privados y los dictadores lo harán por nosotros… Han reemplazado a los Parlamentos a la hora de regular el espacio de la comunicación y la información. Por eso nos hemos propuesto reconstruir un sistema de garantías democráticas adaptado a la era tecnológica”.
No cabe que las plataformas censuren cuentas en las redes sociales fuera de todo control democrático, sino que resalta la urgente necesidad que se logre la transparencia de los algoritmos, que haya protecciones contra la desinformación vía mensajería privada, y que se establezcan mecanismos concretos para la confiabilidad de la información.
Deloire también manifestó, en el marco de la reunión ministerial de la Alianza por el Multilateralismo de 2020 que debía trabajarse “en cuatro aspectos estructurales sobre los que debería reforzarse el marco regulatorio: la transparencia de las plataformas, la meta regulación de la moderación de contenidos, el fomento de la fiabilidad de la información y la eliminación de la distinción entre espacio público y privado en línea cuando los servicios de mensajería privada se convierten, de hecho, en un nuevo espacio público no regulado”.
Esto tiene particular importancia para el derecho humano a la información, sin embargo, con especial desinformación, muchos medios presentaron el tema tratado por Beliz como si hubiera sido una excusa para distraer la atención, sin referir que estaba en la agenda de trabajo del Consejo Económico y Social y la importancia del tema. Tampoco dijeron que se trataba de una iniciativa de RSF, y que la propuesta realizada estaba dentro los compromisos asumidos por el Pacto Internacional por la Información y la Democracia firmado por la Argentina, que pretende proteger la libertad de expresión ante manipulaciones hegemónicas.
Resulta grave que la actitud de desinformación y falta de seriedad informativa la asumiera a su vez, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que sostuvo, que “observaba con preocupación, por su potencial efecto sobre la libertad de expresión, el anuncio de una serie de iniciativas, que contarían con la participación de organismos estatales, orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales”. A lo que se sumó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que afirmó, que “este tipo de iniciativas implican un riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, derechos inalienables en una sociedad democrática y pluralista”. A esta postura, sin asidero real se sumaron políticos de la oposición de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, además, que la iniciativa era inconstitucional.
En honestidad periodística y política es de esperar rectificación en la actitud asumida por quienes, sin fundamentos, se han opuesto a la necesaria e importante iniciativa.
