Nuestra constitución nació bajo la inspiración de Alberdi, que adaptó la que regía en EE.UU., por la preexistencia de las provincias que formaban la Confederación Argentina y la necesidad de otorgar mayor estabilidad y previsibilidad.
Eso continúa, con algunos cambios. Así, el sistema bicameral –Diputados y Senado- tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Diputados, que se renueve por mitades implica que no puedan dominarlo mayorías circunstanciales que no sean convalidadas en -al menos- dos elecciones sucesivas.
En el Senado, la renovación por tercios y la incorporación de un tercer Senador por la primera minoría (Reforma de 1994) hace que las terceras fuerzas tengan más dificultades para acceder a él, y mucho más para dominarlo con las mayorías suficientes para designar funcionarios judiciales, o impedir la remoción por juicio político del Presidente que haya accedido por una mayoría circunstancial en un ballottage.
Aun cuando la incorporación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y su ley posterior, aumentó mucho su poder de legislar (si ambas Cámaras no los rechazan), la Presidencia está condicionada a acordar con los otros partidos y las provincias, al menos en un primer período en el que, aun ganando en dos elecciones legislativas consecutivas, no tendrá mayorías propias.
El sistema ha probado la estabilidad prevista, por lo que nunca se vivió la remoción por juicio político del Presidente, como ocurrió en Brasil –Collor de Melo renunció antes de ser desplazado; y Dilma Rouseff lo fue por un problema formal en el presupuesto, que aquí ni sería considerado- o en Perú, con Castillo, entre otros.
No considerar esa estructura institucional fue el error fundacional del oficialismo libertario, al emitir el DNU cuestionado judicialmente por carecer en muchos aspectos de “necesidad” y “urgencia”, y que ahora parece ir hacia su rechazo, por ambas Cámaras. Más aún tras las descalificaciones a los otros partidos –aún los que apoyan parcialmente al gobierno- y la “guerra” contra las provincias, que quedan a las puertas de una interrupción de pagos en todos los rubros de su presupuesto –sueldos, jubilaciones, obras públicas- salvo que emitan cuasimonedas (bonos provinciales).
De allí también surge el fracaso de la Ley ómnibus, que también fue elaborada por personas –no funcionarios- representantes de las más importantes empresas nacionales y extranjeras con presencia en el país, y los estudios jurídicos que las asesoran. Ello muestra claramente que lo que considerábamos “la casta” ha sido reivindicado por el Presidente como “héroes” en Davos, y beneficiados por las sucesivas medidas adoptadas.
La capacidad del Poder Ejecutivo en el manejo presupuestario, que utiliza para licuar sueldos y haberes jubilatorios, subsidios, giros a las provincias y aportes alimentarios, puede servirle para licuar los gastos, pero de ninguna forma puede sostenerse, tanto por las reacciones sociales como por las políticas, y, en algunos casos, empresarias (que, ante la evidencia del fracaso legislativo que las beneficiaba, comienzan a temer un fracaso aún más rotundo en la gestión de gobierno).
En el cortísimo plazo existen dos problemas graves:
1) la ausencia de aportes alimentarios a comedores comunitarios, el aumento desmesurado de alimentos, alquileres, medicamentos, prepagas, educación privada, transporte público, combustibles y energía eléctrica, y la previsible reacción de los trabajadores activos y jubilados, de la educación, salud, seguridad y justicia, afectará gravemente al 80% de la población.
2) La pequeña devaluación diaria frente a una inflación desbocada induce al 20% restante a apostar por el dólar y contra el peso, por lo que pueden no liquidar la cosecha que se anuncia, lo que provocará una nueva devaluación y otra aceleración inflacionaria.
Por mucho menos que eso, en muchos países hubo graves problemas de gobernabilidad, y rupturas institucionales que no pueden ser controladas por redes sociales, y mucho menos con represión en las calles.
En Chile, en 2019, un aumento de $ 30 (0,05 dólares) derivó en que los jóvenes comenzaran a saltar los ingresos al Metro santiaguino, y llevara a un reclamo que rezaba “no son 30 pesos, son 30 años”, que llevó a dos intentos de reforma constitucional y a Boric a la Presidencia, desplazando a los partidos tradicionales, luego de graves incidentes y represión con pérdidas de ojos y muertos en las calles.
Las sucesivas medidas, insultos, descalificaciones y venganzas que viene llevando adelante el Presidente no parece que puedan ser compensadas por la necesidad que lleva a los legisladores a dudar de un enfrentamiento directo; enfrentamiento que parece inevitable. O a uno con el lobby empresario beneficiado (AEA, AmCham, etc.) que comienza a dudar de su viabilidad, como ocurrió en el anterior gobierno de Mauricio Macri, al que le negaron “la lluvia de inversiones” que anticipaba, y no pudo sostenerse, a pesar de contar con mayorías legislativas mucho mayores que las actuales del oficialismo libertario, y sin haberse enfrentado con las provincias y otros sectores.
Como dijera Mark Twain, “la historia no se repite, pero rima”.
