Los populismos buscan redistribuir ingresos y aumentar el consumo a través del Estado como forma de aumentar el PBI que mide la circulación monetaria, pero no la capitalización social, financiera, educativa, ambiental, etc. A veces y en menor medida buscan capitalizar los sectores descapitalizados, por lo que los sectores menos favorecidos pocas veces logran salir del círculo vicioso de la pobreza.
Eso es lo que explotó en 2023, luego que la pandemia y los subsidios en pesos aumentaron significativamente financiándose con emisión monetaria –los llamados plan “platita”- que produjo aumento de la inflación y un futuro más incierto para los más marginados.
Así, el péndulo se fue al otro extremo, el del elitismo que aprovechó la desazón de muchos para ganar las elecciones y que el gobierno actual cambiara el paradigma productivo por el financiero.
La priorización financiera en el uso de los recursos estatales, reduce los subsidios en pesos que se expresan en una baja déficit primario del Estado, pero aumenta mucho las rentas inmobiliarias, financieras y monopólicas, produciendo déficit fiscal mientras restringen la disponibilidad de moneda para sostener bajo el valor del dólar y la inflación generando aumento de tasas y recesión.
No pocos señalan que los populismos regalan pesos y los elitismos regalan dólares en distintas versiones del mismo fenómeno.
En los “planes platita” en dólares, unos pocos pueden viajar al exterior y comprar productos importados a precios de oferta poniendo en situación terminal la producción local, lo que camufla los subsidios a sectores extractivos –petróleo, gas y minería- y financieros que se benefician, a la espera de una lluvia de inversiones nunca se produce por el riesgo de la falta de sostenibilidad financiera, económica, social y política por la salida de divisas que producen.
Ambos modelos tienen factores comunes: A) Ninguno capitaliza a las personas, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado. B) Ambos permiten, promueven o requieren corrupción en el Estado. C) Los dos requieren un “estado bobo” o inexistente que impida un control eficaz y amplio de los funcionarios y sus cómplices privados que evite su impunidad. Por lo que solo se conocen por filtraciones.
La corrupción tiene variadas formas, desde las más primarias hasta las más complejas. En mi nota “Corrupción, la eterna recurrencia” del 4/01/24 se describen siete niveles de la corrupción. Los cinco primeros son los más conocidos y pueden ser ejecutados por funcionarios de nivel intermedio o con una organización precaria.
Allí están todos los conocidos y publicados ampliamente en los últimos años, inclusive los actuales referidos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuya coima se atribuye a la hermana presidencial, Karina Milei y sus adláteres.
Los dos restantes, son típicos de “las elites” y los montos involucrados son enormes –miles de millones-. El sexto nivel lo constituyen las informaciones privilegiadas, que como tales, permiten a quienes tengan fondos suficientes obtener pingües ganancias, al poder adquirir a bajo precio algo que luego aumentará sustancialmente, seguramente compartiendo esa ganancia con quienes le dieron esa información (que, obviamente, son pocos y del más alto nivel).
Hoy JP Morgan el ex empleador del Ministro de Economía y del Presidente del BCRA, ha recomendado reiterada y sucesivamente invertir en Argentina y dejar de hacerlo, luego que ellos aprovechen grandes rentabilidades en pesos y salgan antes que aumente el dólar en una sospechosa anticipación de las decisiones que toman sus ex empleados.
Esta es sin dudas la corrupción de mayor envergadura, en los que la intervención del Estado en el tipo de cambio y las tasas de interés está produciendo enormes beneficios a quienes pueden ingresar o salir del mercado financiero a tiempo por tener información previa, que se sustraen a la actividad productiva, se fugan del mercado y generan grandes deudas que pagaremos todos.
El séptimo nivel es el nivel más complejo, conspirativo y organizado; y es fácil suponer que gobiernos y grandes empresas que los promueven están, al menos, facilitando que esa actividad pueda llevarse a cabo: los blanqueos sin costo ni explicación del origen de los fondos son su máxima aspiración, con lo que fondos de origen ilegal, evasión, narcotráfico, etc. logran legitimarse.
En cuanto a los sistemas de control, no resulta extraño que no existan controles republicanos cruzados entre los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, ni organismos de control que puedan funcionar adecuadamente.
Así, el Poder Judicial controla la designación y remoción de jueces, la Corte Suprema de solo tres miembros no tiene plazos para fallar o puede hacerlo sin fundamentar, el Procurador General es “interino” desde hace ocho años, no existe Defensor del Pueblo desde hace diez años, la Auditoría General de la Nación no tiene quorum para funcionar –el gobierno no ha designado sus representantes-, la Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo que debe controlar, los DNU requieren menos requisitos de aprobación legislativa que las leyes, las masivas declaraciones de emergencia y las atribuciones delegadas en la Ley Bases permitieron al Ejecutivo tomar decisiones de extrema gravedad que son competencia del poder legislativo, etc.
O sea, existe un sistema institucional no republicano, ni transparente, ni preventivo de la corrupción que se sostiene desde hace años, sea en gobiernos “populistas” o “elitistas”.
