Durante el período de sesiones ordinarias correspondiente al año 2025 el Congreso de la Nación logró sancionar solamente 11 leyes, a las que deben sumarse dos normas más que fueron aprobadas a fines de diciembre, ya en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, de manera tal que se cerró el período con menor productividad legislativa de la última década.
Esto es consecuencia de la extrema polarización que se vivió en el Palacio de las Leyes, con un oficialismo que estaba debilitado en su representación parlamentaria y una oposición que, aunque sumamente fragmentada, pudo imponer en muchos casos su propia agenda legislativa, a diferencia de lo acontecido en 2024. Por lo demás, aquella polarización no es sino una réplica de la exagerada grieta que se manifiesta hoy en nuestra sociedad.
Cabe aclarar que en año pasado el Gobierno había perdido la iniciativa legislativa, ya que de todos los proyectos que resultaron aprobados únicamente dos surgieron de las usinas libertarias, los dos sancionados en extraordinarias, esto es, la Ley de Presupuesto 2026 (que imperativamente deber ser presentada por el Ejecutivo ante el Parlamento en el mes de septiembre de cada año) y la Ley de Inocencia Fiscal (que eleva los montos a partir de los cuales se penalizan los distintos tipos de evasión fiscal y oficializa el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias).
A su vez, de las 11 leyes sancionadas en ordinarias, tres fueron acuerdos internacionales que habían quedado pendientes de la gestión anterior y las ocho restantes se generaron en las distintas bancadas opositoras, mayormente, en aquellas calificadas como “amigables” (es decir, no kirchneristas). Entre ellas, se destacan:
- La declaración de emergencia en Bahía Blanca por 180 días, debido a las graves inundaciones sufridas en marzo de 2024.
- La declaración de emergencia en discapacidad, a efectos de garantizar los derechos de ese colectivo social y la prestación de servicios esenciales, incluyendo la actualización de los aranceles y el fortalecimiento de las Pensiones No Contributivas.
- La modificación de la normativa que rige los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, de modo que en adelante los ATN se coparticipen en forma automática (y no discrecionalmente) como el resto de los fondos coparticipables.
- La Ley de Financiamiento Universitario, destinada a asegurar la sustentabilidad del sistema universitario nacional, garantizando fondos suficientes para su funcionamiento normal y actualizando los salarios del personal docente y no docente, que permanecen prácticamente congelados desde el inicio de la gestión libertaria.
- La declaración de emergencia en Salud Pediátrica por un año, para resolver la falta de insumos y equipamiento, mejorar las condiciones laborales y salariales del personal de Salud, y al mismo tiempo fortalecer el sostenimiento de hospitales emblemáticos y de alta complejidad como el Garrahan.
- La denominada “Ley Nicolás”, que procura asegurar una atención médica de calidad en el país, mejorar los protocolos y herramientas tecnológicas, cuidando al equipo de Salud y estableciendo un adecuado marco regulatorio a fin de prevenir fallas sistémicas en hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas.
A las anteriores normas se suma la aprobación legislativa de dos aumentos para los jubilados nacionales, ninguno de los cuales pudo hacerse efectivo debido a la tenaz oposición del Gobierno.
En este sentido, se debe resaltar que en 2025 el presidente Javier Milei hizo uso de su facultad constitucional para vetar las leyes en siete oportunidades. Esto significa que siete de las 11 leyes sancionadas por el Congreso en sesiones ordinarias fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los legisladores lograron insistir y revertir tres de esos vetos, a saber: las dos leyes que declaran la emergencia en discapacidad y Salud Pediátrica, y la ley de Financiamiento Universitario.
Como se sabe, estas leyes -que tratan sobre salud y educación- son fuertemente resistidas por la Casa Rosada y no se están cumpliendo en la actualidad, ya que el Gobierno, en lugar de cumplirlas, como debería hacer en un Estado de Derecho, decidió judicializar dichas normativas, contando ya con algunos fallos adversos en sede judicial, por ejemplo, aquel que le ordena al Ejecutivo cumplir con la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad.
Según fuentes parlamentarias, se llevaron a cabo 22 sesiones durante el 2025, de las cuales la mitad fueron sesiones de carácter especial (que se dan cuando se reúne el pleno sin tener previamente dictamen de Comisión), lo que evidencia la falta de acuerdos mínimos entre los diferentes bloques para establecer una agenda legislativa común, que redundaría en interés y beneficio de sus representados.
También es importante señalar que el año pasado la oposición se vio obligada a utilizar una herramienta parlamentaria poco frecuente para forzar el debate en el recinto: los emplazamientos a Comisión. Así las cosas, mientras que históricamente no solía haber más de tres emplazamientos por año, en 2025 se registraron 20 en total, sextuplicándose la media anual, obligando al oficialismo a tratar temas cuya discusión hubiese preferido evitar, como por ejemplo, la que gira en tormo al financiamiento de nuestras universidades.
Por último, después de muchos años el Congreso logró rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), concretamente, el que otorgaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fondos de carácter reservados; aunque lamentablemente no alcanzó a modificar la normativa que regula estos decretos, que configuran un instrumento legislativo de carácter excepcional del que Milei ha hecho uso y abuso durante los dos primeros años de su gestión presidencial.
En definitiva, con la labor parlamentaria en comisiones prácticamente paralizada, con un oficialismo que sistemáticamente se rehusó a dar los debates y una oposición fragmentada en múltiples bloques, el año legislativo se consumió entre chicanas, emplazamientos, sesiones especiales, algunas sanciones y varios vetos, todo ello en el marco de discusiones muy acotadas y cada vez más degradadas, con intercambios de groserías y escándalos varios, que fueron conducentes para producir ruido, mucho ruido, demasiado ruido pero muy pocas leyes.
