La Coalición Cívica (CC) acaba de denunciar ante la Oficina Anticorrupción (OA) a Emilio Pérsico por incompatibilidad en sus funciones. Según tal acusación, la Secretaría de Economía Social a cargo del líder del Movimiento Evita habría intervenido en dos expedientes, a través de los cuales, la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual Pérsico era directivo, fue beneficiada con más de 160 millones de pesos. Tal querella involucra también a Alexandre Roig, actual presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), dependiente de la Jefatura de Ministros del Gobierno Nacional, por “la celebración incompatible de convenios con cooperativas de trabajo, federaciones, fundaciones y asociaciones civiles para el otorgamiento de soluciones financieras(?)”.
Un detalle: Roig es, o habría sido, dirigente del Movimiento Evita. Consecuentemente, la violación a toda ética pública e imparcialidad funcional es absoluta, administrativa y judicialmente reprochables.
Esa Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA está integrada por 49 unidades de gestión, que emplea a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Algunas de ellas son: Cooperativa de Trabajo La Patriada; Cooperativa “La Montonera”; Cooperativa “Chacho Peñaloza” y Cooperativa “San José Obrero”.
Incompatiblemente, el Potenciar Trabajo está -o estuvo en algún período temporal de los últimos tres años- gestionado por Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. Es el programa más importante del Ministerio de Desarrollo Social, junto con la tarjeta Alimentar. Tiene 1.383.279 titulares, pero 253.184 serían truchos.
Escándalo y escarnio oficial
De tal manera, los pseudoprogramas cooperativos en cuestión quedaron bajo la lupa judicial después de que la Afip descubriera irregularidades y prácticas escandalosas en el cobro del beneficio, como sustitución de identidad, compra de moneda extranjera, más de una propiedad a nombre del beneficiario, un auto con menos de un año de antigüedad, o haber declarado Bienes personales, entre otras características.
Las dos resoluciones tramitadas por Emilio Pérsico son la N° 144 del año 2020, por $ 2.043.440, y la N° 236 del mismo año, por $ 158.200.000. En ambas Pérsico no se habría abstenido de participar en la tramitación de los expedientes a pesar de estar a cargo del Potenciar Trabajo y formar parte de la Federación que integran casi 50 cooperativas de la autodenominada economía popular.
Esta denuncia ante la Oficina Anticorrupción argumenta que las irregularidades son múltiples y diversas: en el caso del Inaes, por “la incompatible celebración de convenios con cooperativas de trabajo, federaciones, fundaciones y asociaciones civiles para el otorgamiento de soluciones financieras”.
Resulta que Alexandre Roig preside el instituto, pero también, habría sido en el último trienio dirigente del Movimiento Evita, quedando al igual que Pérsico en la ilegal parcialidad propia de aquellos “que están de los dos lados del mostrador”, sin prevenir, observar ni respetar sus propios conflictos de intereses, apartándose flagrantemente de las reglas éticas de conducta que invariablemente debe seguir todo funcionario público. Por ejemplo, declaraciones juradas, incompatibilidades, etc.
Además de los funcionarios públicos en cuestión (Pérsico y Roig) podría ampliarse la denuncia a Milagros Moya, en su condición de Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del Inaes, también integrante del Movimiento Evita.
A todo esto, acaso Pérsico, Roig y Moya -como los demás integrantes del directorio del Inaes-, ¿se abstuvieron de participar en los hechos denunciados e hicieron saber, documentada y oportunamente, de todo ello al señor agente fiscal de turno y a la Oficina Anticorrupción?
El inveterado desdén por la ética pública y la ausencia de mecanismos que la garanticen, explica y predice que actuales o potenciales funcionarios públicos sean tentados a caer en prácticas de corrupción, por lo que, el rescate y fomento de la Ética y Credibilidad Públicas construye, reconstruye, fortalece, motiva y crea una identidad en la administración pública que conduce a una mayor responsabilidad y transparencia funcional, contribuyendo a evitar o disuadir actitudes y posicionamientos reñidos con la ética y la corrupción, así como, consecuentemente con ello, a la paulatina recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones públicas.
En efecto, la ausencia e incumplimiento de una de las características valorativas imprescindibles e ineludibles como “la imparcialidad” en la aplicación de justicia administrativa cooperativa y mutual por parte de Inaes, atraparía a varios integrantes de su actual directorio, con lo cual, nos desviaríamos ilegal e impropiamente del concepto ético.
Sin eufemismos, la ley 25.188 de Ética Pública ha contemplado en su artículo 13 expresas “incompatibilidades y conflicto de intereses”, prescribiendo: “Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
Preconclusivamente, ante la evidencia de la situación harto deficiente en que se encuentra la administración pública en general, y la creciente demanda social a favor de un mayor sentido ético y de servicio en la gestión, la Constitución Nacional institucionalizó un sistema de control externo del sector público mediante una Auditoría General de la Nación, (Art. 85)
Urge entonces que dicha Auditoría -en tanto y en cuánto debe realizar el control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión del sector público nacional- expida clara y pormenorizadamente las conclusiones de sus oportunas auditorías así como de las evaluaciones de los programas cooperativos, proyectos y operaciones irregulares denunciadas por la Coalición Cívica, para asegurarnos finalmente una gestión pública ética, ajustada a derecho, transparentemente imparcial, política y corporativamente neutral para toda la fiscalización del Estado en materia cooperativa y mutual.
