Las gargantas profundas no saben nada. Se extravían refiriendo enojos del gobernador con los operadores encargados de la “misión” (de ahí su dilatación); o susurrando que un ministro muy conocedor ponderó que el tema presenta hoy más costos que beneficios; o refiriendo voces legislativas que anticipan fórmulas alternativas consensuadas con la oposición; o destacando la visión de influyentes empresarios de medios, o consultores de opinión, que aportan información valiosa para el Panal (algunos a favor, otros en contra).
Pero, ¿habrá venia para para derogar el límite impuesto a las reelecciones consecutivas a fines de 2016, que debería hacerse efectivo en 2023? Cunde la especulación.
Todo comenzó el 2 de setiembre de 2007, cuando el candidato oficialista Juan Schiaretti logró su primera elección como gobernador, triunfando ajustadamente sobre Luis Juez, renegado peronista que, de la mano del “que se vayan todos”, con su Partido Nuevo lideró una corriente heterodoxa, de base municipal, que conmocionó los mismísimos cimientos del poder en Córdoba.
Resistiendo al embravecido Juez que todas las semanas lideraba multitudinarias marchas clamando por una nueva elección, Schiaretti puso en marcha una comisión integrada por la intelectualidad más granada. El grupo produjo, tras pocos meses, un documento titulado “Así no va más”, proponiendo reformas inmediatas y mediatas, legislativas e incluso constitucionales.
Se pusieron en marcha algunas de ellas, impactando sobre el sistema electoral y la organización de los partidos políticos. Para cuando José Manuel de la Sota se impuso a Juez en agosto de 2011, por considerable diferencia, ya se había implementado la boleta única de sufragio y la elección, íntegramente administrada por el Poder Judicial, ganó en confiabilidad. En la política y en la gestión, el peronismo había demostrado aprenderse la lección.
En 2015, con un mapa electoral no tan diferente, Schiaretti vuelve a la gobernación e impulsa una segunda batería de reformas. Esta vez la comisión se constituyó en la propia Legislatura, integrada por representantes de todas las bancadas. La coordinación de fechas electorales entre provincia, comunas y municipios, el financiamiento de los partidos, el voto electrónico (con una ley que aún no se aplicó), la habilitación para votar a mayores de 16 años, fueron parte de este trabajo.
Entre los proyectos analizados, se coló uno vinculado al paquete propuesto en “Así no va más”. Su impactante ejecución en la Provincia de Buenos Aires movilizó el interés del Panal por reflotarlo. Se trataba de la limitación en las reelecciones consecutivas a un solo período.
La Ley Fundamental cordobesa sólo prevé expresamente ese tope para gobernadores y vicegobernadores. Sin pensar en una reforma constitucional, la solución fue considerar que al Poder Legislativo no le estaba vedado regular la modalidad de reelecciones para el resto de los cargos, estableciendo (ley 10.406) que para toda función a la cual se acceda por el voto (intendentes, presidentes de comuna, legisladores, tribunos de cuentas provinciales y municipales, concejales) se aplicaría el criterio establecido constitucionalmente para gobernador y vice: sólo un período inmediato de reelección, y después de un intervalo, la posibilidad de una nueva candidatura. Se definió como “primer período” al mandato 2015-2019.
Los fundamentos del proyecto y su debate apuestan por la renovación democrática. Pero, puertas adentro, se plantearon posturas más conservadoras, pensando en el impacto a futuro. Muchos políticos profesionales llevaban, en diferentes funciones, cuantiosos mandatos continuados y éstos advirtieron, desde el inicio, sobre la bomba de tiempo que se estaba activando. “Será un problema para el 2023, y entonces veremos” fue la respuesta: para la Argentina de 2016, siete años eran una eternidad.
Buenos Aires salió del corsé a fines de 2021, no sin graves disputas dentro del peronismo, con una medida que permite considerar al actual período como primer mandato. En Córdoba se vino hablando insistentemente del asunto desde 2020, en plena discusión de agenda por el Covid-19. El tema fue ganando volumen en 2021 y se empinó este año (hasta se dieron fechas para su tratamiento). Nadie lo dice, pero ante algún intento de dirimir el punto en Tribunales, el Palacio de Justicia habría expresado su inconveniencia.
Si a un año de la elección de 2023 el Panal todavía no decidió borrar con el codo lo escrito por la mano (ocurrió varias veces, sin que a nadie le tiemble la pera) porque esta vez puede traerle consecuencias desfavorables; o si aún espera que la UCR o el PRO lo pidan de manera orgánica (en ambas fuerzas sobran diferencias frente al asunto) es parte de la incógnita. El tándem Schiaretti-Llaryora (o cada uno por su lado, no está claro) sigue cavilando sobre las ventajas de habilitar otro período (al estilo Buenos Aires) o no hacerlo y promover consecuentes cambios de piezas en todas las estructuras elegibles. “A los que se queden sin nada los reubicaremos en algún lado, y listo” dicen desde muy adentro del Panal. “El liderazgo pasa por el Gringo y Martín”, aportan otros, bajándole el precio a la capacidad de tracción que puedan aportar referentes locales.
A nadie parece asustarle que muchos intendentes o legisladores no puedan repetir. No opinan lo mismo quienes deberán acatar lo dispuesto por la ley 10.406. ¿A quiénes habrá que creerle?
En los fundamentos de la ley aprobada en 2016 hay elementos valiosos, compartidos por la ciudadanía. Sería lamentable despertar una mañana cualquiera y advertir que, por intereses mezquinos, mucho más cercanos al pantano cotidiano que a las buenas intenciones, de un lado o del otro los que mandan volvieron a pasarse los principios por el traste.