En su disertación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Washington, el presidente Milei procuró explicar su concepción de los beneficios de la innovación y la competencia libertaria, aún si implica el cierre de algunas empresas. Para ello, utilizó el ejemplo de la invención de las lámparas, que produjo el cierre de las fábricas de velas; pero omitió la secuencia posterior en la cartelización de las principales empresas fabricantes, que limitó la duración de las mismas a 1.000 horas, en lo que fue la primera experiencia de “Obsolescencia Programada.
Phoebus, así se denominaba el cártel, incluía a los mayores fabricantes de bombillas y lámparas incandescentes de Europa y de Estados Unidos (Osram, Philips, General Electric), su objetivo era intercambiar patentes de invención y fabricación, controlar la producción y al consumidor. Querían que la gente comprara lámparas y bombillas con regularidad. Si las lámparas duraban mucho, era una desventaja económica que limitaba las ventas.
Ello, a pesar del intento de la Sociedad Cooperativa Noreuropea Luma, de Noruega, Suecia y Finlandia, que fabricaba lámparas de larga duración, pero que quedó en ese ámbito por las amenazas y competencia desleal de las empresas cartelizadas.
También en la antigua Alemania Democrática (DDR), en 1981, una empresa presentó una lámpara de larga duración que fue rechazada por Occidente, y finalmente cerró por la caída del muro de Berlín.
Justo es decirlo: el biznieto de Philips, Warner Philips, creó la lámpara de LEDs Philips, de 25 años de duración, aunque todos sabemos que las que compramos no suelen durar tanto tiempo.
O sea, la innovación puede producir enormes cambios y beneficios para la comunidad, siempre que no se promueva la concentración y no se acepte el abuso de posición dominante de las empresas monopólicas o cartelizadas.
En la Unión Europea (UE) y EEUU se conocen periódicamente sanciones a empresas –Google, Facebook, Apple, etc.- por abuso de posición dominante, mediante las cuales limitan la competencia y el acceso a sus plataformas de otros competidores, algo que no ocurre en nuestro país, desde hace muchos años.
En nuestro ámbito, las cooperativas de usuarios fueron excluidas, perseguidas y coartadas en sus intentos de prestar servicios de comunicación audiovisual a costos menores que las empresas monopólicas que prestan el servicio en gran parte del país. Ello ocurrió desde la Ley de Radiodifusión del gobierno militar (1976-1983); continuó durante el gobierno kirchnerista, que protegió al grupo Clarín aún durante la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que les exigía a las cooperativas de usuarios “probar que no eran monopólicas”, como si ser monopolio de sí mismos no se llamara “libertad”.
Lo mismo ocurrió en la distribución de Gas Natural, en la venta de Gas Licuado de Petróleo, en la prestación de servicios de telefonía e internet, etc., donde el Estado en todos los gobiernos ha impedido la competencia, y que los usuarios auto organizados puedan proteger sus derechos.
No obstante, en este tiempo de vacas flacas, individualismo y frazadas cortas, algunos usuarios reclaman a las cooperativas por sus tarifas eléctricas, sin considerar los mayores costos de distribución respecto de EPEC, por redes mucho más extensas y menor consumo de sus usuarios, sin que reciban por ahora compensación alguna, a pesar que reiteradamente desde hace años se establecieron fondos para ese fin. Y mientras que la EPEC utiliza los que existen a nivel nacional y el ERSEP interviene más allá de sus competencias al limitar aportes por mayores costos o inclusive capitalizaciones resueltas en asambleas, lo que precariza el servicio que prestan.
No obstante, por su resiliencia, búsqueda de eficiencia y eficacia local, mutuales y cooperativas siguen desarrollando nuevos servicios –proveedurías, farmacias sociales, redes e instalaciones domiciliarias de gas natural- y servicios a menor costo –TV Cable, internet, telefonía- que beneficien a sus asociados/vecinos.
Así logran disminuir sus costos, aprovechando la sinergia y recursos subocupados, típicos de pequeñas poblaciones, lo que deriva en una disminución del costo del conjunto de los servicios prestados, que son manifiestamente menores que los que pagamos en la Capital o en poblaciones donde no existen estas Empresas de la Economía Social y Solidaria (EESS).
Es hora que la ciudad de Córdoba y en las grandes ciudades del interior se desarrollen entidades que protejan a los consumidores de los monopolios que se aprovechan de ellos, habida cuenta del progresivo retiro del Estado de esa función, que sí puede promoverlas y ayudarlas en su capitalización, además de debilitar las estructuras monopólicas que operan en distintos mercados obligándolas a competir.
