El gobernador Martín Llaryora calculaba desde hace mucho tiempo que la imagen del presidente Milei en algún momento comenzaría a crujir. Las encuestas y los focus groups que llegan puntualmente todas las semanas al Panal dejaban ver indicios de cierto malestar. Pero lo que seguro no imaginó es que un error no forzado del mandatario libertario lo expondría con ésta magnitud.
Junto con su ministro de economía, Guillermo Acosta, están en Arabia Saudita gestionando créditos para desahogar las finanzas provinciales y desde el posteo del presidente el viernes pasado y hasta ahora ha bajado un mensaje a su tropa: prudencia hasta que los acontecimientos desarrollen su curso.
Traducido a acciones concretas el diputado Ignacio García Aresca junto al resto de los legisladores nacionales que responden a Llaryora (Carlos Gutiérrez, Sandra Torres y Juan Brugge) eligieron no rubricar el pedido de informes en la Cámara Baja para “aclarar los hechos vinculados a la promoción y posterior desplome del activo digital $Libra”. El pedido lleva el membrete del bloque Encuentro Federal que lidera Miguel Pichetto y que se trabajó durante el fin de semana. El diputado Oscar Agost Carreño, que suele votar en sintonía con el Centro Cívico, avaló el documento.
Pero la diputada Natalia de la Sota -que ya se desmarcó varias veces de la estrategia cordobesista- eligió acompañar con su firma el pedido de informes pero también a los diputados santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein con el pedido de juicio político contra el presidente Milei.Para evitar expresiones incómodas otra vez el legislador Miguel Siciliano interpretó el papel de exégeta del gobierno provincial y dejó en claro una postura que expresa él pero es del gobernador: “Lo sucedido es grave y debe investigarse hasta las últimas consecuencias” pero aparte señala que sobre el juicio político “hasta que no se comprueben irregularidades no puede llevarse adelante” y de esta forma dejó en claro la hoja de ruta para transitar la turbulencia del caso.
Si bien el ex gobernador Juan Schiaretti sigue haciendo silencio sobre la actualidad de Córdoba y el país la que se expresó con un comunicado fue la senadora Alejandra Vigo donde dice que “el caso del Presidente y la criptomoneda $Libra reviste gravedad institucional” y que “corresponde que la Justicia investigue si -el hecho que involucra al Presidente- constituye un delito penal”. Su opinión tiene un peso especial ya que es quién preside la Comisión Unicameral de Asuntos Constitucionales del Senado donde recaería un eventual pedido de juicio político contra Javier Milei.
En off un operador marcaba dos puntos claves que sopesa Llaryora por esta hora: para un juicio político no están los votos necesarios y es un remedio institucional de los más graves que prevé la Constitución. Pero por otro lado especula con una necesidad urgente y es que si consigue los préstamos en Medio Oriente necesita de la firma del ministro de economía Luis Caputo para que los autorice.
En la vereda de la oposición Luis Juez no usó su cuenta en X para referirse al escándalo de $Libra y aun está el posteo de la foto con el presidente después de la cena de milanesas en Olivos del 5 de febrero. Tampoco los legisladores provinciales del Frente Cívico se expresaron sobre el tema. Por el contrario, no bajaron de la agenda el impuestazo y pidieron la destitución de Acosta.
De Loredo se limitó a repostear el comunicado del bloque de diputados de la UCR extrayendo unas líneas del escrito: “Exigimos la inmediata determinación de los hechos y que se avance en la investigación de los hechos para identificar a los responsables” sin hacer valoraciones sobre lo que se conoce hasta ahora. En cambio su par Martín Lousteau no ahorró adjetivos y dijo que “si el Presidente no lo hubiera avalado, esto no habría existido y entonces es parte de la estafa o partícipe necesario”.
Mientras en Córdoba aún no se conocen casos de inversores de $Libra un operador con experiencia en el tema señalaba el preocupante panorama que se plantea con la denuncia ante el FBI (reporte de actividades criminales) y ante la SEC (Securities and Exchange Commission de Estados Unidos) que es el organismo gubernamental que regula los mercados de valores y protege a los inversores. “Son asuntos muy distintos que la investigación la haga Comodoro Py y otra muy seria que la hagan los norteamericanos que son muy celosos de la credibilidad de su sistema financiero y bursátil”.
El mismo economista agrega que esta noticia puede tener consecuencias palpables en la relación con el Fondo Monetario. “Son muy críticos de las criptomonedas porque son descentralizadas, difíciles de controlar a la hora de evitar operaciones de lavado y corrupción y porque excluyen a los estados. Y la función del FMI es garantizar el sistema monetario mundial”. Tal vez estas no sean buenas noticias para Caputo y su larga negociación para lograr desembolsos de dólares frescos que el Plan Milei necesita como el aire para seguir respirando.
