Los jueces y académicos judicializaron las elecciones para elegir los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura el próximo 18 de octubre, en una dinámica de enfrentamientos políticos creciente y cambios en las reglas de juego.
En apenas 10 días, jueces y abogados deberán elegir cuatro representantes por estamento para conformar la primera renovación del Consejo después de ampliar de 13 a 20 sus miembros por disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Así, unos 160.000 abogados y unos 2.700 magistrados estarán en condiciones de votar por tres propuestas bien definidas: oficialismo, oposición o independientes.
En el caso de los jueces, el magistrado del fuero Comercial Eduardo Machín impugnó, primero ante la junta electoral de la Asociación de Magistrados y luego ante la justicia electoral, la candidatura del camarista federal Alberto Lugones.
La objeción de Machín, candidato de la lista «Compromiso Judicial», es que Lugones no puede presentarse a un nuevo período porque la reelección no está contemplada en la ley que regula el funcionamiento del Consejo.
Efectivamente, Lugones tiene una larga trayectoria en el Consejo desde 2018, la cual contempla haber sido dos veces presidente y una vicepresidente del cuerpo, pero todo ello dentro del esquema de 13 miembros que la Corte vetó por inconstitucional, en su falta de equilibrio entre estamentos técnicos (abogados, jueces y académicos) y políticos (legisladores y el representante del Poder Ejecutivo).
Lugones apeló su impugnación ante la jueza electoral María Servini, quien terminó dándole la razón al considerar que, como se trata de un nuevo Consejo tras el cambio de composición ordenado por la Corte, se debe considerar como un primer período y no una reelección.
Machín recurrió entonces a la Cámara Nacional Electoral, cuya decisión está pendiente, pero también a la Corte, con un per saltum para que el máximo tribunal se expida antes de que lleguen las elecciones y la discusión se torne abstracta.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades nacionales y provinciales, consagró el pasado jueves al abogado y doctor de la Universidad de La Plata, Guillermo Tamarit, como su representante ante el Consejo, junto al secretario académico de la Universidad de Lomas de Zamora, Hugo Galderisi.
La elección de los académicos, sin embargo, no estuvo exenta de polémica y presentaciones judiciales ya que a fines de septiembre, el decano y la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Leandro Vergara y Silvina Nonna, presentaron un amparo para que se declarara inconstitucionalidad la elección de los consejeros.
El reclamo de las autoridades de Derecho de la UBA era que la elección del consejera fuera directa, con el voto de todos los profesores, y no por la vía del colegio electoral como dispuso el CIN.
El pedido de Vergara y Nonna fue rechazado por el juez en lo contencioso administrativo federal, Santiago Carrillo, quien recordó que el consejero designado debe ser «elegido por sus pares» y que no especifica el método que debe usarse.
La Corte decidió en diciembre pasado que el Consejo era inconstitucional y conminó a sus miembros a adecuarse a su fallo en 120 días, un plazo que finalmente fue con las dificultades de todo proceso electoral agravadas por lo exiguo de los tiempos.
Recién a fines de mayo, con la jura del senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes se culminó con el proceso de adecuación y el Consejo puede volver a enfocarse en su función central: elegir y remover magistrados.
Desde su conformación plena, bajo la presidencia del titular de la Corte Horacio Rosatti, hasta hoy, el Consejo apenas pudo aprobar ternas para jueces federales en Tucumán, Santiago del Estero y Misiones y nada puedo hacer con las vacantes de tres juzgados federales de Capital y los reemplazos de los camaristas de traslado, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
La explicación para este bajo desempeño, en un sistema de justicia que tiene una vacancia promedio cercana al 30 por ciento, es el escenario político de conflicto, que impide cerrar acuerdos para conseguir los votos.
Pero básicamente los consejeros atribuyen la falta de gestión al proceso político-electoral continuo que vienen administrando desde que la Corte decidió ponerles fecha de caducidad y cambiar a sus protagonistas.
