La Nación niega, en palabras de su jefe de Gabinete, cualquier deuda de ANSES a las provincias que no transfirieron sus Cajas de Jubilación en la década de los años noventa.
Esto complica financieramente, y mucho, a Córdoba: la Provincia no transfirió la Caja a la Nación, por una decisión política de José Manuel de la Sota, amparado en tratarse de una cláusula férrea de la Constitución provincial.
En el gobierno del presidente De la Rua, se negoció un régimen de “armonización”, incluido en el Pacto Fiscal firmado el 5 de diciembre de 1999, acordado con la totalidad de las provincias, y avalado por los organismos financieros internacionales.
El texto está en la cláusula 10 de este Pacto, que después se convirtió en ley.
Córdoba pedía -y lo consiguió- que se simulara como si la provincia hubiera pasado las Cajas a la ANSES, tal cual lo hicieron muchas provincias (por caso, La Rioja). Y, en espejo, la Nación financiaría ese déficit. En nada aumentaba el acuerdo el déficit del sistema.
El convenio, aun con sus muchas vicisitudes (por caso, las clausulas de armonización y demoras en los pagos) nunca se dejó de cumplir en veinticinco años por parte de la Nación.
Asombra ahora que el jefe de Gabinete anuncie tamaña negación de la deuda, sin ningún fundamento jurídico ni financiero.
Por otra parte, hay que recordar que las jubilaciones, en Córdoba, son superiores al promedio nacional, no por causa de lo expresado sino porque los activos de la provincia hacen aportes superiores, destinados a la Caja Provincial, en comparación con el resto de los agentes públicos nacionales y del sector privado.
Cualquier demanda que realice la Provincia está amparada jurídicamente. El federalismo requiere un respetuoso trato de la Nación a la Provincia de Córdoba.
