Todos los últimos meses del año son claves para mucha gente. Los comerciantes esperan que un año de vacas muy flacas se compense con ventas que permitan repuntar algo de lo perdido. Los asalariados esperan que un bono o el aguinaldo ayuden a costear los gastos de las fiestas o recortar deudas. Los que pagan sueldos sufren penurias para juntar los recursos y los que los cobran reclaman que no alcanza. La sobrecarga de un año agotador para todos pasa factura y caldea los ánimos.
Este martes los gremios estatales salen a la calle con un reclamo recargado: el art 63 de la Ley Tributaria habilita al gobernador a elevar cuatro puntos (hasta el 26 por ciento) los aportes de los trabajadores para la Caja de Jubilaciones. Si tres semanas atrás marchaban por las calles reclamando que retrocedan del 22 al 18 por ciento que aplicó Llaryora cuando asumió en el 2023, ahora la apuesta redoblada del gobernador promete conflictos y calles bloqueadas.
Gremios estatales marcharán contra el aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones
Durante la sesión del miércoles pasado la legisladora opositora Alejandra Ferrero le anunció a los estatales que se preparen para el aumento. Al día siguiente en varios grupos de WhatsApp de gremios aportantes a la Caja circuló la nota periodística que detalló los alcances de ese artículo que sólo fue reconocible tras la lectura minuciosa de los asesores. A las pocas horas ardían de furia las reuniones en sindicatos y lugares de trabajo.
Es que los reclamos por un bono de fin de año que compense lo perdido por inflación ahora mutaron en marchas callejeras para evitar una pérdida de salario por vía de mayores aportes. “A esto hay que sumar los descuentos para Apross que incluyen ítems extraordinarios que ya se convirtieron en permanentes” dice un dirigente del SEP.
El gobernador trazó en el mapa de arena, tras la dura derrota electoral, las alternativas que se presentaban frente al reclamo judicial por la deuda de la Nación por la Caja de Jubilaciones: si Milei se negó a abonar durante los dos años pasados, ahora empoderado por la victoria de octubre el cobro será imposible. La Corte Suprema, siempre atenta a los vientos políticos de época, poco hará para resolver la demanda que entabló la Provincia aunque la auditoría está prácticamente lista y los montos calculados. Con las cartas echadas, Llaryora tomó la iniciativa.
Las opciones que manejan en el Panal ya fueron expuestas por el legislador Facundo Torres que con crudeza expuso que los 750.000 millones de déficit deben cubrirse de alguna forma y que es injusto que recaiga sobre los contribuyentes en general. Las opciones que les ofrecen son un aporte mayor de los gremios que cobran mejores sueldos: municipales de Capital, judiciales, EPEC y bancarios.
Desglosando los subsistemas de la Caja los bancarios sobresalen como los más deficitarios por la drástica reducción en el número de activos. Torres señaló a los municipales del SUOEM como uno de jubilaciones altas. Rápido para los cálculos, Daniele le retrucó que el subsistema es superavitario y alcanza a subsidiar al de los Legisladores.
Las opciones que deslizó el gobierno es la transferencia de la Caja a Anses, algo que requiere aprobación de la Nación y asumir un costo que la administración de Milei no querrá absorber. La otra alternativa es devolver la Caja a los gremios que siempre han reclamado por la intervención que lleva más de 30 años.
Esta última opción es un brete para los sindicatos pero poco viable en términos políticos ya que deja sin aceptar responsabilidades a las gestiones provinciales que desfinanciaron el sistema durante años. Un gremialista que peina canas enumera memorioso que el número de pasivos aumentó artificialmente “con jubilaciones anticipadas en el Banco de Córdoba en años de De la Sota o en la Legislatura en el último mandato de Schiaretti. También con la precarización de empleos públicos con modalidades de contratos y monotributo, sobre todo en la administración central y en salud”. Al debate habría que agregarle los sistemas especiales que permiten a los policías y penitenciarios jubilarse a los 50 años.
Los costos de la derrota
Cerca del gobierno, explica un legislador con visitas frecuentes a los despachos del Panal, se busca que la sociedad entienda que este es el costo de votar a un presidente como Javier Milei. El precio del ajuste que comenzaron a pagar primero los intendentes, ahora empieza a recaer sobre los gobernadores y antes se sintió fuerte en la economía de las familias.
Pronto se comenzará a ver reflejado en los servicios públicos como gas y energía eléctrica el retiro total de los subsidios. La municipalidad de Córdoba también llevará a cero el subsidio del transporte según anticiparon fuentes del Palacio 6 de Julio antes de presentar el presupuesto. Ratificar en las urnas un modelo tiene su precio y eso es lo que Martín Llaryora quiere que se vea. La calle será la respuesta.
