Los acuerdos sociales han sido una herramienta muy usada por los gobiernos populares, procurando resolver las tensiones distributivas en las que no se encuentran caminos fáciles. Su resultado ha sido y es muy cuestionado por su ineficacia, aunque también porque de esa puja nadie saldrá completamente conforme. En estos días han vuelto y podemos preguntarnos ¿Cómo puede ser distinto que en acuerdos anteriores?
La puja distributiva es en Argentina una de las grandes causas de aumentos inflacionarios, y por esa vía produce el empobrecimiento de la población con ingresos fijos –trabajadores en relación de dependencia y jubilados- y vulnerables, en beneficio de quienes poseen riqueza que producen beneficios y rentas.
Los acuerdos sociales históricos, reúnen a empresarios –generalmente grandes-, trabajadores sindicalizados y el Estado. Pero es habitual que no incluyan a trabajadores independientes, de la economía popular, jubilados, PyMEs y mucho menos consumidores.
Así, los acuerdos anteriores carecen de la representatividad necesaria no solo de vastos sectores económicos, sino que en muchos casos incluyen solo parcialmente a trabajadores sindicalizados y empresarios, y el resto se supone que son representados por el Estado, por lo que no pueden abrigarse muchas esperanzas respecto su efectividad.
Un factor común entre los habitualmente excluidos –trabajadores independientes, de la economía popular, jubilados, PyMEs y consumidores- es su pertenencia a un territorio, por lo que esa dimensión espacial tan diversa está ausente de los debates y por tanto las realidades locales que son las que se perciben desde la ciudadanía, son ignoradas en esos acuerdos súper estructurales que se refieren a la muy parcial percepción de los funcionarios que dicen representarlos.
La representación excluyente del Estado, sindicatos nacionales y grandes empresas, implica que las múltiples visiones y soluciones implementadas en los ámbitos locales, especialmente del interior del interior, donde las políticas públicas llegan poco, mal o nunca, no sean consideradas en su importancia cualitativa y se cae en la falsa dicotomía entre soluciones estatales o privadas de esos sectores dominantes.
Es que, en las comunidades locales, a la falta de políticas públicas nacionales y muchas veces provinciales efectivas, se reacciona desde las organizaciones sociales y PyMEs promoviendo iniciativas que tienden a responder a los objetivos de equilibrio que se pretenden atender desde aquellos pomposos acuerdos nacionales, en donde no están representadas.
Por ejemplo, en estos tiempos, son muchas las iniciativas que tienden a disminuir los costos logísticos y de intermediación en productos de consumo masivo que llegan tras muchas intermediaciones y traslados a precios mucho mayores que en las grandes ciudades.
Allí, en las grandes ciudades, se desconoce esta potencialidad de las cooperativas, mutuales –claramente usuarios organizados- y empresas locales que unidas pueden romper en su ámbito, el uso abusivo de posiciones dominantes de grandes empresas productoras y distribuidoras.
Ni hablar cuando se integra producción local –por ejemplo, de verduras cultivadas en zonas periurbanas- que aumentan la empleabilidad de trabajadores locales, acortan aún más las cadenas de distribución desde los mercados concentradores de las grandes ciudades y se apropian localmente de los beneficios que de otra forma se pierden.
Ello repite la historia en servicios públicos, en las que las comunidades se organizaron hace décadas para prestarse los servicios ante la ausencia del Estado y el desinterés de las empresas lucrativas.
Volviendo al inicio, se puede entender fácilmente el interés político en atender las grandes poblaciones –donde hay muchos votos-, la indolencia de los funcionarios -que buscan facilitar su tarea de coordinación de pocos interlocutores- y la búsqueda de visibilidad mediática de sus acciones que los llevan a reforzar los mecanismos de concentración.
Lo que no se puede justificar, es que aún hoy se niegue a mutuales el acceso a créditos PyMEs con tasa subsidiada, en una exclusión explícita que repite las persecuciones y eliminación de las Cajas de Crédito y Bancos Cooperativos de los peores años del neoliberalismo, mientras se habilita a plataformas fintech –por ejemplo Ualá- para canalizar esos créditos subsidiados a las PyMEs habilitadas, con lo que se está condenando a las mutuales a competir con desventaja.
Es hora de que los políticos nacionales y los funcionarios dejen de promover la concentración, que condenan en su relato y convoquen a los sectores excluidos de los “acuerdos sociales” tripartitos, promuevan su desarrollo y dejen de perseguirlos, lo que seguramente contribuirá a su eficacia en el logro de los objetivos que anuncian.
