La última ola de movilizaciones contra el régimen iraní se desató poco después del asesinato de Mahsa Amini, una joven de etnia kurda que visitaba Teherán. Amini fue detenida por la Policía de la Moral el 14 de septiembre de 2022 bajo la acusación de llevar el hiyab de «manera inapropiada» y, dos días después falleció como consecuencia de los golpes que recibió.
La viralización de la noticia provocó la indignación generalizada de amplios sectores de la sociedad iraní, que salieron a la calle con protestas. Su funeral se convirtió en un acto de desafío en el que los asistentes corearon el lema “Mujer, vida, libertad”, que pronto se convertiría en el lema más repetido en las multitudinarias manifestaciones que se desataron a lo largo y ancho del país. Como en anteriores ocasiones, el régimen recurrió a la violencia para tratar de contenerlas, lo que tuvo un elevado costo en términos humanos, ya que más de 500 personas fueron asesinadas y otras 20.000 fueron detenidas en las siguientes semanas.
Tras la brutal represión de las protestas, los manifestantes elevaron sus demandas y empezaron a generalizarse lemas como “No queremos la República Islámica”, “Abajo el dictador” e, incluso, “Muerte a Jamenei”, lo que representa un desafío sin precedentes contra el régimen teocrático. La brutalidad de las fuerzas de seguridad ha incluido disparos directos, duras palizas, torturas, violaciones, toma de rehenes, robo de cadáveres de manifestantes muertos y operaciones de terror en los barrios mediante el envío de matones para destruir las propiedades de la gente. Esto es una indicación de que el régimen no está dispuesto a tolerar la menor disidencia y, si es necesario, está dispuesto a morir matando. Las movilizaciones guardan no pocos paralelismos con las sucedidas durante las “Primaveras Árabes”: los manifestantes optaron por la resistencia civil y convocaron huelgas generales de amplio seguimiento, haciendo una verdadera demostración de fuerza.
Asimismo, fueron capaces de aunar a amplios sectores de la población independientemente de su procedencia, etnia, confesión, clase, género o edad. Los jóvenes iraníes tuvieron un papel central y el régimen iraní recurrió a las teorías de la conspiración para justificar su sangrienta represión, acusando a sus rivales regionales de intentar desestabilizar al gobierno. La máxima autoridad del país, el guía supremo Alí Jamenei, llegó a describir los disturbios como un “complot pasivo y aficionado del enemigo en respuesta al progreso y las grandes iniciativas de la gran nación iraní”. Del mismo modo, la prensa afín al régimen consideró que las protestas eran disturbios fomentados desde el exterior, pero que “la gente del Irán islámico había pisoteado sus deseos” de provocar el colapso del régimen.
Las mujeres jugaron un papel protagónico en las protestas: se enfrentaron, en un primer momento en solitario, contra los aparatos represivos del régimen para exigir la derogación de la ley del velo, que obliga a las mujeres a cubrirse el rostro con el hiyab, y la disolución de la Policía de la Moral, encargada de velar por el cumplimiento de esa normativa. Desde la instauración de la República Islámica en 1979 la situación de las mujeres iraníes no ha dejado de deteriorarse. A pesar de que más de 50% de las iraníes tienen estudios universitarios, tan sólo representan 16% de la fuerza laboral, una de las tasas más bajas del mundo, lo que evidencia la voluntad del régimen de perpetuar su desigualdad y limitar sus derechos.
La principal novedad con respecto a las protestas registradas desde 2009, cuando cientos de miles de iraníes tomaron las calles para manifestarse contra las irregularidades registradas durante las elecciones presidenciales en las que se impuso, de manera fraudulenta, Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), es que en esta ocasión las clases medias y bajas han formado un frente común para expresar su malestar. Esta vez no sólo han tomado las calles los sectores más desfavorecidos, sino también buena parte de la clase media que se empobreció durante los últimos años como consecuencia de la aguda crisis económica que azota al país. La desafección de la población hacia el régimen no ha hecho más que intensificarse en el curso de los últimos años como resultado de la aguda crisis económica que los azota desde 2018, año del restablecimiento de las sanciones económicas por parte del gobierno de Donald Trump, crisis que se agudizó por la pandemia del covid-19.
El fenómeno de la pobreza es especialmente visible en las regiones periféricas como Kermanshah, Kurdistán o Baluchistán, que han sido abandonadas a su suerte por parte del gobierno central, pero también es notorio en las barriadas pobres de las periferias de las grandes urbes como Teherán o Isfahán. En realidad, no se trata del primer levantamiento ni del único que ha sido reprimido brutalmente por la Guardia Revolucionaria y los “basiyis”, las fuerzas paramilitares del régimen. En sus 45 años de existencia, la República Islámica no ha dejado de recurrir a la represión para perseguir cualquier atisbo de oposición y suprimir la libertad de expresión, asociación y reunión, pero en los últimos tiempos la espiral imparable de manifestaciones denota la creciente frustración de la población hacia su gobierno de los ayatollas.
