Tras la reciente reunión entre autoridades nacionales y titulares de gobierno provinciales y CABA, cobra sustancia la iniciativa que Milei denominó, en su reciente discurso de apertura de sesiones del Congreso, Pacto de Mayo. Pero la idea de “pacto” y de “mayo” (más cercana al marketing) sugiere un estándar fundacional que la propuesta no alcanza; debiendo buscarse sus antecedentes en los convenios interjurisdiccionales firmados en diversas administraciones, en especial cuando gobernó Menem.
Alfonsín gobernó sin ley de coparticipación entre 1985 y 1988. La ley “transitoria” 23.548, está vigente aún hoy. Con picos hiperinflacionarios entre 1989 y 1990, las transferencias nación-provincias fueron menores a las discrecionales. Economistas como Cavallo opinaban que la coparticipación no permitía a las provincias atender sus prestaciones. En 1990, Menem impulsa un “Acuerdo de reafirmación federal”, participando los 23 gobernadores, más el intendente municipal de Buenos Aires, reconociéndose a las provincias la posibilidad de realizar gestiones internacionales, el dominio y jurisdicción sobre los recursos naturales, compensación por servicios transferidos, etc. Siete jurisdicciones expresaron “reservas” (entre ellas Córdoba), y se suscribieron acuerdos específicos.
El “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, de 1992, fue aceptado (no sin negociaciones) por todas las provincias, exceptuando a Corrientes. Cavallo ya era ministro, implementando el Plan de Convertibilidad desde 1991: tras el pico de 1.393% en diciembre de 1990, la inflación había caído al 0,6 en 12 meses. Las provincias autorizan a la nación a retener recursos coparticipables para financiar obligaciones previsionales (mientras se preparaban las AFJP que comenzarían en 1993) y formar un fondo para atender desequilibrios. Numerosas jurisdicciones transfirieron entonces a nación sus cajas jubilatorias, desistieron de juicios y aceptaron servicios transferidos (con fondos para atenderlos).
Córdoba firmó con reservas, se quedó sin la coparticipación detraída (hasta 2015), conservando la Caja (y jubilados carísimos, hoy pagados en buena parte por cada contribuyente provincial)
Durante 1992, la inflación fue del 17,6%. La economía creció un 9%. En 1993 (año electoral con renovación de diputados nacionales), Menem propone el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, dirigido a prorrogar y completar el anterior, derogar impuestos distorsivos de la economía, impulsar privatizaciones, disminuir regulaciones, etc. 14 provincias eran justicialistas, 5 radicales, y 4 gobernadas por partidos provinciales. Los ministros Béliz (luego Ruckauf) por Interior, y Cavallo, empezaron las negociaciones. La Casa Rosada era optimista, pero peronistas como Rubén Marín (La Pampa) o Eduardo Duhalde (Buenos Aires) plantearon cuestionamientos. El mismo Carlos Reutemann (Santa Fe, reconocido menemista) o el mendocino Rodolfo Gabrielli fueron cautelosos. En el radicalismo, el cordobés Eduardo Angeloz criticó duramente al acuerdo. Los patagónicos rechazaron el acuerdo, en bloque, reunidos en Río Gallegos, a instancias del gobernador santacruceño Néstor Kirchner.
Los organismos financieros internacionales sugerían aliviar la carga impositiva del campo, y desregular los sectores de servicios (y financiero, en particular) eliminando ingresos brutos y sellos. Los gobernadores exigían compensaciones a cambio. Se designaron negociadores ante el Ejecutivo: Carlos Maestro (Chubut), Reutemann, Adolfo Rodríguez Saa (San Luis) y Marín. Luego se sumó Duhalde. Tras duras negociaciones, 16 provincias firmaron el “Pacto” en la fecha convocada, logrando ampliación de los pisos de fondos remitidos, condonaciones de deudas y gradualidad en la implementación de las reducciones impositivas. Algunas obtuvieron programas específicos (Ba. As.) o envío de fondos provenientes de programas internacionales. Los díscolos fueron excluidos de las ventajas, lo que les valió a los gobernadores presiones de organizaciones agropecuarias e industriales locales. Allí, la nación negoció con cada jurisdicción beneficios, firmando en los seis meses siguientes todas las provincias patagónicas, tras el pago de regalías por hidrocarburos, cancelación de débitos y créditos, asunción de deudas, etc. Córdoba quedó afuera del pacto.
Se celebraron elecciones en octubre, con triunfo nacional del PJ (43%, 30% la UCR). En Córdoba venció el menemismo: el PJ encabezado por Juan Schiaretti obtuvo cuatro bancas, la UCD logró una (Germán Kammerath) y el radicalismo liderado por Nilo Neder alcanzó cuatro escaños (Angeloz inició su declive). Se inicia el camino a la declaración legislativa de reforma de 1994: Menem fue reelecto en 1995
Aquel momento constitucional es celebrado, aunque a 30 años se pueden apreciar consecuencias no previstas por los convencionales, al adoptar ciertos paradigmas y postergar decisiones de fondo (entre ellas, la sanción de una ley convenio de coparticipación; se otorgaron dos años de plazo en una disposición transitoria), perpetuándose el manejo político de los recursos, el laberinto impositivo y el envío discrecional de fondos.
En una coyuntura signada por el descrédito de la dirigencia política, con la elección de un presidente sin partido ni programa de largo plazo, con recesión y pauperización, Milei dice abrir la negociación de un nuevo “pacto”, del cual no hay anticipo y subordinado a la aprobación, por el Congreso (que no controla), de un paquete legislativo también ignorado (sólo se refiere el proyecto de ley ómnibus que él mismo retiró del debate).
¿Estamos transcurriendo en cauces constitucionales? ¿Se negocia, o se procura imponer? ¿Hasta dónde puede construirse un “pacto” (concertación entre partes) democrático, en tales condiciones? ¿Son responsables los actores partidarios tradicionales, con muchos años gobernando provincias y nación, de este deterioro institucional?
Ante tanto alberdiano de cotillón, recordamos palabras de ese mismo Juan Bautista Alberdi a Bartolomé Mitre, en carta que acompaña a la primera edición del libro “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, que le remitiera en 1852: “Las ‘Bases’ no son mías, porque ni el escritor ni el diputado hacen bases… residen en los hechos normales, en las leyes naturales de la existencia y el desarrollo de las sociedades; y yo no he hecho sino tomarlas por el estudio de la fuente”.
“Lea despacio mi libro”, concluye Alberdi. No estaría de más, 172 años después, acatar, de una buena vez, aquel consejo.
