La lapicera representa una metáfora que alude a la capacidad de decisión política, capacidad que bajo las normas de la democracia es otorgada por la voluntad ciudadana a quien ocupa la cúpula de la estructura del Estado. Tal consideración, que refiere a regímenes presidencialistas, se sitúa en el campo de lo instituido, de esa atribución definida constitucionalmente.
Pero la política concreta interpela lo instituido, complejizando sus pretensiones. Necesitamos por lo tanto tomar un camino menos convencional, uno que nos ubique más cerca del problema del poder que de la lapicera, que nos permita desbrozar esa complejidad. Al respecto se ha sostenido (Foucault, Jessop) que ese poder que el Estado ejerce no le pertenece, sino que resulta de las contingentes alianzas y arreglos, sean éstas explícitas o implícitas. Ello lleva a poner la cuestión de la estrategia en primer lugar, con lo cual referimos a las relaciones y a los dispositivos materiales y simbólicos a los que normalmente se echa mano en la construcción del poder.
Adoptar tal proposición permite reflexionar sobre el crítico escenario que dinamiza hoy la singular coalición que ejerce el Gobierno. Usamos el término “coalición” a falta de una denominación más propia, en tanto este designa el acuerdo entre partidos. Entenderla a su vez como singular, permite advertir que el Frente de Todos (FdeT), si bien reúne a diversos partidos políticos, fue posibilitado por el acuerdo entre lo que pueden considerarse al presente dos fracciones del peronismo, partido mayoritario del Frente. Referimos a la fracción socialdemócrata (digamos) y a la kirchnerista, partes éstas que transitan un serio distanciamiento, a poco más de año y medio de las próximas elecciones presidenciales.
Se trata de una cuestión compleja, y prueba de ello es el insistente fogoneo de la derecha política y mediática, en tanto la escisión de la fuerza en el Gobierno favorecería su posición, atravesada también por divergencias crecientes entre halcones y dialoguistas, entre libertarios y neoliberales.
El núcleo del conflicto en el oficialismo, situado inicialmente en el “qué hacer”, ha pasado a considerar el “cómo” construir no ya un gobierno de unidad sino uno de acuerdos punto a punto. Se considera, en efecto, que la política estatal debe dejar de estar personalizada, para definirse en el seno de una denominada “mesa chica” que albergue a representantes de las fracciones en pugna. El FdT, de donde surge inicialmente esta proposición, busca así sustituir una mecánica de gestión que se basara en cierta cuota de confianza mutua, por un dispositivo en el que se debatan posiciones y se acuerden políticas. Esto es, los diferenciados ámbitos de Frente parecen entender que para llegar al “qué” hay que pasar por el “cómo”, algo que quizás debería haber sido parte de los acuerdos fundantes de la coalición.
Para plantearlo en términos esquemáticos, tal distanciamiento deviene de dos ideas contrapuestas del Gobierno: para los socialdemócratas el poder se ejerce mediante la búsqueda de consensos que hacen del posibilismo dialoguista su estrategia. La crítica a esta modalidad institucionalista de gestión, que tuvo su primera manifestación tras las elecciones primarias, a través de una carta pública de la vicepresidenta, ha hecho eclosión a raíz de un acuerdo con el FMI, que, a más de no ser elaborado al interior del FdT sino al interior del Ejecutivo, contiene cláusulas que amenazan no sólo la autonomía política del Estado, sino también la recuperación socioeconómica a corto, mediano y largo plazo.
Junto a ello campea una crítica a la lógica del “dejar hacer, dejar pasar”, que pareciera ser la subterránea y rediviva consigna de Gobierno que evita el conflicto, en especial con los poderes económicos. Desde el kirchnerismo se entiende, asimismo, que el FdT no ha venido a reproducir el statu quo existente, a evitar problemas, sino a enfrentarlos, a dar a los mismos una respuesta progresista.
Entre tanto, la política, ese espacio en el que el ejercicio de lo imprevisible amplía las posibilidades mas allá de los límites, estaría dando muestras de otras formas de resolución; por caso, aquella del hecho consumado, a partir de iniciativas que, habiendo sido enunciadas con bastante antelación, son retomadas con el objetivo de dar un brusco vuelco a las consecuencias que el acuerdo con el FMI trae al futuro de nuestra sociedad. Es así que el bloque de senadores nacionales del FdT ha elaborado un proyecto de ley que busca crear un fondo de financiamiento para el pago de la mal contraída deuda por el macrismo, iniciativa que recibe el inmediato apoyo del titular del Poder Ejecutivo.
Recostada sobre una fuga de divisas cercana a los 370.000 millones de dólares depositados en el exterior (otros 70.000 millones han sido declarados por sus propietarios), la iniciativa busca gravar con el 20% dichos fondos, porcentaje que crece según el momento en que se cancele el gravamen. Como es claro, su cumplimiento permitiría que la cancelación de la ilegítima deuda contraída con el FMI no salga del bolsillo del argentino común, sino de aquellos que han evadido burlando toda norma. No sólo las que establecen las leyes tributarias, también las normas mínimas de una ética de la responsabilidad. Difícilmente fracción alguna del FdT pueda estar en desacuerdo con esta iniciativa, lo cual debería materializarse en toda una estrategia destinada a obtener los apoyos que se requerirán para su aprobación. Pero, claro, es también difícil que la derecha repare en las responsabilidades aludidas. Al respecto habrá que ver si el gravamen del 20% sobre las grandes fortunas que habría decidido Biden no lleva a repensar su oposición inicial. ¡Si el gran hermano lo hace, no debe ser tan malo!
En síntesis, más allá de los dispositivos de gobierno que habrá que generar, y mucho más allá de una ruptura que acercaría al abismo al actual Gobierno, las fuerzas del FdT parecen comprender la necesidad de permanecer en el espacio que fuera creado para evitar el avance del neoliberalismo. Este proyecto de ley ha impulsado un primer acuerdo.
