Los últimos datos oficiales que se dieron a conocer en materia de pobreza representan un duro golpe a nuestra dignidad colectiva. En efecto, según el informe que publicó el INDEC el pasado viernes, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el índice de pobreza ha experimentado un notorio incremento durante el primer trimestre de este año, trepando del 34,2% al 38,7%, lo que significa un aumento del 4,5% con relación a la medición anterior; es decir, que se sumaron dos millones de nuevos pobres en el país tan sólo en ese período. Y la tasa de indigencia también registró un incremento (aunque más leve), pasando del 8,2% al 8,9%, cortando así la tendencia bajista que era uno de los pocos resultados positivos que el actual gobierno podía exhibir en este tema.
El empobrecimiento se evidencia en todos los sectores laborales, tanto en empleados registrados como no registrados, e incluso afecta a aquellos que trabajan por cuenta propia. En este sentido, llama la atención que el índice de pobreza entre personas empleadas haya aumentado del 24,4% al 28,7%, siendo ésta una situación sin precedentes en la Argentina, donde el trabajo ya no garantiza la salida efectiva de la pobreza.
Resulta imposible no vincular la creciente pobreza con el fenómeno inflacionario que desde hace años padece la sociedad argentina. Al fin y al cabo, la pobreza es la consecuencia social que se deriva de un régimen de alta inflación. Así, a mayor inflación tendremos indefectiblemente mayor pobreza. Como se sabe, las cifras de pobreza e indigencia se calculan en relación al valor de la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), y ambas han experimentado aumentos superiores a la inflación (y muy superiores a los ingresos de la población), ya que mientras la inflación general acumula un 115% en los últimos 12 meses, la CBT y la CBA se incrementaron más de un 120% interanual.
Cabe aclarar que la información relevada por el INDEC corresponde a 31 conglomerados urbanos, que suman aproximadamente 29 millones de habitantes. Y si los porcentajes anteriores de pobreza e indigencia se proyectaran sobre el total de la población (46,2 millones), incluyendo la rural, el número de pobres ascendería a 18 millones, de los cuales cuatro millones al menos son indigentes.
Los datos son suficientemente elocuentes y reflejan una dura y triste realidad. Que 18 millones de argentinos y argentinas estén hoy sumergidos en la pobreza nos indigna y avergüenza, y que, de ese total, cuatro millones sean indigentes (100.000 personas más que en la medición anterior), demuestra crudamente la profundidad de la crisis social que se vivencia en Argentina.
Sin dudas, el costado más dramático de esta tragedia es la pobreza infantil. Los niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años (unos 11 millones en total) han sido los más afectados por las medidas económicas implementadas en estos últimos años, en particular, por el constante aumento de precios de los alimentos y productos de primera necesidad. De hecho, la pobreza en este sector etario ha pasado del 47,1% al 54,7%. Esto significa que más de seis millones de chicos viven en hogares pobres, y siendo ello así, nuestro futuro como sociedad se encuentra severamente condicionado. En las barriadas pobres de los grandes centros urbanos el único norte de estos niños es la supervivencia.
En Buenos Aires, por ejemplo, la Dirección de Estadísticas informó que la indigencia aumentó de 182.000 a 259.000 personas (del 5,9% al 8,4%). Este crecimiento es francamente alarmante, si se tiene en cuenta que estamos haciendo referencia a la ciudad más rica del país. En tanto, en aquel distrito la pobreza afecta hoy a unas 673.000 personas (21,8%), cuando antes afectaba a unas 625.000 (20,3%), configurándose un incremento del 1,5% con respecto a la medición anterior.
Es menester recordar que, en la nueva serie del INDEC, la pobreza comenzó a transitar un camino ascendente a partir del primer trimestre de 2018, cuando alcanzó el 24,8%. Con la recesión que se inició ese año y las distintas devaluaciones que se sucedieron durante el gobierno de Mauricio Macri, ésta creció casi diez puntos porcentuales, llegando al 34,2% a principios de 2019.
Luego, ya en la gestión de Alberto Fernández, con la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas en el marco de una extensa cuarentena, que provocaron el desplome de la actividad económica, la pobreza volvió a subir hasta escalar peligrosamente al 39,5% en 2020. El rebote de la economía y el aumento del empleo que se registró a partir del año 2021 contribuyeron a bajarla al 34,2%, cifra que parece haberse convertido en el nuevo piso de la pobreza en Argentina (equivalente a poco más de un tercio de la población).
Sin embargo, como los números de la EPH lo demuestran, la situación tendió a empeorar en los primeros tres meses de este año, de la mano de una inflación que viene en plena escalada, dando como resultado un salto en la pobreza que ahora se ubica en torno al 40% (el Observatorio de la Deuda Social de la UCA ya la estima en 43%), lo que debería poner en alerta a la sociedad en su conjunto, dado que se trata de un porcentaje obsceno, que violenta y socava la dignidad del pueblo argentino. Es imposible pensar en términos de integración social con semejante número de pobres e indigentes en el país.
Para colmo de males, nada hace presagiar que en los meses venideros vayan a recortarse estos guarismos, máxime con un proceso electoral en curso y la consiguiente incertidumbre que ello trae aparejado, tanto en el plano político como económico.
Por cierto, la pobreza es el rostro visible de la desigualdad en Argentina, y la pobreza extrema (que hoy llamamos indigencia), es su rostro más cruel e impiadoso. Los datos recientemente publicados por el INDEC interpelan a toda la sociedad y muy especialmente a su clase dirigente, que es la principal responsable de este verdadero flagelo nacional. La situación es de tal gravedad que demanda la adopción de medidas urgentes. Los pobres y los indigentes no pueden seguir aumentando, día tras día, a la espera de los resultados electorales.
