“Senex” en latín significa anciano. De ahí viene “Senado”, esa institución que desde la época romana funciona como una parte del Estado. Tuvo diversas funciones, aunque generalmente se lo asoció a la moderación, ecuanimidad y razonabilidad que (supuestamente) llegan con la edad. En paralelo, también se lo vio como la parte del poder legislativo menos afín a los cambios y más connivente con el statu quo.
Volví a percibir esa tensión al escuchar las declaraciones de una Senadora mediterránea respecto del derecho de los niños y niñas a acceder a un hospital de alta complejidad como el Garrahan. Sentí la necesidad de clarificar algunas ideas que considero estructurales para las discusiones actuales respecto de los fines de la sociedad, nuestras responsabilidades y derechos.
Polémica por los dichos de la senadora cordobesa Álvarez Rivero
Más allá de su descargo posterior por mala interpretación, la afirmación textual fue: “Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.
Posiblemente este “aporte” sea más instructivo para comprender las opiniones profundas de quien lo emitió (incluso su deseo inconsciente, dirían los psicoanalistas), que para una contribución a la discusión pública. Seguramente está influido por la clase social de quien lo dijo y los supuestos de su contexto, ignorantes de las experiencias y situaciones de otros contextos desfavorecidos. Pero evitaré ese análisis, porque se mete en lo personal, e intentaré enfocarme en el contenido de su afirmación.
Los derechos infantiles y la Senadora
Imagino que lo que la Senadora mediterránea quiso decir cuando afirmó una mala interpretación de sus palabras, es que no hay una ley escrita que explicite el derecho mencionado. Pero se equivoca.
Por ejemplo, no considera el argumento del cumplimiento constitucional que otorga a las Declaraciones y Convenciones relativas a los Derechos Humanos un rol preponderante. Esto lleva a tomar como obligatorio el artículo 24 de la “Convención de los derechos del niño” sobre la obligación estatal de garantizar su salud.
La Constitución, que ella debe defender en sus legislaciones, pone una protección central –en este caso, de la niñez– que elimina cualquier discusión, cuando en una situación de salud acuciante surge una necesidad que origina un derecho. Y que ese derecho tiene rango superior al de la Constitución, según la propia Carta Magna.
Hay una especie de anarquismo en los sectores que justamente deberían defender la legalidad. Pero no es casualidad. Hay un clima de época, porque aquellos viejos senadores, defensores del statu quo, difícilmente hubieran desmantelado la sociedad en función de los intereses o capacidades individuales. En cambio, la era del individualismo y la crueldad considera que no hay argumento racional para justificar un sistema de salud que solventemos entre todos.
Mis anarquistas y los de ellos
Mi conocimiento del anarquismo fue prácticamente nulo hasta mi ingreso en la universidad. Incluso ahí la resonancia no era muy positiva. Recuerdo al viejo profesor Pérez, con su visión jerárquica y corporativa de la comunidad organizada, diciendo “nada peor que la anarquía”.
Pero la lectura me acercó, al menos afectivamente, a algunos valores del anarquismo. Su negativa a servir en las guerras (porque sólo defendían intereses burgueses), su rechazo al racismo (como ante los indios encadenados luego de la “Conquista del desierto”, diciendo que “bárbaros son los que les pusieron cadenas”), su rechazo de la subordinación a una jerarquía -Estado, religión, el machismo o la burguesía -por encima del resto de la sociedad, generan una innegable simpatía en un espíritu igualitario y universalista.
Incluso teniendo en cuenta algunos problemas, que les llevaron a separarse de los socialistas en la Primera Internacional, o pensando también en el tipo de ética prácticamente sacrificial que demandaban, aquellos anarquistas de fines del s. XIX y principios del XX representaban una imagen del ser humano emancipado, cooperativo, ilustrado, fraterno.
Por eso fue muy grande mi sorpresa cuando encontré la asociación entre anarquismo y capitalismo, en un libro sobre bioética de H.T. Engelhardt. Allí toma a R. Nozick para argumentar que no hay una justificación moral por la cual la sociedad organizada como Estado, podría usar el dinero de unos (captado como impuesto) para resolver los problemas de salud de otros.
Es decir, que no se justificaría moralmente que alguien con un hijo con una discapacidad reciba un apoyo económico del Estado, tomado de los impuestos de otros. Todavía de otro modo: cada quien cubre sus necesidades de salud; y si no puede cubrirlas, tanto peor para él. Sí puede mendigar o alguien puede caritativamente ayudarlo. Pero no puede exigir un derecho.
Sorprendentemente, la vieja solidaridad anarquista había desaparecido bajo una máscara individualista, con la que difícilmente se identificarían Proudhon, Bakunin, Juana Rouco o Virginia Bolten.
Es algo profundamente indignante e injusto, pero además es un error. No solo porque es ilegal, como vimos. También es mala idea, porque no incluye el argumento consecuencialista, donde la posibilidad de sufrir un daño y la de organizar una sociedad como una red de protección, implica la obligación de colaborar en el sostenimiento y el eventual aprovechamiento en caso de necesitarlo (y mejor si no lo necesitamos).
Pero-y sobre todo- porque rechaza pensar la comunidad humana como una red de apoyo fraterno, como creían aquellos viejos anarquistas. No estos.
