Sorprende que haya quien se sorprenda al volver a oír el nombre de Daesh (el autoproclamado Estado Islámico – EI). Centrados en la guerra en Ucrania desde hace casi dos años y ahora aún más en la masacre que Israel está cometiendo en Gaza, podría parecer que la simple mención de esa entidad yihadista es un error o un salto atrás en el tiempo, por considerar equivocadamente que, tras el colapso (hace ya cinco años) del pseudo califato que su líder, Abu Bakr al Bagdadi, instauró en parte de Siria y de Irak en 2014, simplemente había desaparecido. Evidentemente, la realidad es muy distinta.
En primer lugar, tal como puntualmente recoge el Global Terrorism Index, en 2022 (no hay datos consolidados todavía del pasado año) EI y sus distintas filiales (Wilaya Jorasán – ISK, Wilaya Sinaí-ISS y Estado Islámico del África Occidental – ISWA) volvieron a ocupar el primer lugar en la lista de grupos terroristas más activos por octavo año consecutivo. Un listado en el que figuraban a continuación Al Shabaab, el Ejército de Liberación de Baluchistán y Jamaat Nusrat Al Islam wal Muslimeen (JNIM). Aun así, es cierto que durante dicho año el porcentaje de víctimas mortales provocado por el entramado del EI se redujo en un 16% con respecto al año precedente; un dato en todo caso en cuestión, dado que ha venido acompañado de un notable incremento de muertes en ataques no reivindicados por ningún grupo (precisamente en territorios donde EI tiene mayor presencia). En resumen, a lo largo de dicho año un total de 18 países han registrado atentados perpetrados por alguna de sus facciones (20 un año antes).
Por otra parte, fueron 42 (43 en 2021) los países que sufrieron al menos una muerte por atentado terrorista; lo que da una idea de que la amenaza que representa esa modalidad de violencia no ha desaparecido, por mucho que el total de víctimas mortales se haya reducido un 38% desde su máximo nivel en 2015, hasta quedar en 6.701, con Afganistán como el país más golpeado por cuarto año consecutivo.
A escala regional resulta altamente preocupante que, si el Sahel apenas suponía el 1% de todas las víctimas mortales contabilizadas en el planeta en 2007, en 2022 ya era el 43% del total, por delante de cualquier otra región. En términos comparativos, y ahí puede estar la principal razón de la falta de sensibilidad actual sobre la amenaza, en Europa tan sólo se registraron dos atentados yihadistas en todo ese año, aunque siguen aumentando los llevados a cabo por grupos de extrema derecha.
Volviendo a Irán, el régimen liderado por Alí Jamenei es sobradamente consciente de la actividad de distintos grupos, con el Ejército de Liberación de Baluchistán, la Organización de los Muyahidines del Pueblo Iraní (Mojahedin-e-Khalq – MEK) y el propio EI como los más destacados. Respecto a este último, ya en junio de 2017 llevó a cabo un brutal atentado contra la sede del parlamento y la tumba del fundador del régimen, Ruhollah Jomeini, con un saldo de más de 50 personas muertas y heridas. El reciente atentado en Kerman demuestra tanto que ese grupo tiene una capacidad operativa nada desdeñable, como que la política de represión aplicada contra cualquier disidencia interna no está dando frutos.
De hecho, ampliando el campo de visión más allá de Irán, sigue quedando claro que, por insistente y abrumadora que pueda ser la respuesta militar contra el maremágnum de grupos terroristas existentes –en torno a los dos centenares– no hay solución eficaz a dicha amenaza si sólo se activan los instrumentos de fuerza. Más allá de visiones iluminadas que tan sólo movilizan a un reducido número de personas, son muchos los grupos terroristas que florecen y se sostienen a partir de un contexto de insatisfacción generalizada de las necesidades básicas y la falta de respeto a los derechos más elementales. No en vano el 98% de todos los atentados se producen en territorios sometidos a un conflicto violento, en los que se registran habitualmente ejecuciones extrajudiciales, donde han fracasado las fórmulas de convivencia mínima entre distintos y donde el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la violencia.
De ahí se deduce que, como bien enseñan las experiencias acumuladas con al-Qaeda, EI y tantos otros, la reducción y eliminación de la amenaza terrorista pasa necesariamente por una activación multilateral y multidimensional de las capacidades sociales, políticas y económicas del conjunto de la comunidad internacional, sin olvidar la eliminación de las dobles varas de medida a la hora de enjuiciar el comportamiento de unos y otros. ¿Alguien puede dudar, por ejemplo, que gestos como el alinearse nítidamente con Israel, o el consentimiento ilimitado a Benjamín Netanyahu en su operación de castigo a los palestinos va a tener repercusiones negativas para la seguridad occidental? ¿Alguien puede creer aún que Hamás, EI o tantas otras organizaciones yihadistas van a ser eliminadas por la fuerza?
